Impacto España Noticias
La Audiencia Nacional ha comenzado a juzgar a seis personas, en su mayoría antiguos miembros de ETA y del entorno de Sortu, acusadas de organizar más de un centenar de actos de homenaje a presos de la banda terrorista ETA entre 2016 y 2020. Los hechos están siendo investigados por presuntos delitos de organización criminal y enaltecimiento del terrorismo. Mientras esto ocurre en sede judicial, el silencio del Gobierno central es ensordecedor.
Un Ejecutivo que ha demostrado una determinación férrea por revisar la historia del franquismo, llegando incluso a exhumar los restos de Francisco Franco, pero que tolera con tibieza —y en algunos casos negocia con— los herederos políticos de quienes mancharon de sangre décadas de democracia.
Los hechos: Kalera Kalera, ongi etorris y la exaltación del terror
El juicio gira en torno a la llamada dinámica "Kalera Kalera", un proyecto articulado desde el entorno de la izquierda abertzale que, según la Fiscalía, se encargaba de organizar sistemáticamente homenajes públicos a presos de ETA en el momento de su excarcelación, su regreso a España o incluso tras su fallecimiento.
Son los conocidos "ongi etorris", actos en los que se recibe con vítores, aplausos y simbología política a personas condenadas por asesinatos, secuestros y otros crímenes ligados a la banda terrorista.
Entre los acusados se encuentran nombres emblemáticos del entorno etarra, como José Antonio López Ruiz "Kubati", quien fue condenado por múltiples asesinatos, entre ellos el de la socialista Dolores González Catarain, "Yoyes", y que ahora está acusado de coordinar la logística de estos homenajes. También están procesados antiguos miembros del aparato propagandístico de Sortu, como Carlos Sáez de Egilaz, vinculado a la dirección de la revista KaleraInfo, y otros activistas que formaban parte de la comisión de presos del partido.
Según la acusación, los actos seguían un protocolo estricto: solo eran homenajeados quienes se mantenían fieles a la disciplina del EPPK (el colectivo de presos de ETA), excluyendo a quienes optaron por la "vía Nanclares", es decir, aquellos que decidieron romper con la violencia, pedir perdón y colaborar con la justicia.
El silencio político y la contradicción institucional
Mientras tanto, el actual Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, guarda silencio ante estos hechos. No solo no ha emitido ninguna condena pública, sino que mantiene alianzas parlamentarias con partidos que han defendido a estos colectivos o se han negado sistemáticamente a condenar la violencia etarra en el Congreso de los Diputados.
Resulta paradójico que el mismo Gobierno que impulsó con fuerza la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos —con el argumento de que “una democracia no puede rendir homenaje a un dictador”— ahora mire hacia otro lado mientras se rinde homenaje a terroristas condenados. A Franco, fallecido en 1975, se le sigue combatiendo con leyes de memoria y se reescriben páginas del pasado; mientras tanto, etarras excarcelados o sus cómplices son celebrados públicamente en las calles del País Vasco y Navarra sin una condena institucional tajante.
Este doble rasero no solo desconcierta a gran parte de la ciudadanía, sino que humilla a las víctimas del terrorismo —incluidas muchas vinculadas al Partido Socialista—. Basta recordar que ETA asesinó a más de una veintena de militantes y cargos socialistas, como Fernando Buesa, Enrique Casas o el propio Ernest Lluch. Sin embargo, el relato actual parece querer normalizar una narrativa en la que los asesinos se convierten en referentes políticos, mientras se demoniza a todo vestigio del pasado franquista, incluso en sus formas más simbólicas.
El dolor de las víctimas, de nuevo silenciado
La Fiscalía, en su escrito de acusación, subraya que los actos organizados por Kalera Kalera “produjeron una constante humillación a las víctimas y un impacto psicológico negativo”. En esta causa, incluso han sido llamadas a testificar personas como Ana Velasco Vidal-Abarca y Eduardo Lázaro, hijos de víctimas asesinadas por ETA en 1980, que han recordado públicamente lo doloroso que es ver a los asesinos de sus padres recibidos como héroes en plazas públicas.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha sido contundente al exigir penas de prisión por considerar que estos homenajes no son simples actos de libertad de expresión, sino parte de una estrategia de legitimación de la actividad terrorista. Y lo que es aún más grave: una táctica para mantener la cohesión del entorno radical que aún no ha condenado el terrorismo ni ha pedido perdón.
Una deuda pendiente con la democracia
En definitiva, lo que se juzga estos días no es solo una serie de homenajes ilegítimos, sino una batalla por la memoria y la dignidad de las víctimas. El problema no es solo jurídico; es profundamente político y ético.
Mientras el Estado invierte recursos y energía en combatir los símbolos de una dictadura extinguida hace casi medio siglo, se muestra ambiguo e incluso complaciente con aquellos que celebran a quienes sembraron el terror durante más de 40 años de democracia. El resultado es una sociedad desorientada, un discurso público fracturado y una justicia que llega —cuando llega— a contracorriente de la política.
España aún tiene muchas heridas sin cerrar. Pero si se quiere ser coherente con la defensa de la libertad, de la democracia y de las víctimas, no se puede perseguir a los muertos mientras se honra a los asesinos.
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