
Golpe del Tribunal Superior a Gallardo: ve fraude de ley en su aforamiento y devuelve el caso a la juez
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura considera que el acceso de Gallardo al aforamiento fue una maniobra para eludir al juez natural
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura considera que el acceso de Gallardo al aforamiento fue una maniobra para eludir al juez natural
Este hecho implica, según el abogado, que Gallardo ya gozaba de aforamiento parlamentario, lo que dejaría sin competencia a la jueza Biedma para continuar con la instrucción o decretar la apertura de juicio oral
La jueza instructora, Beatriz Biedma, ha señalado que Gallardo habría incurrido en un “fraude de ley” en la maniobra mediante la cual consiguió su condición de diputado de la Asamblea de Extremadura
Las escrituras notariales, idénticas en su redacción, expresan que la renuncia se hace por “motivos estrictamente personales y profesionales”, y que la decisión es “libre y voluntaria”. E hecho de que se formalizaran todas las renuncias el mismo día, ante el mismo notario, y antes incluso de que la dimisión de Rodríguez Vegazo fuera oficial, ha generado un fuerte escepticismo
La pregunta es retórica. Ya tenemos la respuesta. Gallardo sabía perfectamente lo que hacía. No quería enfrentarse a un tribunal imparcial, sino a uno más previsible, más “cercano”, con magistrados como Tena Aragón, cuya independencia ha quedado en entredicho por una condecoración propuesta por él mismo
Gordillo también ha avanzado que tras la presentación de esta querella «vendrán más iniciativas parlamentarias, judiciales, políticas, sociales», ya que no renuncian a la movilización ciudadana
Liberum ha solicitado que se cite como testigos a los candidatos del PSOE en las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023: María Dolores Fernández Luengo (puesto 22), Pedro Blas Vadillo Martínez (19), Virginia Borrallo Rubio (20), Juan Francisco Ceballos Fabián (21) y María de la Cruz Rodríguez Vegazo (8)
La juez que ha enviado al banquillo al hermano de Pedro Sánchez ha dado órdenes de verificar la nueva condición de diputado de Miguel Ángel Gallardo, hasta ahora presidente de la Diputación
El dirigente socialista llama a la presidenta de la Junta para proponerle "reflexionar" sobre eliminar los aforamientos en la Asamblea
El dirigente de Vox ha criticado la reacción del PSOE ante la apertura de juicio Miguel Ángel Gallardo haya sido obligar a cinco candidatos del PSOE a renunciar a su condición para aforar, proteger y crear una sensación de impunidad para Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz
En apenas 27 horas y 58 minutos, el partido ha ejecutado una operación quirúrgica para esquivar el control de un juzgado ordinario, aprovechando vacíos legales y una arquitectura institucional vulnerable a la manipulación
Una maniobra que no puede entenderse sin mirar de frente al contexto: está procesado por prevaricación y tráfico de influencias en el caso de la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
Sánchez estaba obligado a hacer informes sobre los objetivos que iba cumpliendo, pero esos documentos no estaban en ningún lugar de la Diputación, así que la juez tuvo que pedirlos hasta en dos ocasiones
«Si se confirma este político socialista es dueño de este invernadero y contrata mano de obra ilegal, iremos hasta el final», ha manifestado el secretario general del sindicato, Jordi de la Fuente
El Ejecutivo comunitario va un paso más allá y advierte de que, si finalmente se confirmasen irregularidades en la adjudicación de contratos, activará de inmediato los procedimientos para suspender pagos y recuperar todo el dinero afectado
El propósito declarado de la red era entorpecer los procedimientos judiciales abiertos por casos de corrupción que salpican al PSOE y rodean al propio presidente del Gobierno
Lejos de reducir el entramado burocrático y de entidades públicas, España lo ha multiplicado en las últimas décadas. Y lo ha hecho sin un análisis serio sobre su eficiencia, su productividad o su verdadero impacto en la economía
En 1966 se aprobó una ley que empezó a integrar poco a poco las mutualidades en el sistema público de Seguridad Social. Muchos trabajadores de sectores como el metal, la banca, la industria o los funcionarios pasaron al sistema general o al de autónomos (RETA)