La mentira: “Vamos a aumentar el presupuesto en Defensa, pero lo haremos sin tocar la Educación, la Sanidad o las políticas sociales.”
Nacional11 de junio de 2025
Impacto España Noticias
Pedro Sánchez prometió que el ambicioso aumento del gasto en Defensa, con el que su Gobierno busca alcanzar el 2% del PIB exigido por la OTAN, no se haría a costa de los servicios sociales. Sin embargo, las últimas reasignaciones presupuestarias contradicen de forma rotunda esta afirmación.
Una promesa incumplida
En repetidas ocasiones desde 2022, Sánchez ha asegurado que el refuerzo de la inversión militar no comprometería los pilares del Estado del Bienestar. En su momento dijo:
“Vamos a aumentar el presupuesto en Defensa, pero lo haremos sin tocar la Educación, la Sanidad o las políticas sociales.”
Hoy, esa promesa está rota. Los datos oficiales revelan que el Ministerio de Defensa ha recibido 4.000 millones de euros adicionales, y este dinero ha salido, entre otros, del Ministerio de Educación, del de Ciencia y del de Hacienda, tres carteras fundamentales para el progreso y el bienestar social.
Reasignaciones Presupuestarias: Radiografía de un giro de prioridades
La estrategia del Ejecutivo ha sido clara: evitar pasar por el Congreso y recurrir a modificaciones internas del presupuesto, aprovechando la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado.
Industria: +5.500 millones €
Defensa: +4.000 millones €
Total de aumento conjunto: cerca de 10.000 millones €
¿Quién pierde?:
Educación: Recorte de 1.000 millones €
Ciencia: Afectada directamente en las partidas de innovación e investigación.
Hacienda: Pierde recursos operativos clave en la gestión tributaria y de deuda.
Este esquema deja en evidencia que los fondos para Defensa no son nuevos ni neutrales: salen de otros ministerios, muchos de ellos esenciales para el futuro productivo y educativo del país.
El Contexto: Rearme global y sumisión a la OTAN
Este movimiento se produce en medio de un contexto geopolítico tenso, con una Europa que vuelve a rearmarse en respuesta a la guerra en Ucrania y al aumento de tensiones globales. España, presionada por sus aliados, quiere alcanzar el 5% del PIB en gasto militar, una meta que hasta ahora estaba lejos de cumplir.
Pero mientras se fortalecen los contratos con empresas armamentísticas —muchas vinculadas a intereses internacionales—, las aulas se vacían de recursos, los programas científicos sufren recortes y la administración pública se resiente.
Ministerios “Intocables” y la prioridad política
Llama la atención que el ajuste presupuestario no haya tocado al Ministerio de Igualdad ni a otros departamentos con estructuras duplicadas o de dudosa eficiencia administrativa. Esto ha alimentado aún más el debate sobre la ideologización del gasto público, donde la prioridad no parece ser la eficiencia ni el bienestar común, sino la supervivencia política de determinadas carteras que sostienen la coalición de Gobierno.
Educación y Ciencia: Víctimas del intercambio
El recorte en Educación es especialmente preocupante. En un país con uno de los niveles más altos de abandono escolar en Europa y profundas desigualdades educativas entre territorios, quitarle 1.000 millones de euros a esta área no es solo una mala decisión: es una irresponsabilidad de largo plazo.
También preocupa el recorte en Ciencia e Innovación. Mientras Europa se esfuerza por impulsar la transición tecnológica, digital y verde, España opta por recortar la inversión en I+D para destinar recursos a programas militares.
¿Y el debate Democrático?
Otra de las cuestiones más preocupantes es la forma en la que se han aprobado estas partidas: sin debate parlamentario, sin transparencia, sin consulta ciudadana. Se trata de una decisión de impacto estructural tomada por la vía administrativa, lo que supone un debilitamiento de la democracia presupuestaria.
El Gobierno miente y el futurosSe hipoteca
Pedro Sánchez aseguró que el reimpulso del gasto en Defensa no comprometería los servicios sociales. Hoy, los datos desmienten esa afirmación. El Ejecutivo ha sacrificado Educación y Ciencia para cumplir con un objetivo militar dictado desde el exterior, y lo ha hecho sin debate, sin explicaciones y sin responsabilidad política.
Estamos ante un cambio profundo en las prioridades del Estado, que se está llevando a cabo por la puerta de atrás. Y lo peor es que el coste lo pagarán las próximas generaciones.
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