El Gobierno de Sánchez ha ignorado la voluntad popular y sigue adelante con el proceso para preparar el cierre y desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, pese a las crecientes voces que reclaman mantener su actividad
Politica23 de abril de 2025 Gac.
El Gobierno de Sánchez ha ignorado la voluntad popular y sigue adelante con el proceso para preparar el cierre y desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, pese a las crecientes voces que reclaman mantener su actividad. Esta semana, el Consejo de Ministros aprobará la activación del procedimiento que permitirá adjudicar un contrato millonario para diseñar los trabajos que culminarán con el desmantelamiento de la planta, una de las más emblemáticas del país.
Enresa, la empresa pública responsable de la gestión de residuos radiactivos y del cierre técnico de las instalaciones nucleares españolas, recibirá el visto bueno definitivo para lanzar oficialmente el concurso de ingeniería que marcará el primer gran paso hacia el apagado definitivo de Almaraz.
El contrato, con un valor base de 23,37 millones de euros (más de 28 millones con impuestos), contempla el desarrollo de los planes técnicos necesarios para iniciar la desactivación progresiva de los dos reactores de la central, programados para cesar su actividad en 2027 y 2028, respectivamente.
Pese a que desde hace meses se ha intensificado la presión por parte de compañías eléctricas —como Iberdrola, Endesa y Naturgy— y del principal partido de la oposición para revisar el calendario de cierre del parque nuclear español, el Ejecutivo ha optado por mantener el rumbo marcado.
La decisión de activar formalmente este contrato llega tras diez meses de paralización administrativa. En junio del año pasado, Enresa comunicó su intención de contratar servicios técnicos para el desmontaje de Almaraz, pero mantuvo el proceso en suspenso en espera de la luz verde del Gobierno.
La licitación se encontraba desde entonces en fase de «anuncio previo», una figura legal que permite preparar el concurso con antelación sin iniciarlo formalmente. La legislación vigente establece un plazo máximo de un año para mantener este estado provisional, lo que ha obligado ahora al Ejecutivo a mover ficha.
Según la documentación que acompañará la convocatoria, el objetivo es seleccionar empresas expertas que se encarguen de elaborar el diseño de ingeniería, los estudios técnicos y la documentación necesaria para solicitar las autorizaciones correspondientes para el cierre de la instalación. El Estudio incluirá también los proyectos de obra y las tareas previas a la ejecución efectiva del desmantelamiento.
El Ministerio dirigido por Sara Aagesen, actual vicepresidenta para la Transición Ecológica, ha defendido que se trata de una «decisión estratégica» dentro del plan de abandono progresivo de la energía nuclear en España, que prevé desconectar todos los reactores entre 2027 y 2035.
Sin embargo, fuentes del sector no descartan que el Ejecutivo mantenga abiertas líneas de diálogo con las compañías eléctricas para revisar este calendario, en función del contexto energético europeo y de las presiones internas.
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