Las escrituras notariales, idénticas en su redacción, expresan que la renuncia se hace por “motivos estrictamente personales y profesionales”, y que la decisión es “libre y voluntaria”. E hecho de que se formalizaran todas las renuncias el mismo día, ante el mismo notario, y antes incluso de que la dimisión de Rodríguez Vegazo fuera oficial, ha generado un fuerte escepticismo
Corrupción09 de junio de 2025
Impacto España Noticias
La reciente incorporación del socialista Miguel Ángel Gallardo a la Asamblea de Extremadura ha desatado una tormenta política y judicial. Lo que, a simple vista, podría parecer un proceso rutinario de relevo parlamentario, ha sido calificado por varias acusaciones populares como una maniobra cuidadosamente orquestada para obtener aforamiento y condicionar un proceso judicial en curso.
Gallardo, líder del PSOE en Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, se enfrenta a un juicio por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias relacionados con la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La jueza instructora del caso, Beatriz Biedma, considera que existen “claros indicios de criminalidad” en las decisiones adoptadas durante la etapa en la que Gallardo presidió el ente provincial.
El contexto judicial: juicio inminente y una jugada política
El 16 de mayo, Gallardo anunció su intención de tomar posesión como diputado autonómico. Apenas un día después, el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz dictó la apertura de juicio oral contra él y otros diez procesados.
Esta coincidencia temporal ha provocado la reacción inmediata de diversas formaciones políticas y asociaciones judiciales, que interpretan el paso dado por Gallardo como una estrategia para beneficiarse del aforamiento parlamentario, evitando así ser juzgado por la Audiencia Provincial de Badajoz junto al resto de los acusados.
El aforamiento implica que, por su condición de diputado autonómico, Gallardo pasaría a ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). Esta circunstancia ha generado un conflicto competencial y ha suscitado un debate sobre si la maniobra constituye un uso legítimo del derecho o, por el contrario, un claro ejemplo de fraude de ley.
Cómo se fraguó el acceso al acta: dimisiones en cadena y renuncias notariales
Gallardo figuraba en el puesto 23 de la lista electoral del PSOE por la provincia en las elecciones autonómicas de mayo de 2023. El partido obtuvo 16 escaños, lo que en principio lo dejaba fuera de la Cámara. Sin embargo, mediante una serie de movimientos internos, logró ascender en la lista hasta ocupar un escaño.
El procedimiento arrancó con la dimisión de la diputada regional María de la Cruz Rodríguez Vegazo, que presentó su renuncia el 20 de mayo. Ese mismo día, la Asamblea de Extremadura recibió también las renuncias formales de los cuatro candidatos que antecedían a Gallardo en la lista: Pedro Blas Vadillo, Virginia Borrallo, Juan Francisco Ceballos y María Dolores Fernández Luengo. Todos ellos habían acudido el día anterior, 19 de mayo, al despacho del notario Gonzalo Fernández Pugnaire en Mérida para dejar constancia de su negativa a recoger el acta.
Las escrituras notariales, idénticas en su redacción, expresan que la renuncia se hace por “motivos estrictamente personales y profesionales”, y que la decisión es “libre y voluntaria”. No obstante, el hecho de que se formalizaran todas las renuncias el mismo día, ante el mismo notario, y antes incluso de que la dimisión de Rodríguez Vegazo fuera oficial, ha generado un fuerte escepticismo.
Sombra de favores y dudas sobre la imparcialidad
Las acusaciones populares —entre ellas, Vox, Manos Limpias y Liberum— consideran que los hechos revelan una operación coordinada con un objetivo muy claro: permitir que Gallardo obtuviera aforamiento justo antes de ser enjuiciado. Vox incluso ha anunciado que solicitará acceso a las cuentas bancarias y futuros nombramientos de las personas que renunciaron al escaño, al sospechar posibles compensaciones políticas o económicas.
Un dato especialmente relevante es el vínculo entre Gallardo y la diputada dimisionaria. Rodríguez Vegazo fue su jefa de Gabinete durante su etapa en la Diputación y fue convertida en funcionaria municipal cuando Gallardo era alcalde de Villanueva de la Serena. Posteriormente, su nombre sonó para ocupar la Subdelegación del Gobierno en Badajoz, aunque este nombramiento fue frenado por instancias superiores del PSOE.
El propio presidente del tribunal que juzgará el caso si se mantiene el procedimiento en Badajoz, Manuel Candalija, también está imputado por su posible implicación en la contratación de David Sánchez en el ente supramunicipal.
La respuesta judicial: el aforamiento, en entredicho
Las reacciones no se han hecho esperar. Vox y Manos Limpias han presentado recursos ante la Junta Electoral para impugnar el aforamiento. Por su parte, Liberum ha interpuesto una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, solicitando la suspensión inmediata del privilegio parlamentario. Aunque el tribunal desestimó esta medida por considerar que no se daban los requisitos de “urgencia”, ha dejado abierta la posibilidad de retirarlo cautelarmente, lo que devolvería la causa a la Audiencia Provincial.
Desde sectores judiciales y parlamentarios se ha reconocido que la jugada es inusual y que plantea dudas legítimas sobre la utilización del aforamiento como herramienta de protección frente a procesos judiciales ordinarios.
Legalidad vs. legitimidad
La entrada de Miguel Ángel Gallardo en la Asamblea de Extremadura, aunque legal en apariencia, ha puesto sobre la mesa un debate de fondo sobre el uso del aforamiento y la instrumentalización de los mecanismos parlamentarios con fines personales o partidistas. Las renuncias en cadena, la coordinación notarial y los vínculos previos entre los protagonistas de la operación alimentan la sospecha de que no se trató de una casualidad, sino de una estrategia medida al milímetro.
Queda por ver si la Justicia se pronunciará finalmente sobre la validez del aforamiento y si se investigarán posibles responsabilidades adicionales derivadas de este movimiento político. Mientras tanto, el caso ha reabierto el debate sobre la necesidad de revisar el régimen de aforamientos en España y sus implicaciones para la transparencia y la igualdad ante la ley.
Un posible conflicto de interés: la jueza del TSJEx fue premiada por Gallardo
Si se mantiene el aforamiento de Miguel Ángel Gallardo, el juicio pasará a celebrarse en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), órgano competente para juzgar a diputados autonómicos.
Este hecho ha desatado nuevas alertas entre las acusaciones populares, al conocerse que una de las juezas del tribunal que podría encargarse del caso fue premiada públicamente por el propio Gallardo durante su etapa como presidente de la Diputación de Badajoz.
El galardón, entregado en un acto institucional, consistió en una distinción al mérito jurídico o profesional, enmarcado dentro de las actividades organizadas por la propia Diputación. La entrega de ese reconocimiento —que en su momento pasó desapercibido— ahora cobra especial relevancia, al estar en juego la imparcialidad de quien podría formar parte del tribunal que juzgue al dirigente socialista extremeño.
Las acusaciones consideran que esta situación podría suponer un riesgo claro para la apariencia de neutralidad judicial, y reclaman que se evalúe si existe causa de abstención o recusación para garantizar la limpieza del procedimiento.
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La jueza instructora, Beatriz Biedma, ha señalado que Gallardo habría incurrido en un “fraude de ley” en la maniobra mediante la cual consiguió su condición de diputado de la Asamblea de Extremadura
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