El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, detectó ayer «contradicciones» en las explicaciones del ministro Félix Bolaños sobre la contratación de una asesora en La Moncloa para asistir a Begoña Gómez
Noticias17 de abril de 2025
Impacto España Noticias
El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, detectó ayer «contradicciones» en las explicaciones del ministro Félix Bolaños sobre la contratación de una asesora en La Moncloa para asistir a Begoña Gómez. La trabajadora, Cristina Álvarez, es objeto de una pieza separada que se centra en un posible delito de malversación.
Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, compareció como testigo ante el magistrado en un despacho del complejo presidencial. Durante su declaración, el ministro se desvinculó de la contratación de Álvarez.
Aseguró que no la conocía en el momento de su nombramiento en julio de 2018, que no había sido nunca su subordinada directa y que incluso trabajaba en otro edificio. También afirmó que no recordaba quién la propuso para el puesto.
Sin embargo, el juez Peinado le recordó que el vicesecretario general de Presidencia, Alfredo González, había declarado anteriormente que Bolaños era su superior y posible responsable de la contratación, lo que motivó su citación como testigo.
Cuando el juez le preguntó si las declaraciones de su subordinado eran ciertas, el ministro respondió con un «creo que sí». La respuesta no convenció al magistrado, que exigió una contestación concreta. Finalmente, Bolaños dijo que, hasta donde podía saber sin ser testigo directo, sí lo eran.
El magistrado interpretó que existían contradicciones entre ambas versiones y dejó entrever que podrían derivarse nuevas diligencias, lo que los presentes entendieron como la posibilidad de un careo entre Bolaños y González. El ministro negó que existieran discrepancias.
El juez ya ha recriminado contradicciones a otros testigos en esta causa, y uno de ellos terminó imputado. En el caso de Bolaños, como está aforado, sólo el Tribunal Supremo podría abrirle una causa, en caso de que el juez lo propusiera.
Durante la declaración, Peinado también mostró su insatisfacción con la incapacidad del ministro para precisar quién era la jefa directa de la asesora.
Por ello, ordenó suspender la declaración durante media hora para que, aprovechando que estaban en La Moncloa, Bolaños realizara las gestiones necesarias para averiguarlo. Tras la pausa, el ministro respondió que ya constaba en la causa que el responsable de coordinación del personal del Palacio de la Moncloa era Raúl Díaz Silva.
Este funcionario había informado al juzgado que la asesora «desempeña tareas de colaboración inmediata, de carácter logístico y organizativo en el marco de la atención a la esposa del Presidente del Gobierno, en las que predominan las notas de afinidad inherentes a la confianza«.
El interrogatorio también abordó la denominación del puesto de la asesora. Bolaños explicó que el título de «director/a de Programas» es una nomenclatura genérica para puestos de nivel 26 en La Moncloa y que no especifica las funciones concretas del cargo.
Además, durante su comparecencia, el ministro insistió en que el nombramiento se hizo «conforme dice la ley» sobre personal eventual, cumpliendo con «todos» los trámites reglamentarios. Defendió que en democracia todas las esposas de presidentes del Gobierno han contado con asesores, y que en el caso de Begoña Gómez solo tuvo una, frente a los múltiples asesores de otras primeras damas.
También estuvieron presentes en la diligencia el Ministerio Público, las defensas de tres imputados y la abogada de VOX, que representa a las acusaciones de Hazte Oír, Iustitia Europa y Manos Limpias. El interrogatorio se alargó más de dos horas, en parte porque los primeros 40 minutos se dedicaron a encontrar una tarima que el juez reclamó para situarse por encima del testigo.
La declaración no estuvo exenta de roces. Tras rechazar declarar por escrito, Bolaños propuso comparecer en La Moncloa alegando problemas de seguridad, aunque el juez prefería hacerlo en el Ministerio de Justicia. Finalmente, el magistrado aceptó el traslado a La Moncloa después de que el ministro ofreciera enviarle un coche oficial, pero con una condición: ningún policía acompañaría al juez en el vehículo. Así se hizo.
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