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Los agricultores de Jaén y Córdoba, donde varias decenas de proyectos de placas fotovoltaicas están provocando la expropiación de sus tierras, se han reunido con el consejero de Industria de la Comunidad de Andalucía, Jorge Paradela (PP), con el objetivo de buscar soluciones y lograr apoyo institucional frente a lo que consideran una amenaza directa a su medio de vida y al paisaje histórico del «mar de olivos».
La cita, celebrada el pasado 22 de mayo, contó con la presencia de representantes de SOS Rural y de la Plataforma de la Campiña Norte. Pese a que las organizaciones trasladaron su preocupación por la pérdida de miles de olivos centenarios y la transformación irreversible del entorno, no consiguieron arrancar ningún compromiso por parte de la Consejería de Industria ni del secretario general de Energía, Manuel Larrasa.
«La reunión fue lo que esperábamos: nada», lamentó Rafael Alcalá, portavoz de la Plataforma, mientras que Natalia Corbalán, de SOS Rural, calificó el encuentro como «agridulce».
Los colectivos afectados reclaman una legislación autonómica que salvaguarde la Superficie Agraria Útil (SAU) y evite que suelos fértiles, de alto valor productivo, sean convertidos en plataformas para instalaciones industriales. «Pedimos que las plantas solares se ubiquen en terrenos degradados, no en campos que dan trabajo y sostienen economías locales», señalaron. Sin embargo, la respuesta oficial ha sido tajante: los proyectos siguen adelante porque son «imprescindibles para la comunidad».
A día de hoy, sólo en la provincia de Jaén están previstas 25 megaplantas solares, ocho de ellas concentradas en municipios como Lopera, Arjona o Marmolejo. Estos desarrollos, impulsados por empresas como Greenalia Power y FRV Arroyadas, suponen la eliminación de unas 450 hectáreas de tierras cultivadas, lo que implicaría la pérdida de más de 50.000 olivos, según estimaciones de la Plataforma.
La situación está generando un clima de profunda indignación en el sector agrícola, especialmente porque la Consejería de Medio Ambiente ha avalado los proyectos que no superan los 50 MW, autorizando su tramitación como de Utilidad Pública.
Esta declaración permite la expropiación forzosa de fincas en caso de no existir acuerdo con los propietarios, algo que los afectados consideran una forma de presión encubierta. «Firmar un alquiler para no perder la tierra no es un pacto libre, es una forma de coacción», denunciaron por carta al consejero de Agricultura.
En la reunión, según relata Alcalá, una frase del consejero Paradela les dejó particularmente inquietos: «Esto [las placas solares] es el petróleo de Andalucía». Para los agricultores, esta visión corporativa del territorio representa una amenaza existencial: «Nos están despojando de nuestras tierras para beneficiar a grandes empresas privadas. Estamos ante una injusticia social, económica y ambiental».
Como parte de su resistencia, los vecinos de Andalucía han intensificado las movilizaciones. Además de las tractoradas y las campañas en medios, lograron reunir más de 80.000 firmas bajo el lema «¡Salvemos los olivos centenarios de Lopera!», entregadas ya en el Parlamento andaluz. También organizaron protestas simbólicas en el lugar donde comenzaron las talas, donde un activista se encadenó a un olivo como acto de resistencia y arraigo.
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