Se trató de una estrategia consciente, ejecutada en tiempo récord, y sin respetar los principios básicos que deben regir el acceso al empleo público: igualdad, mérito y capacidad
Corrupción26 de abril de 2025
Impacto España Noticias
La investigación judicial que lidera la juez Biedma está destapando un entramado de enchufes y favores personales en la Diputación de Badajoz que compromete no solo a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, sino también a miembros del núcleo más cercano de Moncloa.
Según desvelo Impacto España Noticias, las pesquisas han acreditado que la creación de un puesto específico para el asesor de discursos de Pedro Sánchez, Luis María Carrero Pérez, obedeció a una "preferencia personal" y no a criterios objetivos de mérito o necesidad pública.
Una estructura diseñada a medida
La juez ha puesto negro sobre blanco que el proceso de contratación de Luis Carrero fue impulsado para satisfacer intereses personales de David Sánchez. Se trata de un caso claro de instrumentalización de las instituciones públicas para fines privados: crear plazas ad hoc, modificar funciones a medida y rodear de colaboradores de confianza al hermano del presidente.
No se trató de un error administrativo ni de una interpretación flexible de la norma. Se trató de una estrategia consciente, ejecutada en tiempo récord, y sin respetar los principios básicos que deben regir el acceso al empleo público: igualdad, mérito y capacidad.
Compartir despacho: una anomalía que delata la verdadera trama
Uno de los elementos más reveladores es el hecho de que, a pesar de estar adscritos formalmente a departamentos diferentes, David Sánchez y Luis Carrero compartían despacho en la Diputación de Badajoz. Así lo reconoció el propio David Sánchez ante la juez, admitiendo que trabajaban juntos diariamente, aunque intentando restar importancia a la situación describiendo la "Oficina de Artes Escénicas" como un mero "paraguas de actividades" sin ubicación física concreta.
Sin embargo, la documentación oficial desmiente esa versión. Según los organigramas de la Diputación, Carrero ocupaba un puesto en la Delegación de Cultura distinto al de David Sánchez, bajo una estructura separada. ¿Qué hacía entonces trabajando en el mismo despacho? La única explicación lógica es que Carrero fue destinado expresamente para apoyar las funciones de David Sánchez, en contra de la organización administrativa formal.
El proceso exprés de enchufe: plazos imposibles, resultado garantizado
La creación del puesto de Carrero fue una carrera contrarreloj:
19 de septiembre de 2023: propuesta de creación del nuevo puesto.
5 de octubre: aprobación inicial por el Pleno.
14 de noviembre: aprobación definitiva.
16 de octubre: petición de cobertura inmediata.
22 de noviembre: bases de cobertura aprobadas.
24 de noviembre: publicación en el portal del personal.
27 de noviembre: solicitud de Carrero, único candidato.
26 de diciembre: nombramiento oficial.
Un proceso que en cualquier administración pública suele extenderse durante meses —o incluso más de un año— aquí se resolvió en apenas tres meses, y sin que ningún otro candidato compitiera por el puesto. La plaza nació y murió para un único destinatario: Luis María Carrero Pérez.
Este procedimiento demuestra que no existía voluntad real de respetar la libre concurrencia ni la competencia en igualdad de condiciones. Todo estaba diseñado para cubrir las necesidades personales de David Sánchez.
Más que una contratación irregular: una operación de manipulación institucional
La investigación de la juez Biedma apunta a un escenario aún más grave: no solo se crearon puestos a medida, sino que se adaptaron los procedimientos para legalizar retroactivamente estas situaciones. No se trató de un caso aislado o de una improvisación, sino de un patrón de actuación que pretendía colocar de forma permanente a personas afines al "hermanísimo" en puestos estratégicos de la Diputación.
Este tipo de prácticas no solo vulneran la ley, sino que erosionan profundamente la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Cada plaza adjudicada a dedo es una oportunidad robada a quienes sí cumplen los requisitos y esperan acceder a un puesto público en igualdad de condiciones.
¿Una agencia de colocación con dinero público?
El caso de Badajoz no es un hecho aislado: forma parte de un patrón preocupante en la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez. A la luz de los escándalos acumulados, Moncloa parece haberse convertido en una auténtica agencia de colocación, donde se reparten puestos y contratos a familiares, amigos, empresas afines e incluso prostitutas, todo pagado con el dinero de los contribuyentes españoles.
Cada nuevo caso que se destapa confirma que se han utilizado estructuras públicas no para servir al interés general, sino para tejer redes de favores personales y políticos que degradan la esencia misma del Estado de derecho. Mientras miles de jóvenes altamente cualificados se ven obligados a emigrar, los despachos oficiales se llenan de allegados y colaboradores del poder.
¿Hasta dónde llega la responsabilidad?
Aunque de momento las investigaciones se centran en la Diputación de Badajoz, las conexiones con Moncloa son evidentes. Luis Carrero no era un asesor cualquiera: formaba parte del equipo de máxima confianza de Pedro Sánchez en Presidencia, dentro del área de redacción de discursos. Su traslado y colocación en Badajoz no puede entenderse como un hecho aislado, sino como parte de una operación perfectamente orquestada desde el entorno más próximo al presidente del Gobierno.
La gran incógnita ahora es qué sabía Pedro Sánchez de estos movimientos y qué papel jugó en la estrategia para beneficiar a su hermano. Si se confirma su implicación, estaríamos ante un escándalo de gravedad institucional máxima, equiparable a los peores episodios de corrupción política que España ha conocido en las últimas décadas.
Un escándalo que exige responsabilidades
El caso de los enchufes en Badajoz demuestra hasta qué punto las redes de favoritismo y clientelismo político siguen estando presentes en las administraciones públicas españolas. Y cuando esas redes implican a la familia directa del presidente del Gobierno, el daño es doble: afecta no solo a la legalidad de los actos administrativos, sino también a la credibilidad del propio sistema democrático.
Hoy más que nunca, se necesitan explicaciones claras, responsabilidades políticas y un compromiso firme de regeneración institucional. No puede haber lugar para el enchufismo, el amiguismo ni los privilegios heredados en una democracia que aspire a ser digna de tal nombre.
¿Conoces algún hecho irregular que quieres que investigue y cuente Impacto España Noticias? Escribe a [email protected]
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