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El Tribunal Constitucional inicia este lunes un pleno monográfico para abordar uno de los episodios más graves de degradación institucional de los últimos años: la ley de amnistía. Será la mayoría progresista, una vez más, la que previsiblemente impondrá su criterio para avalar una norma diseñada a la medida de Pedro Sánchez y de los golpistas, mientras el bloque conservador denuncia la ruptura del propio funcionamiento interno del tribunal.
La ponencia, elaborada por la vicepresidenta del Constitucional, Inmaculada Montalbán, ya está redactada. Según fuentes jurídicas, el plan es que el tribunal dicte sentencia antes de que finalice la semana. El debate se estructurará en bloques temáticos: primero se examinará la petición de PP, Senado y los magistrados conservadores para elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al entender que la ley de amnistía vulnera el derecho comunitario.
Este intento ya fue rechazado en el anterior pleno, pero los recursos de súplica presentados obligaron a Montalbán a incluir un nuevo apartado en su borrador, donde descarta acudir a Luxemburgo alegando que la amnistía responde a cuestiones políticas internas y que, por tanto, son competencia exclusiva del Estado español.
Superado este trámite, los magistrados debatirán el núcleo del asunto: si la Constitución permite la amnistía y si esta ley concreta encaja en el marco constitucional. Además, se revisarán las impugnaciones específicas planteadas a varios artículos de la norma.
El pleno contará solo con diez magistrados. Dos han quedado fuera: Juan Carlos Campo, exministro de Justicia de Sánchez, recusado por su evidente conflicto de intereses tras haber avalado como ministro los indultos del golpe separatista; y José María Macías, apartado por la recusación presentada por la Fiscalía al haber participado en informes previos sobre la ley desde el Consejo General del Poder Judicial.
La exclusión de Macías ha intensificado el profundo malestar del bloque conservador. Acusan al presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, de actuar con «absoluto secretismo» durante la elaboración de la ponencia, que fue conocida por los medios antes de ser compartida con los propios magistrados. Además, reprochan la negativa de Conde-Pumpido a prolongar las deliberaciones más allá de esta semana, desoyendo las peticiones de Enrique Arnaldo de extender los debates al mes de julio.
Un aval político a medida de Sánchez
La ponencia de Montalbán, de 191 páginas, parte de un principio: «el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba expresamente». Con este razonamiento, descarta que la prohibición de los indultos generales pueda extenderse por analogía a la amnistía, pese a que la Carta Magna no mencione esta figura.
Sobre el verdadero objetivo de la amnistía —la investidura de Sánchez— la ponencia lo relativiza al afirmar que «las leyes siempre responden a criterios de oportunidad política», lo que convierte su motivación en jurídicamente irrelevante. Según Montalbán, la ley persigue una supuesta «mayor paz ciudadana» y, por tanto, no es un «capricho».
Puigdemont y Junqueras, pendientes del Supremo
La ponencia, sin embargo, no aborda el delito de malversación. El motivo es técnico: el PP no lo incluyó en su recurso. Por ello, serán los recursos individuales de los líderes separatistas los que obliguen al Constitucional a pronunciarse en los próximos meses.
Este vacío mantiene de momento intactas las decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo, que, al interpretar el delito de malversación vinculado a los intereses financieros de la UE, ha impedido la aplicación plena de la amnistía a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y al resto de responsables del procés. Las órdenes de detención contra Puigdemont, Comín y Puig, así como las penas de inhabilitación de Junqueras hasta 2031, continúan vigentes.
En el Supremo ya preparan la siguiente batalla judicial. Anticipan que, si el Constitucional confirma la constitucionalidad de la ley, los líderes separatistas acudirán al alto tribunal para intentar su aplicación. Allí podrían abrirse nuevas cuestiones prejudiciales ante el TJUE, esta vez planteadas por los propios magistrados del Supremo.
El Constitucional sentenciará sobre la amnistía hasta 2026
La maquinaria de deslegitimación constitucional seguirá funcionando en los próximos meses. Tras esta primera sentencia, el Tribunal Constitucional se reservará el resto de recursos (los de varias comunidades autónomas y los recursos de amparo) para después del verano. Según las estimaciones, el TC podría seguir resolviendo sobre distintos aspectos de la amnistía hasta bien entrado 2026.
Aunque cada impugnación tendrá sus propios matices, la primera sentencia marcará el criterio general. La fractura interna del tribunal, el desprestigio institucional y la imagen de un tribunal politizado y al servicio del Ejecutivo acompañarán este proceso durante los próximos años.
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