La jueza que reabre el caso de las residencias en Madrid fue alto cargo en gobiernos del PSOE

Por primera vez, un juzgado de Madrid ha imputado a ex altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid por su gestión de las residencias de mayores durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19. La decisión ha sido tomada por la magistrada María Isabel Durántez Gil, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid.

La causa, inicialmente archivada hace tres años, ha sido reabierta tras una nueva denuncia presentada por familiares de personas fallecidas en residencias. La Fiscalía, que en su momento no vio indicios de delito, ha modificado su criterio, lo que ha permitido la reapertura del caso.

Durántez Gil ha citado a declarar a Carlos Mur, quien firmó los polémicos protocolos de no derivación hospitalaria como coordinador sociosanitario del Ejecutivo regional. También comparecerá otro responsable que participó en la elaboración de documentos posteriores.

Este proceso judicial ha generado un notable impacto político y mediático. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado su desconcierto ante la reactivación del caso:

"Esto estaba archivado hace tres años y la Fiscalía ha cambiado de criterio y ha decidido reabrirlo… Es todo lo que sé", declaró a los medios.

La jueza instructora ha ocupado cargos en administraciones anteriores vinculadas al PSOE, como la Dirección General de Interior de la Xunta de Galicia entre 2005 y 2009, y posteriormente en el Ministerio de Fomento, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Además, pertenece a la asociación Jueces y Juezas para la Democracia, de orientación progresista.

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Algunos medios han recordado también que Durántez Gil fue quien decidió no dar credibilidad a una denuncia por agresión sexual contra el hijo del actual presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, con quien mantiene una relación de amistad.

Por otro lado, se ha señalado que su hermana, Marta Durántez Gil, es la fiscal encargada del caso contra Luis Rubiales por el beso no consentido a la futbolista Jenni Hermoso.

La causa vuelve a abrir un debate público y jurídico sobre la gestión sanitaria en las residencias durante los peores momentos de la pandemia, así como sobre la imparcialidad de las instituciones encargadas de su revisión.

¿Por qué solo Madrid?
La reapertura de esta causa ha despertado también interrogantes sobre el enfoque desigual en la investigación de lo ocurrido en residencias de ancianos durante la pandemia. Diversos analistas y asociaciones de familiares han preguntado por qué solo la Comunidad de Madrid está siendo objeto de un proceso judicial, cuando en otras comunidades autónomas se registraron proporcionalmente más muertes en centros de mayores y también hubo decisiones administrativas que podrían ser objeto de revisión judicial.

En comunidades como Cataluña, Castilla-La Mancha o Castilla y León, los informes oficiales reflejan cifras igualmente dramáticas y protocolos sanitarios similares, con restricciones en la derivación hospitalaria durante los picos más críticos del COVID-19. Sin embargo, hasta ahora no se han abierto diligencias penales de este alcance en dichas regiones.

Esta aparente falta de uniformidad en el tratamiento judicial de la pandemia ha provocado críticas de sectores que consideran que se podría estar actuando con criterios políticos o de selectividad institucional, especialmente al tratarse de una región gobernada por el Partido Popular. La cuestión de la responsabilidad institucional global durante la pandemia, más allá del color político, sigue siendo un debate pendiente.

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¿Puede ser imparcial una jueza con pasado político?
El perfil de María Isabel Durántez Gil ha generado debate más allá del ámbito jurídico. Su paso por gobiernos socialistas en Galicia y a nivel estatal, así como su pertenencia a una asociación judicial de corte progresista, ha llevado a algunos sectores a cuestionar su imparcialidad en un caso que afecta a una administración del Partido Popular.

A estas dudas se suma el precedente de su actuación en un caso muy mediático: fue ella quien decidió dejar en libertad al hijo de Cándido Conde-Pumpido, actual presidente del Tribunal Constitucional, tras una denuncia por presunta agresión sexual, al considerar que no había indicios suficientes para proceder.

Este tipo de antecedentes ha llevado a preguntarse si una jueza con pasado político puede actuar con independencia en causas que afectan a responsables de otro signo. No obstante, otros expertos en derecho recuerdan que el principio de imparcialidad judicial está garantizado por el ordenamiento jurídico, y que la trayectoria profesional previa no debe prejuzgar las decisiones judiciales, salvo que se demuestre una vulneración del procedimiento o conflicto de intereses.

El debate sobre la politización de la justicia vuelve así al primer plano, especialmente en un contexto donde la gestión de la pandemia y sus consecuencias siguen siendo objeto de controversia pública y judicial.

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