Según Vox, mientras la violencia en las calles por parte de los grupúsculos proetarras se hace cada vez más presente, «el apoyo a las formaciones constitucionalistas en País Vasco aumentó considerablemente en las pasadas elecciones»
Conviene recordar que quemar la bandera de España no está amparado por la libertad de expresión, como sostienen las formaciones secesionistas y de extrema izquierda. El ultraje a la bandera está tipificado como delito en el Código Penal, concretamente en el artículo 543
Unos hechos que se producen pocas horas después de que el terrorista Otegui cargase contra ese mismo periódico en una radio vasca
Lo más preocupante es la relación política que el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene con EH Bildu, socio parlamentario en diversos acuerdos. Pactar con un partido que comparte espacio político con Sortu plantea una contradicción ética de difícil digestión
En virtud de este acuerdo queda suspendida la ejecución de esta pena con la condición de que en un plazo de tres años los acusados -todos en libertad- no vuelvan a delinquir y en concreto no participen en homenajes a etarras
A Franco, fallecido en 1975, se le sigue combatiendo con leyes de memoria y se reescriben páginas del pasado; mientras tanto, etarras excarcelados o sus cómplices son celebrados públicamente en las calles del País Vasco y Navarra sin una condena institucional tajante
Las declaraciones, pronunciadas en un tono especialmente duro, han intensificado el enfrentamiento político y han reabierto el debate sobre las prioridades presupuestarias del Gobierno, el uso de los recursos públicos y el papel de la comunicación institucional
No, no se nos caería la cara de vergüenza que Juan Carlos regresara de un país islamista, y amigo, en un ataúd, y sin saber en donde enterrarlo si en el Congreso de los Diputados que salvó de una carnicería. O quemarlo en un tren
El Ministerio de Hacienda recibirá una parte del aumento a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ya que las pensiones tributan como rendimientos del trabajo
Tras los movimientos impulsados en los últimos meses para endurecer los requisitos de las universidades privadas, el Ejecutivo prepara un nuevo real decreto con el que pretende “poner límites” a los centros privados de FP
Ha señalado que por las noches se observan desplazamientos de estas personas entre distintos barrios y municipios, y sostiene que no se trata de gente que haya llegado para trabajar, sino para «hacer daño»