El Gobierno bate cifras históricas de impuestos hasta abril, tras prometer que no los subiría

La Agencia Tributaria ha anunciado un dato que en cualquier otro contexto se presentaría como una buena noticia: la recaudación fiscal ha alcanzado los 107.000 millones de euros en los cuatro primeros meses de 2025, una cifra récord que marca un hito histórico en las arcas públicas del Estado.

 Sin embargo, detrás de esta cifra se esconde una realidad mucho más compleja y políticamente incómoda para el Gobierno: una presión fiscal creciente que contradice abiertamente sus promesas electorales de no subir impuestos.

Una recaudación disparada: ¿milagro económico o castigo fiscal?
Según los datos oficiales, el incremento se debe principalmente al aumento del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) y del Impuesto de Sociedades. Dos pilares fiscales que, junto con el IVA y los impuestos especiales, sostienen la maquinaria del Estado. La subida de la recaudación ha sido interpretada por el Ejecutivo como señal de buena salud económica, pero conviene mirar con lupa qué hay detrás de estas cifras.

El IRPF: un ciudadano medio que paga más
El IRPF, que representa una de las mayores cargas tributarias para las clases medias y trabajadoras, ha subido por múltiples vías:

Ajustes en los tramos impositivos que, sin ser oficialmente una subida de tipos, han incrementado la carga fiscal efectiva sobre muchos trabajadores.

Fuerte aumento del empleo publico y no privado y de los salarios brutos, lo que automáticamente empuja a muchos contribuyentes a tramos superiores, generando más ingresos para el Estado, pero también mayor esfuerzo fiscal para los ciudadanos.
Ausencia de deflactación real del IRPF en un contexto inflacionario, lo que supone una subida encubierta de impuestos.
En términos simples: aunque no se ha subido el IRPF “oficialmente”, millones de ciudadanos están pagando más que nunca.

El Impuesto de Sociedades: beneficios empresariales sí, pero también carga fiscal
En el caso del Impuesto de Sociedades, el Gobierno ha endurecido las condiciones para grandes empresas, aumentando el tipo efectivo que pagan y limitando las deducciones. Aunque esto puede parecer justo, también ha supuesto un aumento significativo de los costes fiscales para el tejido empresarial, especialmente las medianas y grandes compañías.

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Muchas de estas medidas fueron presentadas como un ajuste de justicia fiscal, pero en la práctica afectan a la inversión, la contratación y la competitividad de muchas firmas españolas.

Un giro fiscal inesperado (o no tanto)
El punto más controvertido de todo este récord recaudatorio no es económico, sino político. El partido en el Gobierno —que llegó al poder con el compromiso expreso de no subir impuestos a la clase media ni a las pymes— ha terminado aplicando una política fiscal intensiva que contradice directamente su discurso.

En su programa electoral de 2019 y reafirmado en la campaña de 2023, el Ejecutivo prometía:

“No subiremos impuestos a las rentas medias y trabajadoras. Reforzaremos la progresividad del sistema para que paguen más quienes más tienen”.
Sin embargo, el escenario actual muestra una realidad muy diferente:

No se han bajado los impuestos al consumo (como el IVA), incluso tras la crisis energética.
El IRPF ha aumentado en términos reales para gran parte de la población.

Se han introducido nuevos impuestos, como el impuesto a las grandes fortunas, el gravamen temporal a energéticas y bancos (que ya amenaza con hacerse permanente), y se han endurecido otros tributos indirectos.

El espejismo de la justicia fiscal
El Gobierno ha justificado este giro fiscal como un acto de “justicia social y redistributiva”, pero esa narrativa choca con la experiencia de millones de ciudadanos que sienten que pagan más, reciben lo mismo o menos, y no perciben mejoras proporcionales en los servicios públicos.

Además, el contexto macroeconómico no ayuda: una inflación aún elevada, vivienda inaccesible para gran parte de la población joven, y servicios públicos con tensiones evidentes en sanidad y educación. Muchos ciudadanos se preguntan: ¿para qué sirve pagar más impuestos si la calidad de vida no mejora?

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Un récord que no se celebra
El récord de recaudación no es, necesariamente, un síntoma de fortaleza económica. Puede ser, también, una señal de excesiva presión fiscal en un contexto donde los ciudadanos ya arrastran años de incertidumbre económica. Prometer no subir impuestos y luego hacerlo —aunque sea de manera indirecta o técnica— supone un desgaste de credibilidad democrática que enciende las alarmas en un momento de desafección política creciente.

España necesitaba una reforma fiscal, sí. Pero también necesitaba coherencia, diálogo y honestidad. Y sobre todo, un Gobierno que recordara que gobernar no es solo recaudar, sino rendir cuentas.

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