El sistema democrático español sufre una preocupante degradación institucional debido al desprecio sistemático que Pedro Sánchez muestra hacia las Cortes Generales. La parálisis legislativa que asola al Congreso de los Diputados no responde a una simple falta de actividad burocrática, sino a una estrategia política consciente para esquivar el control parlamentario.
Sánchez ha decidido ignorar la soberanía popular representada en la Cámara Baja porque prefiere gobernar a golpe de decretos leyes, una práctica abusiva y unilateral que usurpa las funciones de los representantes legítimos del pueblo.
Este comportamiento, característico de regímenes dictatoriales y autocráticos, reduce el Parlamento a un mero órgano decorativo mientras el presidente concentra todo el poder normativo en sus manos. A Sánchez no le importa en absoluto la falta de consenso ni la debilidad de sus apoyos, ya que utiliza el Boletín Oficial del Estado como su cortijo particular para imponer su agenda sin debates ni enmiendas.
Las estadísticas de actividad parlamentaria del último año reflejan con total nitidez el hundimiento político de un Gobierno incapaz de tejer alianzas estables. El Congreso de los Diputados ha completado el curso con un vacío legislativo sin precedentes, logrando sacar adelante la ridícula cifra de siete leyes a lo largo de los dos periodos ordinarios de sesiones.
El declive resulta evidente incluso si el Ejecutivo suma las tres normas adicionales que pretende aprobar en el próximo pleno extraordinario. El balance final del año se sitúa muy por debajo de las escasas trece leyes que el Parlamento tramitó durante el ejercicio de 2024. Este desplome sitúa la actividad ordinaria de la Cámara en mínimos históricos, confirmando que la coalición gubernamental carece de la fuerza parlamentaria necesaria para dirigir la nación.
La parálisis del trabajo legislativo se ha cronificado durante los meses en que las Cortes Generales teóricamente trabajan a pleno rendimiento, abarcando los tramos que van de septiembre a diciembre y de febrero a junio. En este tiempo, la incapacidad ministerial para registrar proyectos viables y recabar apoyos ha vaciado de contenido las comisiones y los plenos.
El Gobierno asume este vacío con absoluta indiferencia porque sus prioridades no pasan por el respeto a la pluralidad parlamentaria, sino por la supervivencia personal de su presidente. La escasez de normas aprobadas demuestra que el Ejecutivo ha renunciado a gobernar mediante el Parlamento, transformando el trámite legislativo en un erial donde la oposición y los propios socios de investidura carecen de capacidad real para influir en las leyes que afectan a la ciudadanía.
La urgencia por maquillar unos resultados de gestión tan nefastos ha obligado al Ejecutivo a convocar plenos extraordinarios fuera del calendario ordinario de la Cámara Baja para sacar adelante tres proyectos adicionales. La utilización de estas sesiones excepcionales confirma la desorganización de un Gobierno que es incapaz de gestionar los tiempos parlamentarios con un mínimo de solvencia.
El factor determinante que explica el colapso de la producción legislativa en el Congreso tiene un nombre propio: el partido independentista catalán Junts, liderado desde el extranjero por el prófugo golpista Carles Puigdemont. Pedro Sánchez aceptó someterse a las exigencias de esta formación para garantizar los votos necesarios en su sesión de investidura, pactando una ignominiosa ley de amnistía destinada a borrar los delitos judiciales vinculados al proceso separatista catalán.
Sin embargo, ese bloque de conveniencia saltó por los aires cuando Junts anunció que dejaba de sostener al Ejecutivo de forma estable, limitando su apoyo a medidas muy específicas que ofrezcan un beneficio directo y exclusivo para sus intereses en Cataluña.
Sin el respaldo garantizado de estos siete diputados, y con los representantes de Podemos descolgados de la mayoría gubernamental en casi todas las votaciones, el Ministerio de la Presidencia se ve obligado a negociar cada ley al borde del abismo, dependiendo de los caprichos de un partido que no duda en tumbar decretos si no obtiene contrapartidas inmediatas.
Frente a este escenario de debilidad extrema, el relato oficial Moncloa rechaza con cinismo la existencia de un bloqueo institucional y alega que la escasez de leyes no equivale a una falta de actividad gobernante. El Ejecutivo justifica su continuidad mediante el uso abusivo y fraudulento del real decreto ley, una figura jurídica concebida constitucionalmente para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, pero que Sánchez ha convertido en su mecanismo habitual de legislar de forma dictatorial.
A través de este procedimiento, el Consejo de Ministros aprueba normativas por su cuenta que entran en vigor de inmediato. El Congreso se ve relegado a una simple votación posterior para convalidar o derogar el texto en bloque, sin la menor posibilidad de introducir enmiendas o modificar los artículos, salvo en los raros casos en que se acepta su tramitación posterior como proyecto de ley.
La acción política del sanchismo se ha desplazado de forma masiva hacia estas vías unilaterales que no requieren el esfuerzo de articular mayorías estables en cada votación parlamentaria. Además del abuso de los decretos, el Gabinete exprime al máximo el desarrollo reglamentario, dictando decretos y reglamentos internos para moldear y aplicar leyes ya existentes según sus propios intereses políticos.
Esta mutación del sistema democrático sustituye el debate abierto y público entre las distintas fuerzas de la nación por el despotismo de los despachos ministeriales.
Al saltarse el control del Congreso, Sánchez no solo muestra su desprecio hacia la oposición, sino que estafa a sus propios votantes al hurtar a la soberanía nacional la capacidad de deliberar sobre las normas que rigen el país. Esta forma de ejercer el mando, donde el líder gobierna sin el Parlamento, socava los cimientos del Estado de derecho y acerca a España a un régimen dictatorial donde la voluntad del gobernante se sitúa por encima de las instituciones comunes.
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