El motivo: la absoluta carencia de cobertura legal para la ejecución de las obras, que han avanzado sin respetar los estudios informativos ni las declaraciones de impacto ambiental legalmente exigidas
Noticias10 de mayo de 2025 Salvador GimenezEn uno de los reveses judiciales más severos en lo que va del año, la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia demoledora para el Ministerio de Transportes que encabeza Óscar Puente. La resolución ordena la paralización inmediata de las obras del AVE en Palencia —concretamente el tramo entre Palencia y Cantabria—, y lo que es aún más grave: exige el derribo completo de todas las estructuras ya construidas.
El motivo: la absoluta carencia de cobertura legal para la ejecución de las obras, que han avanzado sin respetar los estudios informativos ni las declaraciones de impacto ambiental legalmente exigidas.
Una obra sin respaldo legal
Según el fallo judicial, ADIF —la empresa pública encargada del desarrollo ferroviario— ha ejecutado estas obras vulnerando de forma flagrante la normativa vigente. No solo se ha actuado al margen de los documentos legales que regulaban el proyecto desde 2010 y 2018, sino que se ha hecho en abierta contradicción con ellos. Es decir, el Ministerio y su brazo ejecutor han pisoteado los trámites legales con un desprecio por el procedimiento administrativo que no puede entenderse sino como un acto de soberbia política.
La huella de Óscar Puente: improvisación y arrogancia
La sentencia representa un golpe directo a la gestión de Óscar Puente, exalcalde de Valladolid y actual ministro de Transportes, quien ha mostrado desde el inicio de su mandato una preocupante tendencia al decisionismo personalista. Puente no solo descartó el proyecto de soterramiento de las vías en Palencia —una demanda histórica de la ciudad—, sino que lo hizo con una retórica burlesca y despectiva hacia los palentinos. Lo que hoy se confirma es que, además de insensible, su política ferroviaria ha sido legalmente insostenible.
El ministro ha priorizado el desarrollo de infraestructuras en Valladolid, su feudo político, mientras condenaba a Palencia a una solución obsoleta, con estructuras elevadas que fracturan el tejido urbano y que ahora, por orden judicial, deberán ser demolidas.
Una justicia que pone límites al despotismo tecnocrático
La Audiencia Nacional ha actuado como último dique de contención ante una administración que parece haber olvidado los límites de la legalidad. Esta sentencia no es solo una llamada de atención a ADIF, sino un correctivo al Ministerio de Transportes en su conjunto. Se trata de un recordatorio contundente: no se puede gobernar con criterios de “lo hago porque puedo”. El cumplimiento de la ley no es optativo, ni siquiera para los ministros más mediáticos del Ejecutivo.
ADIF, en el punto de mira
ADIF ha anunciado su intención de recurrir la sentencia, en lo que muchos interpretan como una huida hacia adelante. Mientras tanto, los millones invertidos en estas obras tendrán que ser desmantelados, lo que supone un despilfarro de dinero público de dimensiones colosales. ¿Quién responde por ese dinero perdido? ¿Quién asume la responsabilidad política de haber autorizado una obra ilegal, con conocimiento de causa?
Palencia clama justicia (y dignidad)
La respuesta en Palencia ha sido inmediata. El Ayuntamiento ha acogido con satisfacción el fallo, y la Asociación en Defensa del Soterramiento ha exigido la dimisión inmediata de Óscar Puente. Lo acusan no solo de actuar contra la legalidad, sino de haber humillado a la ciudad al descartar la opción del soterramiento con argumentos simplistas y cifras sesgadas. No se entiende cómo el Ministerio puede destinar 253 millones de euros a una nueva estación en Valladolid mientras niega los 243 millones que costaría el soterramiento palentino.
Este agravio comparativo ha dejado a la ciudad de Palencia como un símbolo del desprecio institucional hacia las provincias medianas. No es solo una cuestión técnica: es una cuestión de respeto, de equidad territorial, y de justicia.
¿Y ahora qué?
La sentencia abre un nuevo capítulo en el conflicto por la infraestructura ferroviaria en el norte de Castilla y León. Es una victoria de la legalidad, pero también una oportunidad para rehacer las cosas con sensatez y justicia. El proyecto del AVE en Palencia debe replantearse desde cero, con participación ciudadana y una evaluación real de sus impactos. Y Óscar Puente, cuya imagen queda gravemente dañada, debería al menos plantearse si está capacitado para seguir al frente de una cartera que requiere respeto institucional, rigor técnico y sentido del equilibrio territorial.
El AVE no puede ser un juguete político. Las obras públicas son demasiado importantes —y demasiado caras— como para convertirse en el terreno de juego de una política autoritaria, improvisada y, como ahora ha quedado demostrado, ilegal.
Otros episodios de mala gestión bajo la batuta de Puente
Este no es el primer escándalo que salpica a Óscar Puente desde que asumió el Ministerio de Transportes. Su breve gestión ha estado plagada de decisiones polémicas, improvisaciones y una comunicación política más enfocada en los titulares de redes sociales que en la transparencia o la eficacia administrativa. Algunos casos relevantes:
El colapso de Cercanías en Madrid y Cataluña
Desde su llegada, las incidencias diarias en los servicios de Cercanías han aumentado, especialmente en Madrid y Barcelona. Decenas de trenes con retrasos crónicos, infraestructuras obsoletas y promesas de inversiones que no se concretan han convertido el transporte diario en una pesadilla para millones de usuarios. La falta de ejecución presupuestaria y de planificación real está provocando una erosión acelerada del sistema.
El caos de los trenes que no cabían en los túneles
Aunque el escándalo original de los trenes demasiado grandes para los túneles de Asturias y Cantabria estalló antes de su llegada, Puente heredó la gestión del desastre y no solo no logró resolverlo a tiempo, sino que negó su gravedad. Su respuesta pública fue minimizar el problema, acusar a los medios de exagerar, y desviar responsabilidades, lo que aumentó la desconfianza de las comunidades afectadas.
El abandono del Corredor Atlántico
Mientras el Corredor Mediterráneo ha recibido un impulso significativo bajo su gestión, el Corredor Atlántico —clave para la vertebración del noroeste peninsular— sigue marginado. Empresarios gallegos y leoneses han denunciado la falta de inversión y planificación en un eje estratégico para el transporte de mercancías y la cohesión territorial.
Prioridades cuestionables en grandes obras
La inversión prioritaria en una estación de AVE en Valladolid por 253 millones de euros, mientras se niegan proyectos similares en otras provincias —como el soterramiento en Palencia, presupuestado en 243 millones— ha generado acusaciones de favoritismo político, beneficiando su entorno más próximo en detrimento de una planificación equitativa.
Promesas incumplidas en digitalización y sostenibilidad
Puente ha anunciado repetidamente grandes avances en la digitalización del transporte y en la implantación de una “movilidad verde”, pero a día de hoy no existe una hoja de ruta clara ni mecanismos de fiscalización efectivos. Muchos de los planes presentados siguen en fase de PowerPoint.
Un ministerio en entredicho
El caso Palencia es un síntoma, no una excepción. La gestión de Óscar Puente ha demostrado ser más mediática que efectiva, más impulsiva que planificada. Y ahora, por primera vez, un tribunal lo ha dejado claro: su modelo no solo es políticamente cuestionable, sino también jurídicamente inviable.
Si el Ministerio de Transportes quiere recuperar su credibilidad, necesita algo más que discursos ocurrentes en X (Twitter). Necesita rigor técnico, respeto por la legalidad y una auténtica voluntad de servicio público. Y eso, hasta ahora, Óscar Puente no lo ha demostrado.
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