La oposición, especialmente el partido Vox, no ha tardado en aprovechar el momento para aumentar la presión sobre Armengol. Vox ha anunciado su intención de presentar una querella contra la presidenta del Congreso, basándose en el informe de la UCO que la vincula con la trama Koldo
Corrupción07 de abril de 2025
Impacto España Noticias
El informe reciente de la Unidad Central Operativa (UCO) ha sacudido el ámbito político español al revelar irregularidades en los contratos firmados por Francina Armengol, presidenta del Congreso, durante su mandato como presidenta del Gobierno de Baleares.
La investigación se centra en los acuerdos con la empresa Soluciones de Gestión, que se enmarcaron en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.
Los contratos en cuestión fueron realizados en 2020, cuando la crisis sanitaria desbordaba los sistemas de salud y se desataron las urgencias para asegurar suministros esenciales, como mascarillas y equipos de protección.
Lo que parecía ser una acción administrativa razonable en tiempos de crisis se ha convertido en un escándalo por las irregularidades que, según la UCO, se evidencian en estos acuerdos. El informe señala que los contratos fueron gestionados de manera inapropiada, con fechas de entrega de los suministros anteriores a la formalización de los mismos, y una falta de documentación clave que justificaría la legalidad de las transacciones.
A su vez, la UCO advierte de la falta de transparencia en el proceso de adjudicación y de una posible vulneración de la Ley de Contratos del Sector Público.
Estos detalles no son menores, ya que involucran el uso de fondos públicos y europeos, lo que podría implicar delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias, según la Fiscalía Europea, que ya ha iniciado una investigación paralela.
Parte de las mascarillas que adquirió Francina Armengol a la trama eran defectuosas, según las especificaciones del contrato. Se aceptaron y pagaron como si fueran FFP2 (para uso sanitario), cuando se advirtió desde el 28 de abril por la Subdirección de Compras que no lo eran.
No tenían las características de uso hospitalario. Armengol, además, decidió contravenir el informe de CNMP (Comisión Nacional de Medios de Protección) respecto a la baja calidad de las mascarillas: no se procedió a la resolución del contrato ni a reclamar el importe parcial por ser de menor coste las recibidas.
Es más, las mascarillas quedaron almacenadas durante tres años y ni siquiera se les dio un uso para protección de población general. La mayoría de ellas caducaron en 2022.
La UCO apunta, de hecho, a un fraude consentido porque los datos revelan una doble intención.
Primero, la de ayudar a Soluciones de Gestión -una de las empresas de la trama corrupta del PSOE- a seguir consiguiendo contratos públicos por medio de un certificado contrario a la realidad.
Y la segunda, traspasar fraudulentamente el coste a la UE.
La Respuesta de Armengol: Defensa y Confianza en la Justicia
Francina Armengol, por su parte, no se ha quedado callada frente a las acusaciones. En un primer momento, defendió su gestión alegando que el informe de la UCO “corrobora” su versión de los hechos. La presidenta del Congreso asegura que no negoció directamente los contratos con la empresa Soluciones de Gestión, sino que delegó dicha responsabilidad en la consellera de Salud.
Según Armengol, cuando fue contactada por Koldo García, implicado en la trama, lo derivó a la consellera, quien gestionó la propuesta. Sin embargo, en este caso, el contrato nunca se materializó, y Armengol insiste en su confianza de que la justicia aclarará su rol en este asunto.
No obstante, la postura de Armengol no ha evitado el resurgimiento de la controversia. En un contexto donde la población ha sido testigo de la crisis sanitaria y sus secuelas económicas, las preguntas sobre cómo se gestionaron los recursos destinados a la compra de materiales de protección se hacen inevitables.
Además, el hecho de que la Fiscalía Europea esté investigando la posible implicación de varios gobiernos autonómicos, como el de Armengol y el de Ángel Víctor Torres en Canarias, añade un nivel de complejidad al caso, que no solo afecta a las figuras políticas implicadas, sino que pone en duda el manejo de fondos europeos en situaciones de emergencia.
Un Contexto de Urgencia y Falta de Transparencia
La pandemia de COVID-19 provocó una situación sin precedentes en la que muchos gobiernos tuvieron que actuar de manera rápida y, en ocasiones, improvisada. Las compras de materiales sanitarios como mascarillas, respiradores y otros equipos fueron necesarias para salvaguardar la salud pública, y, en este sentido, los gobiernos autonómicos actuaron en un contexto de extrema presión.
Sin embargo, las justificaciones para la agilidad administrativa no deben ser usadas como excusa para una gestión opaca o descontrolada de los fondos públicos.
En este sentido, el escándalo destapado por la UCO pone en evidencia no solo la falta de control y supervisión en los contratos gestionados durante la pandemia, sino también una política de transparencia insuficiente que debería ser motivo de reflexión.
La crisis sanitaria no puede ser una carta blanca para la falta de responsabilidad y los actos irregulares. Los ciudadanos tienen el derecho de exigir explicaciones claras y detalladas sobre cómo se han utilizado sus impuestos, y mucho más cuando se trata de recursos provenientes de la Unión Europea, que se destinan a la lucha contra la pandemia.
La ausencia de documentación detallada sobre los contratos y la falta de una justificación clara para la adjudicación a la empresa Soluciones de Gestión son señales de alarma. Si bien la urgencia de la pandemia pudo haber justificado la rapidez en la toma de decisiones, la falta de transparencia no debería ser tolerada bajo ningún concepto.
El caso de Armengol resalta la necesidad de revisar los mecanismos de control en la administración pública, especialmente cuando se trata de contratos financiados con fondos europeos, cuyo manejo debe ser ejemplar.
La Oposición y la Querella de Vox
La oposición, especialmente el partido Vox, no ha tardado en aprovechar el momento para aumentar la presión sobre Armengol. Vox ha anunciado su intención de presentar una querella contra la presidenta del Congreso, basándose en el informe de la UCO que la vincula con la trama Koldo.
La formación política exige explicaciones y responsabilidades por los contratos gestionados durante la pandemia, señalando que los procesos irregulares en la adjudicación de los contratos son inaceptables y merecen una respuesta judicial.
Este movimiento de Vox se enmarca dentro de un contexto político cada vez más polarizado en España. La guerra política por la gestión de la crisis sanitaria se ha convertido en una batalla en la que los partidos buscan capitalizar el descontento ciudadano ante la falta de claridad en la gestión de los fondos públicos.
El caso de Armengol es solo uno de los muchos ejemplos que pueden surgir de la pandemia, pero su visibilidad a nivel nacional y la implicación de fondos europeos lo convierten en un caso de alto perfil.
La Necesidad de Responsabilidad Política y Transparencia
El caso de los contratos firmados por Francina Armengol pone de relieve una serie de problemas estructurales en la gestión pública que deben ser atendidos con urgencia. Si bien la pandemia y la emergencia sanitaria justificaron ciertas decisiones rápidas, la falta de transparencia y control no puede ser pasada por alto.
Las investigaciones de la UCO y de la Fiscalía Europea deberán arrojar luz sobre lo sucedido y, en su caso, sancionar a los responsables si se confirma que se han cometido irregularidades.
La política española necesita un sistema de control más robusto y transparente, especialmente cuando se trata de la gestión de recursos públicos en situaciones extraordinarias. Los ciudadanos exigen que sus impuestos sean gestionados con responsabilidad y que los recursos europeos, destinados a ayudar en tiempos de crisis, no se vean comprometidos por actos ilegales o mal gestionados.
La justicia deberá, sin duda, dar su veredicto sobre este caso, pero lo más importante es que esta situación sirva como un recordatorio de que, independientemente de la urgencia, la transparencia y la legalidad deben prevalecer.
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