La jueza ha ocupado cargos en administraciones vinculadas al PSOE, como la Dirección General de Interior de la Xunta de Galicia entre 2005 y 2009, y posteriormente en el Ministerio de Fomento, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Además, pertenece a la asociación Jueces y Juezas para la Democracia, de orientación progresista
Nacional24 de mayo de 2025
Impacto España Noticias
Por primera vez, un juzgado de Madrid ha imputado a ex altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid por su gestión de las residencias de mayores durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19. La decisión ha sido tomada por la magistrada María Isabel Durántez Gil, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid.
La causa, inicialmente archivada hace tres años, ha sido reabierta tras una nueva denuncia presentada por familiares de personas fallecidas en residencias. La Fiscalía, que en su momento no vio indicios de delito, ha modificado su criterio, lo que ha permitido la reapertura del caso.
Durántez Gil ha citado a declarar a Carlos Mur, quien firmó los polémicos protocolos de no derivación hospitalaria como coordinador sociosanitario del Ejecutivo regional. También comparecerá otro responsable que participó en la elaboración de documentos posteriores.
Este proceso judicial ha generado un notable impacto político y mediático. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado su desconcierto ante la reactivación del caso:
"Esto estaba archivado hace tres años y la Fiscalía ha cambiado de criterio y ha decidido reabrirlo… Es todo lo que sé", declaró a los medios.
La jueza instructora ha ocupado cargos en administraciones anteriores vinculadas al PSOE, como la Dirección General de Interior de la Xunta de Galicia entre 2005 y 2009, y posteriormente en el Ministerio de Fomento, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Además, pertenece a la asociación Jueces y Juezas para la Democracia, de orientación progresista.
Algunos medios han recordado también que Durántez Gil fue quien decidió no dar credibilidad a una denuncia por agresión sexual contra el hijo del actual presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, con quien mantiene una relación de amistad.
Por otro lado, se ha señalado que su hermana, Marta Durántez Gil, es la fiscal encargada del caso contra Luis Rubiales por el beso no consentido a la futbolista Jenni Hermoso.
La causa vuelve a abrir un debate público y jurídico sobre la gestión sanitaria en las residencias durante los peores momentos de la pandemia, así como sobre la imparcialidad de las instituciones encargadas de su revisión.
¿Por qué solo Madrid?
La reapertura de esta causa ha despertado también interrogantes sobre el enfoque desigual en la investigación de lo ocurrido en residencias de ancianos durante la pandemia. Diversos analistas y asociaciones de familiares han preguntado por qué solo la Comunidad de Madrid está siendo objeto de un proceso judicial, cuando en otras comunidades autónomas se registraron proporcionalmente más muertes en centros de mayores y también hubo decisiones administrativas que podrían ser objeto de revisión judicial.
En comunidades como Cataluña, Castilla-La Mancha o Castilla y León, los informes oficiales reflejan cifras igualmente dramáticas y protocolos sanitarios similares, con restricciones en la derivación hospitalaria durante los picos más críticos del COVID-19. Sin embargo, hasta ahora no se han abierto diligencias penales de este alcance en dichas regiones.
Esta aparente falta de uniformidad en el tratamiento judicial de la pandemia ha provocado críticas de sectores que consideran que se podría estar actuando con criterios políticos o de selectividad institucional, especialmente al tratarse de una región gobernada por el Partido Popular. La cuestión de la responsabilidad institucional global durante la pandemia, más allá del color político, sigue siendo un debate pendiente.
¿Puede ser imparcial una jueza con pasado político?
El perfil de María Isabel Durántez Gil ha generado debate más allá del ámbito jurídico. Su paso por gobiernos socialistas en Galicia y a nivel estatal, así como su pertenencia a una asociación judicial de corte progresista, ha llevado a algunos sectores a cuestionar su imparcialidad en un caso que afecta a una administración del Partido Popular.
A estas dudas se suma el precedente de su actuación en un caso muy mediático: fue ella quien decidió dejar en libertad al hijo de Cándido Conde-Pumpido, actual presidente del Tribunal Constitucional, tras una denuncia por presunta agresión sexual, al considerar que no había indicios suficientes para proceder.
Este tipo de antecedentes ha llevado a preguntarse si una jueza con pasado político puede actuar con independencia en causas que afectan a responsables de otro signo. No obstante, otros expertos en derecho recuerdan que el principio de imparcialidad judicial está garantizado por el ordenamiento jurídico, y que la trayectoria profesional previa no debe prejuzgar las decisiones judiciales, salvo que se demuestre una vulneración del procedimiento o conflicto de intereses.
El debate sobre la politización de la justicia vuelve así al primer plano, especialmente en un contexto donde la gestión de la pandemia y sus consecuencias siguen siendo objeto de controversia pública y judicial.
¿Conoces algún hecho irregular que quieres que investigue y cuente Impacto España Noticias? Escribe a [email protected]
Comparte en Redes Sociales
Apoya el periodismo independiente y crítico
Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter
Haz tu Donación
Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias
Whassapt Impacto España: https://chat.whatsapp.com/DkvQU3OzEzz1Ih524CPUd7
Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv
Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag
YOUTUBE:https://youtube.com/@impactoespananoticias
Odysee: https://odysee.com/@impactoespa%C3%B1anoticias:a
WhatsApp: 635967726
La gravedad del asunto no reside solo en los millones entregados sin concurso. Es escandaloso que este tipo de prácticas ocurra en una comunidad gobernada por el Partido Popular, que en teoría defiende la vida
Desde el escándalo de los » bebés CRISPR » en 2018, no se sabe de ningún otro nacimiento de bebés modificados genéticamente. Ahora, varios multimillonarios están creando empresas privadas para editar genéticamente embriones humanos
Se ha demostrado en modelos animales y líneas celulares que las NPs conteniendo metales como los encontrados en el agua de lluvia se absorberían fácilmente por piel, mucosas, tubo digestivo y principalmente por sistema respiratorio
La Policía Nacional acudió en la noche de este lunes 28 de julio a la casa de Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, tras una llamada de esta, según adelantan fuentes de la investigación
Pese a estas cifras, los medios de comunicación y organismos multilaterales mantienen el foco en la supuesta intensificación de los fenómenos meteorológicos como justificación para acelerar la transición hacia el Net Zero
Pedro Sánchez ha permitido que se imparta en centros escolares españoles un programa financiado directamente por Rabat… ¡que incluye la celebración de la infame Marcha Verde!
La primera y más preocupante es la ley Bolaños. Esta reforma constituye un golpe de Estado judicial. Representa el mayor intento de Pedro Sánchez para acabar con la independencia judicial en España
Se ha demostrado en modelos animales y líneas celulares que las NPs conteniendo metales como los encontrados en el agua de lluvia se absorberían fácilmente por piel, mucosas, tubo digestivo y principalmente por sistema respiratorio
La diferencia, y por ello la amenaza, no está en Marruecos, sino en muestro propio gobierno y sus adláteres, oposición incluida, y en la cúpula militar y policial, que forman una caterva de sabandijas, vendidas a intereses bastardos extranjeros
Una constructora adjudicataria de obras millonarias por parte del Gobierno foral habría canalizado más de 700.000 euros a una cooperativa vinculada a Koldo García, estrecho colaborador del PSOE
Cabe recordar que la APIF pide que García Ortiz sea condenado a 6 años de cárcel y 12 de inhabilitación por un delito de prevaricación en concurso con uno continuado de revelación de secretos
