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Jueces y fiscales tensan la cuerda con el Gobierno de Pedro Sánchez. La mayoría de asociaciones han convocado tres jornadas de huelga -el 1, 2 y 3 de julio- contra las reformas del Ejecutivo que modifican el sistema de acceso a ambas carreras y reforman el Ministerio Fiscal para dejar en manos de los fiscales la instrucción reforzando la figura del fiscal general, lo que entienden compromete la independencia judicial y pone en riesgo el Estado de Derecho y la separación de poderes.
Tras recibir el apoyo de más del 80 por ciento de sus bases en las consultas realizadas, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales han convocado una concentración frente al Tribunal Supremo el próximo día 28 como paso previo, si el Gobierno de Pedro Sánchez no rectifica, a las tres jornadas de huelga reseñadas, que podrán ampliarse previa nueva consulta a las bases.
Masivo apoyo al paro
Tras la jornada de paro del pasado día 11, secundada por el 70% de jueces y fiscales según las asociaciones convocantes, estas volvieron a quejarse de que esos cambios legales tramitados "por vía de urgencia, sin diálogo y de forma unilateral", ponen en entredicho "principios esenciales del Estado de Derecho, como la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal". Al mismo tiempo, volvieron a poner de relieve el "profundo malestar existente en nuestras carreras ante unas reformas que se están tramitando por vía de urgencia, sin diálogo y de forma unilateral".
Esas reformas, insistieron, "comprometen gravemente los principios de independencia judicial, separación de poderes y autonomía del Ministerio Fiscal" y "erosionan pilares esenciales del sistema judicial".
En el manifiesto que se leyó frente a las sedes judiciales el pasado miércoles, las asociaciones convocantes alertaron de que la independencia judicial, "clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea, está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas".
Los cambios en el sistema de acceso a ambas carreras -"contenido esencial para nuestra formación", recordaron- introducen según pusieron de manifiesto "pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración", impulsando además "un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, por ello, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país".
Sus críticas también se centran en la reforma de la Fiscalía, que según denuncian aumenta las competencias del fiscal general del Estado, "quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo". Algo que, añadían, "sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción".
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