
Illa incrementa un 283% las sanciones por motivos lingüísticos en sólo un año y refuerza la presión en el uso del catalán

La Generalidad de Cataluña ha intensificado el uso de sanciones administrativas relacionadas con el uso del catalán en distintos ámbitos, incluyendo sectores privados y empresariales en los que el Tribunal Constitucional ha subrayado la primacía de la libertad lingüística.
En 2023, la Agencia Catalana de Consumo impuso 261 sanciones por motivos lingüísticos, con un importe total de 492.920 euros, lo que supone un incremento del 283% respecto a las multas de 2022.
Pese a que el número total de quejas y denuncias lingüísticas, en su mayoría por el uso del castellano, gestionadas por la Agencia Catalana de Consumo descendió de 1.910 en 2023 a 1.219 en 2024, y de 770 a 737 si se consideran todos los departamentos de la Generalidad, algunas áreas experimentaron un aumento.


Es el caso del Departamento de Salud, que pasó de 256 quejas en 2023 a 273 en 2024, y de la Consejería de Universidades e Investigación, que registró 108 denuncias en 2024 frente a las 80 del año anterior.
En total, las consejerías de la Generalidad tramitaron 737 reclamaciones por cuestiones lingüísticas en 2024, 33 menos que el año anterior, según una respuesta parlamentaria del consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. Vila también ha confirmado que en 2023 se impusieron 261 sanciones por un valor de 492.920 euros, frente a las 68 sanciones y los 112.606 euros recaudados en 2022.
Estas cifras han reflejado un aumento sostenido en la presión normativa sobre el uso del catalán. A la espera de los datos definitivos de 2024, todo indica que la tendencia continuará al alza. El Gobierno de Salvador Illa ha impulsado además el llamado Pacto Nacional por la Lengua, un documento estratégico que establece una hoja de ruta para reforzar el uso del catalán, especialmente en el ámbito institucional.
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