El PP pide al Gobierno un plan de acción para de localización y desarrollo de tierras raras en España

El Partido Popular presenta en el Congreso una proposición no de 
ley para que el Gobierno realice un inventario estatal de recursos 
minerales fundamentales y estratégicos para la transición ecológica, 
actualice de “manera urgente” el mapa geológico español y establezca 
un marco de colaboración público-privado que incentive la inversión en 
nuevos yacimientos.

 Recuerda que la Comisión Europea publicó el pasado 25 de marzo la 
localización de 47 proyectos estratégicos, distribuidos en 13 
estados miembros con una inversión global prevista de 22.500 
millones de euros, y siete proyectos mineros están en España: 
Aguablanca (Monesterio, Badajoz) Las Navas (Cáceres), P6 Metals 
(Almoharín, Cáceres), El Moto (Abenójar, Ciudad Real), Cobre Las 
Cruces (Gerena Sevilla) y Mina Doade (Doade-Beariz, Ourense). El plan 
también contempla la puesta en marcha de una planta de reciclaje de 
metales en la provincia de Huelva.

  La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, denuncia que 
el Gobierno “ya llega tarde” en la creación del plan solicitado por la 
UE, lo que “pone en riesgo” la ejecución de los proyectos y la 
competitividad de España que debería consolidarse como un exportador 
relevante y reforzar la autonomía energética.

  Afirma que en España urge “un cambio de rumbo” en su política 
energética que posibilite conocer las reservas de materias primas 
fundamentales, reforzar la autonomía y la competitividad de las 
empresas y prolongar la vida útil de las nucleares para no depender 
aún más de un gas y de un petróleo que no tenemos.

 El sector de las materias primas minerales en España cuenta con 3.800 
empresas, 322.000 empleos y 27.500 millones de euros de facturación: 
“En el contexto geopolítico mundial, los minerales juegan un papel 
fundamental y es mucho lo que nos jugamos.”

 La PNL solicita al Gobierno que facilite, con carácter prioritario, el 
desarrollo de los seis proyectos identificados como prioritarios por 
la Comisión Europea en España, con el establecimiento de un marco 
jurídico único que incluya la simplificación de los trámites administrativos 
y la reducción de los plazos de autorización exigidos por la Comisión 
Europea.

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 También se exige la derogación de la normativa de 2021 en lo relativo 
a la prohibición de la explotación, investigación, explotación y 
aprovechamiento de yacimientos minerales radioactivos.

  Por último, Martín demanda que los mismos principios que rigen para el 
despliegue de parques eólicos y solares, deben hacerse extensivos a la 
minería: “La situación nos exige firmeza, responsabilidad, garantías 
y, por descontado, diálogo con las comunidades locales”

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