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Mediante una enmienda a la proposición de ley para regular los alquileres de temporada, el grupo plurinacional ha propuesto una disposición adicional a la Ley de Arrendamientos Urbanos que tiene por objeto la prohibición de estas empresas.
En concreto, el texto recogido busca prohibir de forma "expresa, completa y sin excepción" la constitución, funcionamiento y contratación de empresas dedicadas a la desocupación de viviendas habitadas por personas físicas.
A juicio del grupo parlamentario, este tipo de entidades operan al margen del marco legal vigente, suplantando las funciones propias del poder judicial y de los cuerpos y fuerzas de seguridad, y vulnerando "gravemente" derechos fundamentales como el de la inviolabilidad del domicilio o el derecho a la integridad física y moral.
En este sentido, la coalición de partidos considera necesario dejar fuera del tráfico jurídico cualquier forma de actividad organizada cuyo fin sea desalojar personas mediante mecanismos de presión extrajudicial.
Y es que, aunque Sumar dice que el Código Penal ya sanciona muchas de las conductas utilizadas por estas empresas (coacciones, amenazas, allanamiento), la experiencia práctica demuestra que dichas figuras delictivas "no son suficientes para impedir que estas estructuras mercantiles sigan actuando con aparente legalidad".
Por este motivo, el grupo busca su "prohibición total" de forma análoga a como el ordenamiento prohíbe otras actividades estructuralmente ilícitas. Sumar añade a su argumento que estas empresas actúan bajo un discurso que deslegitima a quienes habitan una vivienda sin título legal sin atender a sus causas ni a su dignidad y promueven un modelo de "seguridad privada al margen de la ley" que socava los principios básicos del Estado de Derecho y la garantía judicial efectiva.
En este escenario, la enmienda busca la prohibición de estas empresas, de su publicidad, así como un régimen sancionador eficaz y una cláusula de cierre que impide su reconstitución bajo otras formas jurídicas o mediante testaferros.
INHABILITACIONES PARA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO
Además de multas, Sumar plantea que la realización de cualquier actividad relacionada con estos grupos suponga la inhabilitación de la empresa o de las personas involucradas en dichas acciones para constituir, administrar, representar o colaborar de forma directa o indirecta en ninguna entidad que preste servicios relacionados con el sector inmobiliario, la seguridad o la vigilancia, durante un período de entre siete y diez años.
También se plantea la prohibición de contratar con el sector público durante el mismo periodo y, en caso de que se produzcan acciones constitutivas de delito como coacciones, amenazas o allanamiento de morada, se actúe según lo tipificado en el Código Penal.
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