Casi todas las asociaciones de jueces y fiscales han convocado un paro de diez minutos el día 11 de junio, a las 12:00 horas, a las puertas de las sedes judiciales, a fin de que los miembros de las carrera visibilicen el descontento con los proyectos del ministro de Justicia Félix Bolaños
Nacional23 de mayo de 2025
Impacto España Noticias
Casi todas las asociaciones de jueces y fiscales han convocado un paro de diez minutos el día 11 de junio, a las 12:00 horas, a las puertas de las sedes judiciales, a fin de que los miembros de las carrera visibilicen el descontento con los proyectos del ministro de Justicia Félix Bolaños.
Ello sin perjuicio de mantener su plena disposición a seguir debatiendo con el Ministerio de Justicia y los grupos parlamentarios, "con rigor y sincera colaboración, como siempre hemos hecho, la base de los referidos proyectos, y sin renunciar, así mismo, a ninguna medida de conflicto colectivo que fuese necesaria adoptar en la consecución de nuestros objetivos", han expresado en un comunicado.
Según han expresado la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, esta decisión es consecuencia del descontento generalizado que ha provocado los cambios del ministro relacionados con el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y con los accesos a la carrera judicial y fiscal.
En concreto, piden la retirada de la reforma que hace referencia al acceso a la carrera al considerar que recoge "medidas altamente perjudiciales por afectar gravemente a la independencia judicial, no responder el cambio a una verdadera demanda social y no contribuir a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, incrementando los riesgos de su politización y debilitando los valores en los que se sustenta nuestro Estado de Derecho".
Al igual que también exigen la retirada del anteproyecto de ley de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal porque "supone una oportunidad perdida de apostar por una real autonomía funcional que blinde a los fiscales del riesgo de injerencias políticas, dando incluso pasos atrás en ello, al incrementar injustificadamente el poder del Fiscal General del Estado sin establecer contrapesos internos ni verdaderas garantías para que los fiscales lleven a cabo su labor investigadora".
Por otro lado, las mencionadas asociaciones han solicitado reuniones con todos los grupos parlamentarios, con el Consejo General de la Abogacía Española, con el Consejo General de Procuradores de España, con la Asociación de Abogados del Estado y otras instituciones, y ello con el fin de explicarles los peligros y las consecuencias de ambos proyectos para el Estado de Derecho y la degradación de la calidad de la justicia que pueden suponer.
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