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El Gobierno de Pedro Sánchez prepara un decreto que fuerza a los municipios con más de 50.000 habitantes a poner ya en marcha Zonas de Bajas Emisiones e incluso contempla multas a los conductores que circulen solos dentro del coche, en una nueva vuelta de tuerca que endurece aún más la regulación de movilidad urbana.
El texto normativo en preparación también establecerá sanciones económicas a los ayuntamientos que no cumplan con la implantación efectiva de estas zonas y que no comiencen a multar a los infractores. Además, el Ejecutivo planea vincular estas obligaciones al acceso a fondos europeos, como los Next Generation, y a subvenciones relacionadas con el transporte público. En otras palabras: quien no sancione, no cobra.
La iniciativa llega en un contexto de resistencia generalizada. Aunque la Ley de Cambio Climático de 2021 impuso la creación de estas áreas en todas las urbes de tamaño medio y grande, lo cierto es que más de dos años después, sólo un tercio de los municipios obligados han desarrollado las Zonas de Bajas Emisiones. Incluso hay una decena de ciudades que se han declarado directamente «insumisas», mientras que muchas otras han optado por medidas simbólicas: delimitan las zonas pero no aplican multas.
En la práctica, estas zonas restringen el tráfico en zonas céntricas en función del distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico que porta cada vehículo. Son medidas especialmente impopulares entre las rentas bajas, que suelen ser quienes poseen coches más antiguos y contaminantes.
Pese a que Bruselas no exige expresamente este tipo de restricciones —sólo ha anunciado que comenzará a supervisar la calidad del aire de forma periódica a partir de 2027—, es el propio Gobierno español el que está liderando una aplicación más radical del modelo. El contraste con otros países es evidente: en Francia, por ejemplo, el Parlamento ha votado recientemente a favor de derogar las ZBE tras constatar su impacto negativo sobre los sectores más vulnerables de la población.
La presión recaudatoria también está en el centro del debate. Ciudades como Madrid y Barcelona ya han desplegado estos sistemas de forma plena, disparando sus ingresos por sanciones en los últimos meses. Este éxito en términos económicos ha alentado al Ejecutivo central a acelerar la implantación a nivel nacional.
Una de las ideas más polémicas que se barajan en el nuevo decreto es penalizar a quienes viajen sin compañía dentro de su vehículo, una medida que Pere Navarro, director de la DGT, ya dejó caer en intervenciones anteriores y que busca desincentivar el uso individual del coche como herramienta cotidiana de desplazamiento.
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