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La llegada de Salvador Illa a la presidencia de la Generalidad consolida una agenda política que asume los postulados más radicales del separatismo catalán. El dirigente del PSC ejecuta un plan separatista enfocado en fracturar la convivencia y arrinconar los derechos y libertades de los ciudadanos hispanohablantes. Lejos de representar una alternativa españolista, el actual Ejecutivo socialista autonómico funciona como un acelerador del proceso de ruptura nacional.
La creación de una consejería específica de Política Lingüística demuestra la sumisión del socialismo ante las exigencias de sus socios de legislatura. Illa antepone la supervivencia de las estructuras separatistas a la legalidad y la cohesión de la nación española.
Pero a pesar de la serie de reveses judiciales de gran calado contra el monolingüismo institucional, sin embargo, el Gobierno autonómico ignora los fallos judiciales y persiste en su estrategia de exclusión.
En este contexto, la Generalidad incrementó un 26% la partida presupuestaria destinada a imponer la lengua catalana en el espacio público, alcanzando una cifra récord de 85 millones de euros. Esta millonaria asignación se realiza con una falsa excusa de emergencia lingüística que criminaliza el uso cotidiano de la lengua española.
Así, Salvador Illa subvenciona directamente a los ayuntamientos, consejos comarcales y entidades municipales que organicen sistemas de control del idioma en el ámbito local. La nueva convocatoria de ayudas públicas permanecerá abierta desde el próximo 18 de agosto hasta el 29 de octubre de 2026 con la intención explícita de intervenir sectores estratégicos del día a día de los ciudadanos.
El plan del Ejecutivo catalán destina fondos para implantar la censura cultural en áreas tan sensibles como la infancia, el ocio juvenil y el comercio local. La consejería abona partidas específicas que oscilan entre los 1.000 y los 5.000 euros para premiar a los consistorios que persigan al español en sus términos municipales. Las campañas de fomento del catalán en la restauración y las tiendas de barrio acaparan las subvenciones más cuantiosas.
El socialismo catalán entrega recursos de los contribuyentes para que las administraciones locales organicen redes de delación ciudadana y coaccionen a los autónomos bajo la excusa de la promoción identitaria catalana.
La documentación oficial facilitada por la consejería incluye tutoriales informáticos y manuales políticos específicos para canalizar los fondos del adoctrinamiento. Entre estas guías destaca un documento con 40 propuestas para la acción que expone ejemplos de control comercial directo sobre los autónomos. El manual elogia la estrategia del municipio de Salt como el patrón ideal para conseguir el monolingüismo mediante la presión institucional.
Los funcionarios y comisarios políticos municipales de esa localidad realizan visitas periódicas e inspectoras a los establecimientos comerciales para vigilar la rotulación y recordar la existencia de un régimen sancionador severo contra los tenderos.
El Gobierno de Salvador Illa sufraga con estas ayudas los gastos de planificación, contratación y ejecución de estas brigadas de comisarios políticos de control lingüístico. Las redes de comercio minorista sufren el acoso diario de la administración autonómica a través de multas administrativas derivadas de denuncias por no rotular sus negocios exclusivamente en la lengua regional.
La Generalidad asfixia económicamente a los pequeños comercios mientras exonera a las entidades separatistas que promueven el señalamiento público de los trabajadores. El sanchismo y el socialismo catalán comparten el objetivo de construir una administración separatista que expulse cualquier vestigio de la identidad española compartida.
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