Los magistrados señalan que «en este caso los investigados se beneficiaron patrimonialmente, en tanto que impulsaron personalmente el proyecto político ilegal y endosaron los gastos a la administración autonómica, sin que esa iniciativa respondiera a la satisfacción de ningún interés público»
Nacional10 de abril de 2025
Impacto España Noticias
El Tribunal Supremo ha avalado la decisión del magistrado instructor del ‘procés’, Pablo Llarena, de no aplicar la amnistía al delito de malversación por el que están procesados el expresidente catalán Carles Puigdemont y sus exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig.
Los magistrados Vicente Magro, Eduardo de Porres y Susana Pola han desestimado los recursos de apelación que presentaron las defensas al considerar que la decisión de Llarena «no contraviene la voluntad del legislador», según recoge la nota informativa de la Sala.
Fue el pasado julio cuando el instructor del ‘procés’ rechazó aplicar la amnistía al delito de malversación a Puigdemont, Comín y Puig. Las defensas recurrieron aquella decisión en reforma, pero el magistrado se ratificó en su postura dos meses después, en septiembre. Finalmente, presentaron un nuevo recurso, que defendieron en una vista pública el pasado 10 de julio.
En aquella vista, la teniente fiscal del TS, Ángeles Sánchez Conde, se mostró a favor de que se estimaran dichos recursos al considerar que el instructor del ‘procés’ se «inventa» que los encausados experimentaran un enriquecimiento personal al cargar al erario público la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Ahora, los magistrados avalan la postura de Llarena al entender que «no contraviene la voluntad del legislador porque este en el trámite parlamentario introdujo una modificación en la ley y dispuso la inaplicación de la amnistía al delito de malversación cuando se hubiere actuado con un ‘propósito de beneficio personal de carácter patrimonial’, lo que obliga al TS a interpretar esa excepción».
En la misma línea, sostienen que «no contraviene la literalidad de la ley de amnistía» porque al establecer dicha excepción respecto al delito de malversación «no lo hizo con la claridad que invocan los recurrentes».
En este sentido, indican que «el precepto en cuestión (artículo 1.4) establecía una antinomia lógica que había que desentrañar y, desde luego, el tenor literal de la ley no dice, como argumentan los recurrentes, que solo puede entenderse como beneficio personal de carácter patrimonial el incremento tangible y directo del patrimonio del sujeto».
Para llegar a estas conclusiones, la Sala de Apelación ha analizado el concepto jurídico de «beneficio personal de carácter patrimonial» determinando que abarca «tanto el incremento de los activos patrimoniales como el no detrimento del pasivo». «Un sujeto se beneficia patrimonialmente cuando se incrementa su patrimonio, pero también cuando su patrimonio no decrece porque sus obligaciones son asumidas ilícitamente por los fondos públicos», exponen.
Los magistrados señalan que «en este caso los investigados se beneficiaron patrimonialmente, en tanto que impulsaron personalmente el proyecto político ilegal y endosaron los gastos a la administración autonómica, sin que esa iniciativa respondiera a la satisfacción de ningún interés público».
Descarta acudir al TC o al TJUE
En consecuencia, reivindican que la interpretación efectuada por Llarena desde el principio «no es extravagante» sino que «tiene sólido asidero en la interpretación de los términos literales de la norma»; tampoco es «contraria a ningún valor o principio constitucional»; ni contradice «la orientación material de la norma, en tanto que esta estableció una excepción singular».
La Sala de Apelación incide en que Llarena no hizo «una interpretación extensiva y en contra del reo», pese a lo cual recalca que «en la interpretación de la ley no es aplicable el principio ‘pro reo’, sino los principios de legalidad y seguridad jurídica que obligan a la interpretación de la norma en sus propios términos mediante la aplicación de los métodos de exégesis».
Sobre esto, precisan que «tampoco es contraria al principio de legalidad o al de previsibilidad». «No lesiona el principio de legalidad porque lo que hace es precisar el contenido de la ley y no lesiona el principio de previsibilidad porque la interpretación realizada en el auto impugnado es acorde con los criterios tradicionales sobre los conceptos de patrimonio, beneficio y malversación».
Así las cosas, los magistrados descartan preguntar al Tribunal Constitucional (TC) o al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en relación con la amnistía y el delito de malversación.
¿Conoces algún hecho irregular que quieres que investigue y cuente Impacto España Noticias? Escribe a [email protected]
Comparte en Redes Sociales
Apoya el periodismo independiente y crítico
Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter
Haz tu Donación
Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias
Whassapt Impacto España: https://chat.whatsapp.com/DkvQU3OzEzz1Ih524CPUd7
Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv
Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag
YOUTUBE:https://youtube.com/@impactoespananoticias
Odysee: https://odysee.com/@impactoespa%C3%B1anoticias:a
WhatsApp: 635967726
Según sus declaraciones, ella y Ábalos se despidieron antes de la cena y solo se volvieron a encontrar a la mañana siguiente durante el desayuno. "No tengo la menor idea de si hubo fiesta o no"
Los complementos de productividad en la AEAT son un asunto polémico por su vinculación a una mayor recaudación. Los reciben altos cargos e inspectores desde los Gobiernos de Felipe González, y son quienes dirigen las campañas y estrategias del Fisco, con incentivos para recaudar más
Alvise Pérez ha lanzado un mensaje en su canal de Telegram en donde indica que «un Juez del Supremo ignora la conclusión de inocencia del Parlamento Europeo y decide imputar a Alvise Pérez por presunta financiación irregular con fondos privados»
Un escenario sin nuclear supondría un aumento del precio mayorista de la electricidad de unos 37 euros/MWh, incrementándose la factura eléctrica un 23% para el sector doméstico y la pequeña y mediana empresa, y en un 35% para la industria.
La condición impuesta por el órgano de gobierno es clara: «España asumirá el coste completo» de la implantación para garantizar la «neutralidad presupuestaria» del sistema
El informe explica que la emisión por parte del Ministerio de Transportes de una nota informativa en la que adelantaba conversaciones de la SEPI con Air Europa para compensar «el impacto de la pandemia en su balance» tuvo «un alto valor estratégico»
Sin embargo, cuando se trata de políticas comerciales que afectan a los intereses de otras grandes potencias, como Estados Unidos, el gobierno español no ha dudado en alzar la voz
El Parlamento Europeo enviará una misión de investigación a Hungría a mediados de abril para evaluar los últimos avances en materia de Estado de derecho, y 19 Estados miembros de la UE ya están dispuestos a retirar el derecho de voto a Hungría
Según datos oficiales del Ministerio Federal de Salud y el Instituto Robert Koch (RKI), durante los años 2020 y 2021, la situación clínica relacionada con las enfermedades respiratorias no fue más grave que en años anteriores
El concejal de UPN en el consistorio, Juan José Echeverría, ha calificado la encuesta como «una bomba de relojería camuflada en un estudio general»
Este impulso a la memoria histórica coincide con el 50 aniversario del fallecimiento del caudillo, efeméride que el Ejecutivo aprovechará para poner en marcha una serie de actividades bajo el lema «España en libertad»
