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Una nueva reforma aprobada en el Consejo de Ministros permitirá que quienes desempeñan profesiones catalogadas como especialmente peligrosas o penosas puedan jubilarse antes de lo habitual. Según ha explicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, esta medida «nos acerca a políticas aprobadas por países del entorno europeo, como Francia, Austria o Italia».
El objetivo de esta medida es ofrecer una salida digna del mundo laboral a quienes desempeñan profesiones con altos índices de siniestralidad y enfermedades profesionales, como bomberos, mineros, trabajadores en altura, policías o personal de vuelo. Es decir, empleos que implican «elevados niveles de morbilidad o mortalidad».
Entre los criterios para identificar estas profesiones se incluyen la exposición a ruidos intensos, el uso continuado de fuerza física, el contacto frecuente con agentes químicos o biológicos, así como una elevada probabilidad de sufrir accidentes laborales.
Asimismo, cada año cotizado de estos trabajadores pasará a contar como un periodo más largo, que les acerca a una jubilación anticipada que ya disfrutan los mineros o los trabajadores de mar, entre otros.
Para acceder a esta jubilación anticipada y conservar el 100 % de la pensión, los trabajadores deberán demostrar que han ejercido estas actividades durante al menos 15 años y que las están realizando en el momento de solicitar la jubilación anticipada.
La edad mínima para jubilarse, incluso con la aplicación de estos coeficientes, no podrá ser inferior a los 52 años. Además, no será posible combinar esta jubilación con la modalidad de jubilación activa si se continúa trabajando en la misma actividad que dio derecho a la jubilación.
Una vez se solicita la ayuda, la Dirección General se encargará de emitir un informe sobre la peligrosidad y la mortalidad en el colectivo concreto, que irá acompañado de los informes del Instituto de Seguridad y Salud en el trabajo y el Ministerio de Función Pública, en caso de que sean empleados de la administración.
Posteriormente, la documentación será estudiada por una comisión de evaluación con representación ministerial que dictará una resolución final al respecto. En caso de que se concedan estos coeficientes reductores, se establecerá un incremento de cotización en la Seguridad Social, que corresponde con los principios de equidad tal y como ha presentado Elma Saiz.
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