Durante su declaración, Doadrio afirmó que se vio “obligado” a impulsar la creación de dicha cátedra por orden directa del entonces rector, Joaquín Goyache
Noticias10 de diciembre de 2025
Impacto España Noticias
La comparecencia en el Senado del exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Juan Carlos Doadrio, ha abierto un nuevo capítulo en la controversia que rodea la creación y gestión de la cátedra extraordinaria dirigida por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.
Durante su declaración, Doadrio afirmó que se vio “obligado” a impulsar la creación de dicha cátedra por orden directa del entonces rector, Joaquín Goyache. Su testimonio introduce un elemento de especial relevancia política e institucional, al sugerir que la iniciativa no surgió de criterios académicos, sino de una instrucción vinculada al estatus de la beneficiaria.
Según relató ante los senadores, el rector le trasladó expresamente que la cátedra debía crearse para Begoña Gómez y que ese propósito era conocido desde el primer momento. Doadrio aseguró que no recibió amenazas ni presiones explícitas, pero sí sintió que, debido a su posición jerárquica dentro de la universidad, debía acatar la orden. Esta afirmación marca un punto de inflexión en la investigación, pues sugiere que la estructura académica fue utilizada de manera excepcional para satisfacer un objetivo predeterminado.
Un procedimiento acelerado y poco habitual
Uno de los aspectos más llamativos que describió Doadrio fue la rapidez con la que se tramitó la creación de la cátedra. Según explicó, los documentos necesarios se completaron en apenas cuatro o cinco días, un plazo extremadamente reducido para una cátedra extraordinaria. Normalmente, estos expedientes requieren semanas o incluso meses de elaboración y revisión, debido a que incluyen memorias académicas, informes jurídicos, convenios y validaciones internas.
El exvicerrector llegó a admitir que parte de la documentación le llegó “ya elaborada” y que no tuvo oportunidad —o no consideró necesario— revisar en profundidad todos los detalles del expediente. Entre esos documentos se encontraba la memoria que justificaba la idoneidad de la directora propuesta, que, según relató, no estaba firmada en el momento en que la recibió.
La precipitación del proceso, sumada al hecho de que la beneficiaria fuese una figura pública estrechamente vinculada al Gobierno, ha alimentado las sospechas de trato de favor y de utilización de estructuras universitarias para fines ajenos a la investigación académica.
La excepción normativa: una directora sin titulación universitaria
Uno de los puntos más controvertidos del caso es que la directora de la cátedra no contaba con una titulación universitaria. La normativa de la UCM permite, de forma excepcional, que el rector designe a una persona ajena a la institución y sin título superior para dirigir una cátedra extraordinaria, siempre que exista un convenio que lo ampare. Este supuesto de excepcionalidad fue precisamente el utilizado para justificar el nombramiento.
Aunque legalmente era posible, Doadrio reconoció que nunca antes había participado en un proceso en el que se aplicara una excepción de este tipo para un cargo de tal relevancia académica. También admitió que, tras los acontecimientos y la repercusión social del caso, si tuviera que firmar de nuevo aquella autorización, no lo haría.
El papel del exvicerrector y su distancia posterior
El propio Doadrio señaló que conoció a la directora el mismo día de la firma y no mantuvo relación posterior con ella. Argumentó que su papel quedó limitado al impulso administrativo inicial, una vez que la orden del rector le fue transmitida. También recalcó que no participó en la gestión posterior de la cátedra ni tenía un conocimiento detallado del funcionamiento del máster o de las actividades específicas que se desarrollaron en ese marco.
Esta distancia, según él, obedecía a que su labor se centraba en formalizar convenios y colaborar con instituciones externas, no en supervisar directamente el contenido académico o el día a día de las cátedras. Sin embargo, su testimonio sugiere que el diseño y el desarrollo del proyecto no siguieron un camino ordinario ni plenamente transparente.
Una pieza clave en la investigación judicial
El caso de la cátedra dirigida por Begoña Gómez se enmarca en una investigación judicial más amplia que analiza si se produjeron delitos como tráfico de influencias, intrusismo profesional, corrupción en los negocios, apropiación indebida o malversación de fondos públicos. La relación entre la cátedra y determinadas adjudicaciones públicas concedidas a empresas vinculadas a su actividad se encuentra también bajo análisis.
El testimonio del exvicerrector es especialmente relevante porque aporta una confesión institucional: reconoce de forma abierta que la génesis de la cátedra provino de una instrucción directa del rector y no de un proceso académico estándar. Este punto es clave para determinar si hubo un uso indebido de los recursos y estructuras de la universidad.
Implicaciones para la universidad y para el ámbito político
Más allá del debate jurídico, el caso plantea un desafío reputacional profundo para la UCM. Las universidades públicas dependen en gran medida de preservar su autonomía, su neutralidad y la transparencia de sus procesos internos. Si se confirma que una cátedra se creó por razones ajenas a los criterios académicos, podría comprometer gravemente la credibilidad institucional y obligar a revisar protocolos internos.
El impacto político es igualmente relevante. Que la beneficiaria sea la esposa del jefe del Ejecutivo eleva el caso desde un asunto universitario a un foco de debate nacional. El testimonio de Doadrio puede convertirse en un elemento determinante para valorar si hubo influencias externas en la vida académica o si la UCM fue utilizada para generar estructuras con objetivos distintos a los educativos.
Una declaración que reconfigura el caso
Las palabras del exvicerrector dejan claro que la cátedra no fue fruto de un proceso espontáneo, académico ni regular. Según su versión, fue una decisión ordenada desde la cúpula de la universidad y ejecutada con una rapidez y excepcionalidad que no encaja con los procedimientos habituales. La ausencia de titulación universitaria de la beneficiaria, la documentación incompleta o no revisada y la falta de transparencia en la tramitación conforman un conjunto de elementos que elevan la gravedad del asunto.
Su declaración añade un componente decisivo a la investigación judicial y reabre interrogantes profundos sobre la relación entre instituciones públicas, política y actividad académica. La UCM queda ahora en la obligación de explicar si estas excepciones fueron justificadas o si, por el contrario, se produjo un uso inadecuado de los mecanismos universitarios. El Senado y los tribunales deberán determinar si este episodio constituye un simple error administrativo, un abuso de poder o un caso de mayor alcance que aún no ha terminado de revelarse.
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