La mujer, identificada en internet como modelo y autora de contenido erótico, negó estar involucrada en los hechos y afirmó que simplemente era una "amiga" de Ábalos. Según su testimonio, se limitaba a “limpiarle la casa” y “sacarle al perro”
Corrupción18 de junio de 2025
Impacto España Noticias
El pasado 10 de junio, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpió en el domicilio del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en Valencia, en el marco de una investigación por presunta corrupción relacionada con la adjudicación irregular de contratos públicos. Lo que podría haber sido un simple registro judicial terminó desvelando un escenario más complejo: la presencia de una mujer que intentó ocultar un disco duro entre su ropa, dispositivos electrónicos intervenidos, correos electrónicos accedidos en tiempo real y una investigación judicial que avanza con fuerza.
El registro: un operativo desde la mañana hasta la tarde
El registro en la vivienda de Ábalos comenzó a las 8:50 de la mañana y se prolongó hasta pasadas las seis de la tarde. Durante esa jornada, agentes de la UCO ejecutaron un exhaustivo operativo bajo orden del Tribunal Supremo, que investiga al exministro por tráfico de influencias, organización criminal, cohecho y malversación.
Entre las actuaciones más destacadas del día figura el intento de una mujer, Anais D. G., de abandonar la vivienda con un disco duro oculto en el pantalón. Según consta en el oficio de la Guardia Civil, "el agente observa cómo Ábalos le indica que lleve algo de desayuno, procediendo ella a ingresar a una de las habitaciones, y antes de proceder a la salida del domicilio, el agente referido observa que la Sra. D. porta algo oculto en su pantalón. Ante esta circunstancia, la agente realiza un cacheo, observándose que la Sra. D. oculta un disco duro en su pantalón".
La mujer, identificada en internet como modelo y autora de contenido erótico, negó estar involucrada en los hechos y afirmó que simplemente era una "amiga" de Ábalos. Según su testimonio, se limitaba a “limpiarle la casa” y “sacarle al perro”, e insistió en que el disco duro no era suyo.
La incautación de dispositivos y correos
Durante el registro, la UCO intervino 34 evidencias digitales, entre las que se incluyen el teléfono móvil personal del exministro, diversas memorias digitales y el mencionado disco duro externo azul de la marca WD-My Passport que la mujer intentó sacar del domicilio. Según informaron los agentes, no pudieron clonar todas las memorias en el momento del registro, por lo que Ábalos fue informado de que podría solicitar su devolución posteriormente.
Uno de los elementos más llamativos fue que, al acceder al despacho personal del exministro, los investigadores encontraron abierta una de sus cuentas de correo electrónico. De inmediato, la UCO tomó control de la cuenta, cambió la contraseña y añadió números de teléfono de los propios investigadores como medida de acceso exclusivo a la información almacenada allí. El informe justifica esta medida por el “interés para la investigación” que presentaba el contenido del correo.
Declaraciones públicas y estrategia legal
Al término del registro, Ábalos hizo declaraciones públicas en las que destacó el trato recibido por parte de los agentes. "Acabado el registro de mi casa, quiero agradecer a los agentes de la Guardia Civil que han participado su buen trato, su delicadeza y profesionalidad", escribió en redes sociales.
No obstante, este tono conciliador contrasta con los recursos legales que ha presentado ante el Tribunal Supremo, donde ha criticado duramente la actuación de los investigadores, acusándolos de llevar a cabo una investigación prospectiva, es decir, una pesquisa sin hechos concretos que solo busca “pescar” pruebas de posibles delitos.
El trasfondo de la investigación: comisiones y grabaciones
La investigación que dio pie al registro se basa en un informe de la UCO que analiza una serie de conversaciones telefónicas y grabaciones. En estas, el exministro, junto a su exasesor Koldo García y el que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, hablan de un supuesto reparto de comisiones obtenidas a través de la adjudicación irregular de obra pública.
En una de las grabaciones, se escucha a Ábalos y Koldo planificar un viaje electoral a Bailén, así como concertar un encuentro con mujeres, elementos que la UCO considera parte del contexto general de uso indebido de recursos.
Nuevas comparecencias judiciales
El magistrado Leopoldo Puente, instructor del caso en el Tribunal Supremo, ordenó el registro tras recibir el último informe de la UCO el pasado 5 de junio. A su juicio, existía la posibilidad de que, pese al tiempo transcurrido, todavía hubiera en el domicilio del exministro “elementos, efectos o instrumentos procedentes del delito o reveladores de la comisión del mismo”.
Fruto de estas diligencias, el magistrado ha citado nuevamente a los principales implicados:
José Luis Ábalos y Koldo García comparecerán como imputados el 23 de junio.
Santos Cerdán declarará el 25 de junio.
Según el auto judicial, existen indicios suficientes para imputar a Cerdán por organización criminal y cohecho, cargos que también pesan sobre los otros dos implicados.
El caso Ábalos ha dejado de ser una cuestión interna para convertirse en un escándalo de alto voltaje político. La implicación de figuras clave del aparato socialista, los indicios de adjudicaciones amañadas, las grabaciones comprometedoras y la intervención directa del Tribunal Supremo marcan un escenario crítico.
A falta de las declaraciones previstas para finales de junio, el caso sigue escalando tanto en gravedad como en repercusión. La justicia avanza con paso firme, mientras el exministro intenta contener los daños personales y políticos de una investigación que, lejos de agotarse, parece apenas comenzar.
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La UCO precisa que en dicho contrato figuran como «intervinientes» Joseba García, el hermano de Koldo García —el que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes— y la empresa MER Construcción y Mantenimiento
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