Reuniones secretas, audios de Villarejo y presiones judiciales: una presunta operación dirigida desde Ferraz para debilitar a Feijóo y Ayuso antes de las elecciones de 2027
Investigacion Judicial19 de junio de 2025
Impacto España Noticias
Una investigación en curso ha puesto bajo los focos a Leire Díez, una asesora política próxima a Santos Cerdán, número tres del PSOE, por su presunta implicación en una estrategia de recopilación de información comprometida sobre dirigentes del Partido Popular, entre ellos Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso.
La supuesta operación, que según fuentes judiciales habría estado coordinada desde Ferraz, tenía como objetivo principal obtener “trapos sucios” para erosionar la imagen del PP de cara a las elecciones generales de 2027.
Reuniones en un piso vinculado a una empresa de Cerdán
Según las pesquisas, Leire Díez habría mantenido reuniones discretas con implicados en la trama de hidrocarburos, así como con antiguos miembros del PP. Los encuentros se habrían celebrado en un piso cuyo alquiler estaba cubierto por una empresa vinculada directamente a Santos Cerdán, lo que ha llamado la atención de los investigadores.
Durante esos encuentros, la asesora socialista habría ofrecido beneficios judiciales e incluso pactos de colaboración con la Fiscalía a cambio de obtener información que pudiera resultar perjudicial para altos dirigentes del Partido Popular.
Los audios de Villarejo y la mención a Feijóo
Uno de los aspectos más sensibles del caso es la aparición de grabaciones atribuidas al excomisario José Manuel Villarejo, en las que se mencionaría al expresidente gallego Alberto Núñez Feijóo. Esas cintas, supuestamente encargadas en su momento por la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, habrían sido recuperadas y analizadas por Leire Díez en su búsqueda de información delicada.
Las grabaciones incluirían referencias a supuestas actividades de Feijóo durante su etapa como presidente de la Xunta de Galicia, aunque por el momento no se ha confirmado si contienen material incriminatorio. El hecho de que hayan sido reutilizadas con fines políticos en el contexto actual ha generado un gran malestar entre los populares, que acusan al PSOE de recurrir a “las cloacas del Estado”.
La trama navarra y la constructora Servinabar
La investigación no se limita al plano estrictamente político. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha encontrado documentación notarial que demostraría la vinculación de Santos Cerdán con una constructora navarra, Servinabar, de la que poseería el 45% del capital. Esta empresa habría recibido contratos públicos millonarios adjudicados por el gobierno foral liderado por María Chivite, también del PSOE.
Estos hallazgos han provocado un terremoto en el seno del partido y han despertado inquietudes sobre un posible conflicto de intereses entre la actividad pública y los negocios privados de algunos de sus dirigentes.
Reacciones políticas y consecuencias institucionales
Desde el Partido Popular, las reacciones no se han hecho esperar. La dirección nacional ha exigido explicaciones inmediatas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha anunciado que Leire Díez, Santos Cerdán y el ministro Fernando Grande-Marlaska serán citados a comparecer este verano en la Comisión de investigación del ‘caso Koldo’. Para ello, el PP ya ha activado el calendario parlamentario para declarar hábiles los meses de julio y agosto.
Paralelamente, algunos socios del Gobierno en el Congreso habrían transmitido su inquietud sobre la estabilidad del Ejecutivo y su capacidad para mantenerse hasta final de legislatura, especialmente si se acumulan nuevas revelaciones judiciales o si alguno de los señalados resulta imputado.
Un nuevo capítulo de desgaste institucional
Este escándalo añade tensión a un clima político ya marcado por el enfrentamiento constante entre Gobierno y oposición, especialmente tras la aprobación de la Ley de Amnistía y las últimas sentencias del Tribunal Constitucional. La supuesta operación para “investigar” a adversarios políticos desde estructuras paralelas al poder judicial abre un debate profundo sobre los límites éticos del ejercicio del poder.
Por ahora, ni Leire Díez ni Santos Cerdán han ofrecido declaraciones públicas sobre el caso. El PSOE, de momento, se limita a negar cualquier operación orquestada y a defender la inocencia de sus cargos. Sin embargo, el avance de la investigación y la posible aparición de nuevas pruebas podrían cambiar radicalmente el escenario político en las próximas semanas.
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