Mientras millones de ciudadanos madrugan, hacen colas interminables, trabajan horas extra por sueldos indignos y pagan impuestos con una puntualidad suiza, los diputados se acomodan un poco más. Ya ni siquiera tendrán que fingir que trabajan.

La Mesa del Congreso ha aprobado una medida que permitirá a los diputados autorizados votar desde el móvil, sin necesidad de conectarse a un ordenador ni, por supuesto, de asistir físicamente al Congreso.

¿La excusa? La modernización. ¿La realidad? La institucionalización del privilegio. Un paso más en la desconexión entre representantes y representados. Porque mientras el pueblo arrastra los pies para llegar a fin de mes, los que viven del erario público disfrutan de más comodidad, menos control y una presencia simbólica, cuando no directamente inexistente.

Más sueldo, menos presencia, cero esfuerzo
Esta medida no es un avance tecnológico. No es eficiencia. No es conciliación. Es una renuncia explícita al deber de estar presente, de debatir, de asumir la responsabilidad política cara a cara. ¿Qué clase de democracia puede sostenerse cuando sus principales actores pueden legislar desde la cama, el yate o el váter?

Votar desde el móvil no solo desdibuja la solemnidad del acto parlamentario: lo convierte en un trámite mecánico, desprovisto de deliberación, de contexto, de rendición de cuentas. Pero eso no es todo. También podrán registrar iniciativas y propuestas desde el móvil, como si redactar leyes fuese enviar un tuit.

Y, por si fuera poco, no existe ninguna obligación legal de aumentar la frecuencia de los debates parlamentarios en el Congreso. Es decir, pueden legislar a golpe de clic, sin apenas pisar el hemiciclo ni someterse al escrutinio público del debate cara a cara. ¿Para qué desgastarse en argumentar si se puede simplemente pulsar "sí", "no" o "abstención" desde la playa?

Vacaciones de élite, democracia de saldo
Mientras el español medio apenas disfruta de unos días libres al año, los diputados gozan de extensos periodos vacacionales. Casi tres meses entre verano, Navidad y Semana Santa, a los que se suman semanas sin actividad parlamentaria efectiva. Y todo ello sin que sus sueldos se vean reducidos un solo céntimo. Ni guardias, ni horas extra, ni preocupación por el reloj.

Y como si fuera poco, una parte de sus ingresos ni siquiera se declara ante Hacienda. Las dietas y ciertos complementos están exentos de tributación, a pesar de representar cantidades muy considerables.

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Mientras cualquier trabajador autónomo o asalariado debe justificar hasta el último céntimo, los diputados disfrutan de ingresos que no tributan y que no figuran como renta a efectos fiscales. Es decir: más ingresos netos, menos responsabilidad fiscal. El ciudadano paga. Ellos no siempre.

Una degradación obscena de la democracia
Esto no es modernización. Es parasitación institucionalizada. Es un insulto a la ciudadanía que trabaja, que lucha, que sostiene este país con su sudor y su paciencia. Es un paso más hacia una democracia vacía, ritual, en la que los ciudadanos ya solo cuentan como estadísticas electorales cada cuatro años.

Lo preocupante no es solo que se permita. Lo verdaderamente grave es que nadie dentro del sistema lo cuestione. Porque cuando el privilegio se normaliza, la decadencia ya ha comenzado.

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