Como muchos lectores saben, en abril denuncié ante todas las fiscalías de Españistán (y todas las comandancias de la GC y Comisarías del CNP) a la Directora General de Salud Pública, Pilar Aparicio Azcárraga, por engañar al Tribunal Constitucional –y a todos nosotros- con un informe en el que “avalaba científicamente todas las medidas covid”, mientras que a mí me confesaba no tener pruebas de la existencia del virus.
La mayoría de las fiscalías, acobardadas, se han inhibido en favor de la de Madrid, que todavía no me ha contestado, pero los fiscales jefes de Palencia y Ciudad Real, más valientes, han confesado para quien trabajan.
Esta es mi réplica a su respuesta.
AL FISCAL JEFE PROVINCIAL DE PALENCIA/CIUDAD REAL
Galo Dabouza, denunciante, comparezco y expongo:
Que he recibido resolución en las diligencias de referencia, en la que, sintéticamente, el fiscal jefe provincial afirma que no hay incompatibilidad ni incongruencia en que Dª Pilar Aparicio Azcárraga, licenciada en medicina, reconozca que el Ministerio de Sanidad carece de aislamiento y cultivos del sars-cov-2, y al mismo tiempo avale científicamente las medidas adoptadas por el gobierno para, presuntamente, proteger a la población de ese misterioso e inexistente virus.
Recuérdese que mi denuncia iba acompañada de un informe pericial que explica detalladamente la incongruencia entre ambos documentos, y la absoluta ausencia de criterio científico en el segundo de ellos, que sin embargo se autodefine como informe científico, en un claro fraude, destinado a engañar al Tribunal Constitucional.
Que tan bochornosa, anticientífica e irracional resolución de archivo sólo es explicable teniendo en cuenta “de quién depende la fiscalía”, en celebradas palabras del bienamado líder de esa misma fiscalía, demostrando, a quien todavía no lo supiera, que la misión de la fiscalía no es “promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”, sino defender a capa y espada al poder ejecutivo, incluso cuando viola de modo flagrante la ley y los derechos de los ciudadanos.
El fiscal jefe se autocalifica con esa resolución.
Que las repercusiones de admitir el delito cometido por la señora Aparicio, son de tal envergadura, que superan con mucho la capacidad mental y profesional del fiscal jefe, y muy probablemente por ello ha preferido dictar una resolución ridícula e ilegal, antes que asumirlas.
Por lo expuesto, en vista de que no cabe recurso, SOLICITO al fiscal jefe que anule motu proprio la antedicha resolución, y dicte otra, más acorde a la razón, la justicia, la ley, la ciencia y el sentido común, en la que, fingiendo ignorar la evidencia de que Dª Pilar ha tenido que tener cómplices, encubridores e inductores en toda España, se inhiba en favor de la fiscalía de Madrid, por ser el lugar donde, con absoluta seguridad, Dª Pilar Aparicio Azcárraga cometió su delito de falso testimonio.
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