Tras el acuerdo para la profanación del Valle de los Caídos, la hoja de ruta totalitaria sigue adelante
Nacional10 de abril de 2025 AE
La ofensiva ideológica del Gobierno de Pedro Sánchez contra la memoria, la historia y la libertad en España no se detiene.
Tras consumar un acto de humillación nacional con la próxima profanación del Valle de los Caídos —acuerdo de sumisión incluido por parte de la jerarquía eclesiástica—, ahora el Ejecutivo socialista-comunista da un paso más hacia la instauración de un régimen de pensamiento único.
La aprobación de una supuesta «Comisión de la Verdad» es un mecanismo de control ideológico que pretende definir desde el poder qué es la verdad y qué no lo es. Y quien discrepe, será señalado, censurado, penalizado. Es el germen de una dictadura.
Un decreto ideológico que consagra la censura
El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto que regula la composición y funcionamiento del nuevo Consejo de la Memoria Democrática. Este órgano estará presidido por el filomasón Ángel Víctor Torres, -como no- y actuará como aparato consultivo adscrito al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Más que un consejo, es una correa de transmisión ideológica.
La «Comisión de la Verdad»: el aparato represor del siglo XXI
El decreto contempla la puesta en marcha de la denominada «comisión de la verdad» sobre la Guerra Civil y el régimen de Franco, recogida en el artículo 57.5 de la Ley de Memoria Democrática. Estará formada por un máximo de diez personas afines a la izquierda, procedentes del mundo académico, elegidas a dedo por el propio Consejo.
Una comisión ideológicamente dirigida que tiene como misión imponer un relato único sobre la Guerra Civil y el franquismo. Además, lo hará con una redacción lo suficientemente ambigua para que alcance a quienes ellos deseen.
Hace apenas unos días, el secretario de Estado de Memoria, Francisco Martínez, anunció que el Gobierno pretende activar este aparato represor este mismo verano. Sus conclusiones, ya previsiblemente redactadas en clave propagandística, deberán estar listas para 2027.
Cómplices del régimen: los proetarras de Bildu y la izquierda radical
La ley que da cobertura a esta «verdad oficial» también incluye otra comisión técnica para investigar presuntas «vulneraciones de derechos humanos» entre 1978 y 1983, es decir, ya en democracia. Lo más escandaloso es que esta cláusula fue negociada y pactada con el brazo político de ETA: Bildu. El mismo que nunca ha condenado los asesinatos de la banda terrorista, ahora tiene potestad para reescribir la historia con la complicidad del Gobierno.
La verdad no se impone por decreto
Lo que pretende el Gobierno con esta «comisión de la verdad» es instaurar una dictadura ideológica, donde solo será lícito recordar lo que el poder permite, y todo lo demás será criminalizado. Es lo propio de las tiranías. Pero la verdad no se decreta. No se impone. La historia debe ser abordada desde la libertad de investigación y expresión.
El gobierno de Sánchez sigue la máxima de «quien controla el pasado, controla el presente. Y quien controla el presente, quiere controlar tu futuro».
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