Durante décadas, la falta de controles eficaces, la cooptación de órganos de fiscalización y el dominio político absoluto del PSOE en la región crearon el caldo de cultivo perfecto para prácticas corruptas de todo tipo
Corrupción30 de abril de 2025
Impacto España Noticias
La reciente condena por enchufismo y malversación en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) no es un caso aislado ni anecdótico. Se trata, más bien, de un nuevo episodio en la larga crónica de corrupción que ha lastrado al PSOE en Andalucía, y que ha tenido como víctimas principales no solo al erario público, sino a la ciudadanía, en especial a los colectivos más vulnerables a quienes supuestamente iban destinados los recursos públicos desviados: los desempleados.
Una red clientelar bajo apariencia institucional
El fallo de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha sacado a la luz una práctica que durante años se denunció sin éxito: el uso de instituciones públicas como agencias de colocación para premiar la fidelidad política, comprar lealtades o simplemente "recolocar" a viejos cuadros del partido caídos en desgracia electoral.
En esta ocasión, la justicia ha confirmado que Fernando Villén, exdirector de la Faffe, creó de forma arbitraria e ilegal un puesto de trabajo a medida para el exalcalde socialista de Lebrija, Antonio Torres, quien tras perder su cargo en las elecciones de 2003, cobró más de 359.000 euros sin acudir un solo día a su puesto.
El puesto inventado, "Dirección de Relaciones Externas", jamás formó parte del organigrama de la fundación. No tenía funciones reales, ni personal a su cargo, ni siquiera presencia en reuniones internas. Fue, simple y llanamente, un sueldo público por no hacer nada.
Corrupción reincidente: tarjetas negras en prostíbulos
El caso se agrava al considerar que Villén ya fue condenado previamente a seis años de cárcel por usar tarjetas bancarias de la misma fundación para pagar servicios en prostíbulos. Más de 32.000 euros fueron gastados en cinco locales de alterne. Y, sin embargo, pese a esa condena, no se había cerrado el capítulo judicial de la Faffe. Ahora, con esta nueva sentencia, queda retratado un patrón de actuación: la instrumentalización sistemática del dinero público para fines personales, clientelares y partidistas.
Una estructura institucional al servicio del partido
La Faffe, en teoría, era una herramienta para combatir el desempleo a través de programas de formación. Fue creada durante el mandato del expresidente Manuel Chaves, una figura clave en el socialismo andaluz, y fue disuelta años más tarde por José Antonio Griñán, también expresidente, condenado a su vez por el caso ERE.
Según la sentencia, la Faffe no necesitaba captar financiación externa, ya que recibía ingentes subvenciones públicas, lo que hacía innecesaria la contratación de perfiles como el de Torres. Todo apunta a que esa contratación no tuvo más objetivo que favorecer a un compañero de partido.
Este caso confirma lo que muchos andaluces sospechaban desde hace años: que bajo los gobiernos del PSOE, la Junta de Andalucía se convirtió en un entramado institucional paralelo, donde el control político se superponía al interés general. En este sentido, la Faffe no fue una excepción, sino un símbolo de una cultura de gobierno basada en el amiguismo, el nepotismo y la impunidad.
Una corrupción con nombres y apellidos
Los escándalos no cesan. Solo en la Faffe, la justicia investiga ahora otro procedimiento paralelo por el enchufe de hasta 84 personas, con imputaciones a 21 antiguos altos cargos. La cifra total de trabajadores llegó a rondar los 1.200, muchos de ellos supuestamente contratados sin seguir procedimientos legales, sin méritos y sin necesidad real.
Y no olvidemos el caso ERE, el mayor caso de corrupción de la democracia española, por el que fueron condenados Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a otros altos cargos del PSOE andaluz. Más de 680 millones de euros se repartieron de forma arbitraria, sin control, en subvenciones fraudulentas.
Todo esto no es casualidad, ni puede achacarse únicamente a "manzanas podridas". Lo que se ha destapado es una forma de gobernar, una estructura corrupta y verticalizada que confundía partido y administración, y que consideraba el dinero público como una herramienta para reforzar el poder interno, consolidar lealtades y tejer redes clientelares.
Una impunidad que alimentó la corrupción
Una de las claves del enquistamiento de la corrupción socialista en Andalucía fue la impunidad institucional. Durante décadas, la falta de controles eficaces, la cooptación de órganos de fiscalización y el dominio político absoluto del PSOE en la región crearon el caldo de cultivo perfecto para prácticas corruptas de todo tipo.
La corrupción no solo se toleró, sino que en muchos casos se normalizó dentro del sistema. El poder casi hegemónico del PSOE —más de 35 años al frente del Gobierno autonómico— convirtió a la Junta en una maquinaria con escasa oposición real. No es casual que haya sido la justicia, y no los mecanismos internos del partido o los órganos de control de la Junta, quienes hayan sacado a la luz estos delitos.
El descrédito de las instituciones públicas
Más allá de las condenas judiciales, los casos como el de la Faffe dejan un daño profundo y duradero: el descrédito de la política y de las instituciones públicas. Cuando una fundación creada para formar a los parados se convierte en una sucursal partidista, el mensaje que se lanza es demoledor: no importa el mérito, la preparación o la necesidad social, sino la cercanía al poder.
Y cuando se destapan estos casos, pero pasan años hasta que se produce una condena firme, la sensación de impunidad alimenta el desencanto. ¿Cuántas personas con más mérito que Torres se quedaron sin empleo o sin formación mientras él cobraba un sueldo público sin trabajar? ¿Cuántos recursos dejaron de llegar a quienes los necesitaban de verdad?
Un sistema agotado
El caso Faffe no es una anécdota. Es el reflejo de un sistema político que confundió el poder con el privilegio, la administración con el partido, y el interés general con el interés propio. No se trata solo de castigar penalmente a los culpables —que es fundamental—, sino de impulsar reformas estructurales que impidan que algo así vuelva a ocurrir.
La corrupción en el PSOE andaluz ha sido, durante años, un problema estructural, no coyuntural. Y mientras no se asuma esa responsabilidad desde dentro del partido, mientras se minimicen los casos como "errores del pasado" o "casos individuales", será difícil que se recupere la confianza ciudadana.
El pueblo andaluz merece algo mejor. Y lo primero es que se acabe la impunidad, caiga quien caiga.
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