Impacto España Noticias
Uno de los registros que la Unidad Central Operativa (UCO) ha realizado este martes a constructoras en el marco del caso Koldo se ha realizado en la sede de la constructora navarra Servinabar 2000. Se trata de la firma presuntamente vinculada al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, por la que habría preguntado en el Congreso pocos días antes de hacerse público que preguntó a Koldo García por obras de esta firma.
La misma que se llevó la polémica adjudicación de 76 millones de euros por el túnel de Velate, cuya adjudicación estuvo plagada de irregularidades tal y como denunció tanto la mesa de contratación como el tribunal de cuentas navarro. Este empresario, además, se reunió hasta en cuatro ocasiones, en privado y en su despacho, con la presidenta foral María Chivite. Igualmente, el instituto armado ha accedido a las oficinas de Femín Osea SL, otra de las empresas relacionadas con la obra del túnel de Velate.
Además, Servinabar también consiguió acelerar un proyecto minero en Navarra en el que se involucró en persona Santos Cerdán, y que el Gobierno navarro defendió como coartada para esas reuniones con Chivite. En ese proyecto, sin embargo, Servinabar no tiene ninguna vinculación conocida. La empresa que se llevó la licencia de explotación de la mina Muga de potasio es Geolocali, la misma que aparece junto al logo de Servinabar en el pantalón de Koldo García durante una competición de aizkolaris.
Cabe recordar que la polémica obra de Velate motivó una de las preguntas parlamentarias sobre obra pública que presentó Santos Cerdán ante el Congreso de los Diputados. Nunca hasta ese momento había preguntado por obra pública. Aquella ‘coartada‘ fue lanzada sólo unos días antes de que se publicase su supuesta participación en la adjudicación irregular de esta obra a una UTE formada por Servinabar y Acciona.
El registro a las oficinas de Servinabar 2000 Obras y Servicios S.L., en el centro de Pamplona, se inició alrededor del medio día por orden del Tribunal Supremo. Sobre esa hora se desplazaron hasta la sede un grupo de agentes de la UCO en un vehículo azul oscuro que quedó aparcado discretamente en la calle peatonal de la capital navarra en la que se ubica esta constructora.
Uno de los agentes que forma parte del equipo que practicó la entrada y registro se encontraba, según ‘El Diario de Navarra’, el teniente coronel Antonio Balas. Se trata del mando del que hablaba Leire Díez con el empresario Alejandro Hamlyn en esa videoconferencia filtrada. Aquel al que buscaban anular, o «matar» en sus palabras, con trapos sucios.
Joseba Antxon Alonso Egurrola, propietario de Servinabar 2000 S.L., «tenía puertas abiertas» en cualquier consejería y hasta en Presidencia del Gobierno de Navarra. De hecho, Egurrola acudía a encuentros en el palacio presidencial como «representante» de Acciona, la otra firma vinculada con Cerdán.
Destacan, por ejemplo, cuatro reuniones a solas y a puerta cerrada que la presidenta socialista de Navarra mantuvo con Alonso Egurrola entre julio y septiembre de 2021. Un dato que el propio Gobierno tuvo que confirmar a la oposición a través de un escrito.
Según la versión del Gobierno navarro, los encuentros versaron sobre las obras de reforma del Archivo del Palacio de Navarra, aunque esas obras habían terminado meses antes de que se iniciase esa ronda de reuniones. Las cuatro citas se celebraron el 24 de julio y el 20 de octubre en 2020, así como el 21 de abril y el 17 de septiembre de 2021.
El primer encuentro tuvo lugar el 24 de julio de 2020, unas semanas después de la fecha en la que Víctor de Aldama dice que pagó 15.000 euros en un sobre a Santos Cerdán en Madrid, como desagravio por haber intercedido por una empresa para una obra pública en territorio presuntamente controlado por el secretario de Organización del PSOE. El llamado cupo vasco.
Registro a Ábalos
Además, este martes la Guardia Civil también ha registrado durante más de nueve horas la casa de José Luis Ábalos en Valencia. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) se presentaron en el domicilio del exministro a las siete de la mañana de este martes en busca de documentación sobre contratos de obra pública relacionados con el denominado como caso Koldo, la causa abierta por la supuesta compra irregular de mascarillas durante la pandemia.
Las pesquisas se enmarcan dentro de una pieza secreta, una línea de investigación que se abrió después de que Víctor de Aldama aportara en diciembre documentos sobre el supuesto amaño de contratos públicos.
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