El Gobierno de Sánchez quiere que la Policía y la Fiscalía obliguen a las comunidades a acoger a menas

Los equipos técnicos del Gobierno han avanzado en la preparación de los primeros traslados de menores inmigrantes desde Ceuta y Canarias, previstos para este verano. El real decreto que establece el protocolo a seguir está prácticamente finalizado y, según fuentes gubernamentales, se espera que sea aprobado en el Consejo de Ministros del 15 de julio.

 La última versión del texto, incluye de forma explícita la intervención de las fuerzas de seguridad y la Fiscalía, ante la posibilidad de que algunas comunidades se nieguen a recibir a los menores.

El borrador contempla este escenario de la siguiente manera: «En el caso de que la comunidad autónoma de destino se negara a hacerse cargo […] en la fecha, hora y lugar notificados, los profesionales […] que hubieran acompañado al menor podrán recabar la ayuda de los cuerpos y fuerzas de seguridad, quienes informarán al Ministerio Fiscal y entregarán al menor a la entidad pública de protección de la comunidad de destino. Todo ello, sin perjuicio de las posibles responsabilidades que pudieran derivarse».

 El nuevo protocolo otorga a los subdelegados del Gobierno en las provincias donde se encuentren los menores la responsabilidad de abrir y gestionar los expedientes. Se contemplan dos grupos de menores y, por tanto, distintos plazos y procedimientos.

¿Qué más tiene que pasar para echar a Sánchez?

 Por un lado, los traslados de nuevos menores llegados a las islas, que deberán reubicarse en un máximo de 15 días desde su desembarco. Por otro, se trasladará a una parte significativa de los aproximadamente 6.000 menores que ya residen en centros de acogida en Canarias, para quienes se establece un plazo de hasta un año.

Una vez iniciado el procedimiento, será el subdelegado quien determine la comunidad de destino, priorizando aquellas que deban asumir un mayor porcentaje de traslados. Entre ellas se prevé que estén Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía. Una vez en la nueva comunidad, esta deberá asignar al menor un centro adecuado a sus necesidades.

 «En particular, se adoptarán itinerarios y recursos de intervención específicos para atender a perfiles concretos que necesiten apoyo para su emancipación e integración sociolaboral», detalla el borrador del real decreto.

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