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La Fundación Española de Abogados Cristianos presenta un recurso contencioso-administrativo contra el pliego técnico para la resignificación del Valle de los Caídos
Y es que el reciente pliego de prescripciones técnicas impulsado por el Gobierno para la llamada “resignificación” del Valle de los Caídos ha encendido todas las alarmas jurídicas y morales. En un gesto de absoluto desprecio por la legalidad y la libertad religiosa, el propio texto del Ejecutivo admite que planea intervenir partes sagradas de la Basílica, incluyendo la capilla del Santísimo y del Santo Sepulcro, bajo la excusa de fines museográficos.
El pliego lo admite
Según el apartado 12 del documento oficial, “el resto de los espacios del interior de la Basílica (vestíbulo, atrio, espacio intermedio, nave desocupada, cúpula (pero sin Altar) y capillas del Santo Sepulcro y del Santísimo) no están destinados al culto y podrán ser objeto de intervenciones”.
Una afirmación de enorme gravedad, no solo porque supone una injerencia directa del poder político en un lugar sagrado, sino porque desafía abiertamente el principio de inviolabilidad recogido en el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede.
“El gobierno está usando el Valle como tapadera para sus escándalos de corrupción y nos va a tener enfrente en los juzgados en cada paso que intenten dar para acabar con el monumento”
Abogados Cristianos al frente de la defensa de los derechos fundamentales
La respuesta no se ha hecho esperar. La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra este atropello jurídico y espiritual. Su presidenta, Polonia Castellanos, lo deja claro: “El gobierno está usando el Valle como tapadera para sus escándalos de corrupción y nos va a tener enfrente en los juzgados en cada paso que intenten dar para acabar con el monumento”.
Según la entidad, el plan del Gobierno vulnera la libertad religiosa reconocida en el artículo 16 de la Constitución Española, viola los Acuerdos con la Santa Sede que garantizan la inviolabilidad de los lugares de culto, y constituye una desviación de poder (art. 70.2 de la LJCA).
No se trata solo de una disputa patrimonial o arquitectónica: se trata de la protección de un espacio espiritual, de alto valor simbólico para millones de españoles, que está siendo objeto de una apropiación indebida por parte del poder político.
Una profanación
No es casualidad que este ataque frontal al Valle de los Caídos surja en uno de los momentos más críticos para el Ejecutivo. Escándalos de corrupción, pactos inconfesables y cesiones constantes a los enemigos de la unidad de España han erosionado la legitimidad de Pedro Sánchez. Y ahora, con la resignificación del Valle, pretende desviar la atención mediática e ideológica.
Lo más grave de todo es que el Gobierno lo admite abiertamente: quiere intervenir capillas sagradas para usos museísticos. Pero la Basílica no es suya, ni pertenece al Ejecutivo ni puede ser tratada como un simple edificio a resignificar. Está consagrada al culto y amparada por normas nacionales e internacionales. Y la cobardía de una parte de la jerarquía eclesial solo contribuye a facilitar esta violación.
La presidente de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, defiende que toda la Basílica es inviolable y su alteración podría suponer incluso un delito de profanación.
Una sociedad civil firme frente al atropello institucional
Una vez más, ha sido la sociedad civil, no las instituciones sometidas o temerosas, la que ha salido al frente en defensa de los principios más elementales. En este caso, Abogados Cristianos representa la firmeza que debería emanar de las altas esferas eclesiales y políticas.
Mientras desde el Gobierno se impulsa una reescritura ideológica del pasado a costa del patrimonio espiritual y cultural de los españoles, desde la sociedad se levanta una barrera de legalidad, coraje y verdad. Como señala Polonia Castellanos, “nos va a tener enfrente en los juzgados”.
Y es ahí, en la justicia y en el terreno moral, donde se librará una de las batallas más importantes por la libertad religiosa, el respeto al derecho y la dignidad de los lugares sagrados. Gracias a la sociedad civil, y no a parte de la jerarquía de la Iglesia, encabezada por el cardenal Cobo, que ha claudicado, es como se está luchando contra este gobierno cristofóbico.
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