Con la nueva legislación, las penas por este delito pueden alcanzar los siete años de cárcel, marcando un endurecimiento sin precedentes en la normativa italiana
Internacional05 de junio de 2025
Impacto España Noticias
En una de las medidas más controvertidas y ambiciosas de su mandato, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha dado un paso firme en su cruzada por reforzar el orden público y la seguridad ciudadana. El reciente Decreto de Seguridad, aprobado por su gobierno, introduce duras penas contra la ocupación ilegal de viviendas, refuerza la actuación policial, y establece nuevas herramientas legales para proteger a los ciudadanos más vulnerables, especialmente a los adultos mayores.
El paquete legislativo ha generado un intenso debate en la sociedad italiana, pues mientras algunos lo ven como una necesaria defensa de la legalidad y la propiedad privada, otros lo perciben como una amenaza a los derechos sociales y una posible criminalización de la pobreza.
Medidas contra la ocupación ilegal: penas de hasta siete años de prisión
Uno de los ejes centrales del decreto es el endurecimiento de las sanciones contra quienes ocupen viviendas privadas sin autorización, un fenómeno conocido popularmente como “okupación”. En los últimos años, este problema ha sido fuente de creciente malestar social en distintas regiones del país, particularmente en ciudades como Roma, Milán y Nápoles, donde las viviendas vacías han sido ocupadas por familias sin recursos, inmigrantes o colectivos en situación precaria.
Con la nueva legislación, las penas por este delito pueden alcanzar los siete años de cárcel, marcando un endurecimiento sin precedentes en la normativa italiana. Además, se establece un procedimiento más ágil para el desalojo inmediato de inmuebles ocupados ilegalmente, otorgando mayores facultades a las fuerzas del orden para intervenir sin necesidad de largos trámites judiciales.
Según el gobierno, estas medidas responden a una demanda ciudadana por el respeto a la propiedad privada y la restauración del orden legal. Meloni ha defendido con firmeza esta política, declarando que “la legalidad es un pilar de la libertad” y que la seguridad es condición indispensable para el ejercicio pleno de los derechos.
Refuerzo del rol policial y sanciones por desórdenes públicos
El Decreto de Seguridad no solo se centra en el fenómeno de la ocupación. Incluye también nuevas sanciones contra actos de desorden público, tales como el bloqueo de vías férreas, carreteras o infraestructuras estratégicas, con penas que van de un mes a dos años de prisión, dependiendo de la gravedad del caso.
Estas disposiciones buscan frenar prácticas de protesta consideradas perjudiciales para el funcionamiento de los servicios públicos y la vida cotidiana de los ciudadanos. Las fuerzas de seguridad, por su parte, verán reforzadas sus competencias, dotándolas de nuevas herramientas legales y operativas para intervenir con mayor eficacia ante situaciones de conflicto o infracción.
Protección a los sectores más vulnerables: atención especial a las personas mayores
Un elemento que el gobierno ha querido destacar del decreto es su componente social, especialmente en lo que respecta a la protección de los adultos mayores frente a estafas y delitos dirigidos específicamente a ellos. En los últimos años, se ha detectado un aumento en los fraudes telefónicos y domiciliarios que tienen como objetivo a personas de la tercera edad, muchas veces solas o con escasos recursos para defenderse.
La nueva normativa refuerza los mecanismos de prevención y persecución de estos delitos, con el fin de proteger a uno de los grupos más vulnerables de la sociedad italiana. Este aspecto ha sido bien recibido incluso por sectores críticos con otras partes del decreto, al considerarlo un avance necesario en la protección social.
Reacciones: entre el respaldo y la crítica
El decreto ha generado posturas enfrentadas dentro y fuera del Parlamento. Por un lado, sectores conservadores y asociaciones de propietarios lo han aplaudido, argumentando que por fin se está atendiendo una problemática que llevaba años sin respuesta efectiva. Según sus voceros, “la ley restituye derechos a quienes los habían perdido: los legítimos dueños de sus casas”.
Por otro lado, organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y partidos de izquierda han manifestado su rechazo, denunciando que las penas impuestas podrían ser desproporcionadas y que el decreto ignora las causas estructurales que llevan a muchas personas a ocupar viviendas: falta de acceso a la vivienda, desempleo, y exclusión social.
Algunas ONG han advertido que con estas medidas se corre el riesgo de criminalizar la pobreza y agravar la situación de quienes ya viven en la marginalidad. En este contexto, han pedido más políticas de vivienda social y menos represión penal.
¿Un punto de inflexión en la política de seguridad italiana?
La aprobación del Decreto de Seguridad marca un hito en la estrategia de gobierno de Meloni, en la que el combate contra la criminalidad, la inmigración irregular y los “abusos al Estado de Derecho” ocupa un lugar central. La primera ministra, líder del partido Hermanos de Italia, ha consolidado su imagen como una defensora del orden, la autoridad y la legalidad.
No obstante, la implementación efectiva del decreto y su impacto social y jurídico a mediano plazo serán los elementos clave para evaluar su éxito. Habrá que ver cómo se gestionan los desalojos, cómo responden los tribunales a las nuevas sanciones, y qué alternativas se ofrecen a quienes queden en situación de calle o desamparo.
Un debate que continuará
El Decreto de Seguridad no será el punto final, sino el inicio de un nuevo capítulo en el debate entre seguridad y justicia social en Italia. En una sociedad marcada por la desigualdad económica, el envejecimiento demográfico y los desafíos migratorios, la búsqueda del equilibrio entre legalidad y derechos humanos será un tema recurrente.
Por ahora, el gobierno de Meloni ha dejado clara su postura: tolerancia cero con la ilegalidad, incluso si eso implica asumir un alto coste político frente a las críticas de algunos sectores. Lo que está por verse es si esa fórmula garantizará una mayor cohesión social o si, por el contrario, profundizará las divisiones existentes.
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