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Este plan no ha sido diseñado por los agricultores ni por los trabajadores. Ha sido impuesto por una élite lejana, que no pisa el barro ni entiende el sudor del esfuerzo. Y lo más grave: el Partido Popular Europeo y los socialistas lo respaldan sin pudor
Internacional22 de junio de 2025La Unión Europea globalista liderada por Von der Leyen impondrá nuevos derechos de emisión de CO₂ que harán más pobres a las familias y arruinarán al campo.
En efecto, la Comisión Europea ha confirmado que a partir del año 2027, pondrá en marcha un nuevo sistema de comercio de emisiones (ETS2) que gravará indirectamente la calefacción de los hogares, el combustible de los vehículos privados y las pequeñas industrias.
Una maquinaria ideológica para expoliar a los ciudadanos
El nuevo plan climático de Bruselas es, en realidad, una agresiva estrategia de recaudación. Bajo el disfraz de la sostenibilidad, la Unión Europea globalista pretende saquear los bolsillos de trabajadores, familias y autónomos. Esta política verde no es más que una herramienta de control económico y social.
Desde 2027, los proveedores de combustible estarán obligados a pagar derechos de emisión. ¿El resultado? El ciudadano pagará la factura. El sistema recaudará hasta 705.000 millones de euros entre 2027 y 2035. Ese dinero no volverá a las familias ni al campo. Servirá para inflar las estructuras burocráticas de Bruselas, reforzar el poder supranacional y seguir imponiendo políticas ajenas a las realidades nacionales.
Este plan no ha sido diseñado por los agricultores ni por los trabajadores. Ha sido impuesto por una élite lejana, que no pisa el barro ni entiende el sudor del esfuerzo. Y lo más grave: el Partido Popular Europeo y los socialistas lo respaldan sin pudor.
Casualmente, es el dinero que dicen que necesitan para aumentar el armamento de la UE/OTAN
El precio del CO₂: un arma contra las familias europeas
Si el precio del CO₂ alcanza los 200 o 300 euros por tonelada, como ya se prevé, los costes de calefacción podrían dispararse más de un 40%. Para un hogar medio en Alemania, eso significará pagar hasta 1.400 euros más al año. Y si eso ocurre en Alemania, imaginen lo que vendrá para España, donde la renta media es muy inferior y el sistema de ayudas brilla por su ausencia.
Las consecuencias serán devastadoras para las economías domésticas. En lugar de protegerlas, la Unión Europea globalista las castiga. Cada medida que se toma desde Bruselas apunta a un mismo objetivo: empobrecer a los ciudadanos y destruir el sector primario.
Estas políticas energéticas no son errores, sino estrategias. Quieren forzarnos a depender de subsidios, renunciar a la propiedad, y vivir bajo el control de tecnócratas sin rostro. Esto no es ecologismo: es ingeniería social.
La Agenda 2030 como hoja de ruta del sometimiento
La Agenda 2030, aliada inseparable de la Unión Europea globalista, establece una serie de metas que, lejos de beneficiar a los pueblos, sirven para consolidar la hegemonía de las élites. Bajo promesas de “transición justa” y “energías limpias”, lo que realmente buscan es desarticular el campo, cerrar explotaciones familiares y suprimir la soberanía energética de las naciones.
El ataque al sector primario es intencionado. Menos ganaderos, menos agricultores, menos autosuficiencia. Más dependencia, más control. La reciente aprobación de estas medidas por parte del Parlamento Europeo evidencia que los grandes partidos han abandonado al ciudadano medio.
Von der Leyen, junto a los populares europeos y socialistas, actúa como un bloque uniforme que desprecia las realidades nacionales. Solo un frente soberanista fuerte podrá detener esta deriva autoritaria.
España debe recuperar su soberanía energética y fiscal
España no puede seguir atada a una estructura supranacional que empobrece al pueblo y destruye sus pilares productivos. El campo español no resiste más imposiciones. Las familias no pueden seguir pagando los experimentos ideológicos de Bruselas.
Defendamos el principio de subsidiariedad: las decisiones deben tomarse lo más cerca posible del ciudadano. Y defendamos el derecho a vivir con dignidad, sin que una tecnocracia globalista decida cuánto pagaremos por calentar nuestras casas o qué podemos producir en nuestros campos.
La Unión Europea globalista no representa al ciudadano, sino a las élites.
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