
Marruecos entrega el subsuelo próximo a Canarias a multinacionales extranjeras ante el silencio del Gobierno

La soberanía económica de las Islas Canarias se enfrenta a una amenaza sin precedentes ante el avance silencioso de Rabat sobre las aguas del Atlántico. Según expone el exmilitar y experto en seguridad Ramón Cuerda Riva en su reciente artículo para Escudo Digital, titulado "Marruecos vende el subsuelo de Canarias ante la pasividad del gobierno español", el reino alauita está aplicando una implacable política de hechos consumados para apropiarse de recursos estratégicos multimillonarios, desde bolsas de gas hasta las tierras raras del Monte Tropic, mediante la concesión de licencias a multinacionales de Italia, Catar, Reino Unido e Israel, todo ello ante la inacción diplomática de Moncloa.
El mapa marítimo que rodea a Canarias sufre una transformación que no responde a la geología, sino a las decisiones del Palacio de la Moncloa. El Reino de Marruecos avanza en la apropiación de los recursos situados en las aguas del Sáhara Occidental, un espacio que se solapa con los derechos de soberanía económica del archipiélago. Ante la falta de respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez, Rabat consolida su posición mediante la vía de los hechos consumados.


El giro del Ejecutivo respecto al Sáhara entregó la principal baza de negociación de España. Moncloa priorizó la estabilidad en Ceuta y Melilla, la cooperación antiterrorista y una paz migratoria temporal. El coste de esa cesión recae sobre el Atlántico. Marruecos licita hoy bloques de exploración en aguas que el derecho internacional no le reconoce y crea un escenario que lastrará el desarrollo económico de las islas durante décadas.
El blindaje de las multinacionales extranjeras
Consciente de que sus pretensiones sobre las aguas saharauis carecen de aval en las resoluciones de la ONU, el rey Mohamed VI ha decidido atraer al capital internacional para compartir el subsuelo marino. Mediante la entrega de licencias de exploración energética, Marruecos levanta un escudo financiero que protege sus intereses frente a cualquier reclamación española.
El reparto abarca corporaciones de cuatro países. En el bloque Boujdour Atlantique, Rabat ha integrado a la firma israelí NewMed Energy, lo que garantiza el respaldo del sector energético de Tel Aviv y afianza la arquitectura de los Acuerdos de Abraham. En paralelo, la alianza de la italiana ENI con QatarEnergy en la zona de Tarfaya Offshore Shallow introduce un doble blindaje.
Por un lado, compromete los intereses comerciales de un Estado miembro de la Unión Europea frente a posibles actuaciones de agencias como Frontex; por otro, suma el músculo financiero y geopolítico de una de las principales monarquías del golfo Pérsico.
La ecuación se cierra con las concesiones a las operadoras británicas Chariot y Europa Oil & Gas. Tras el Brexit, el Reino Unido busca asegurar recursos energéticos propios fuera de los cauces regulatorios comunitarios. Mientras el Ejecutivo español guarda silencio para no alterar su relación con Rabat, Marruecos convierte la ocupación de las aguas cercanas a Canarias en un negocio respaldado por potencias extranjeras.
El gas y el tesoro del Monte Tropic
Lo que está en juego en la fachada atlántica no son simples expectativas de hidrocarburos, sino una de las mayores bolsas de riqueza del planeta, dividida en dos grandes áreas que inciden en el futuro de Canarias.
La primera es la soberanía gasística. Las prospecciones realizadas en el área adyacente al Sáhara y en la zona de solapamiento con el archipiélago revelan reservas valoradas en más de 40.000 millones de euros. El control de estos yacimientos dará a Marruecos autarquía energética y capacidad para fijar los precios del suministro en el norte de África.
El segundo activo reside en el Monte Tropic, situado en la ampliación de la plataforma continental que España reclama para Canarias.
Esta montaña submarina alberga materias primas esenciales para la industria tecnológica.
Los estudios calculan que acumula un volumen de telurio equivalente al 10% del consumo mundial necesario para fabricar paneles solares, además de 2.500 veces más cobalto del que se extrae al año en toda la tierra firme del planeta. Su valor estimado supera los 90.000 millones de euros. Al permitir que Marruecos absorba estos bloques mediante sus leyes de 2020 sobre su Zona Económica Exclusiva, España renuncia a litigar por un patrimonio vinculado a la prosperidad de los canarios.
Contratos frente a comisiones de trabajo
La inacción del Ministerio de Asuntos Exteriores inquieta a los propios socios de la Unión Europea, que necesitan estas materias primas críticas para sus industrias. Marruecos utiliza su legislación interna para expandir sus fronteras sobre espacios de los que la Convención de Jamaica (Convemar) prohíbe apropiarse por cuenta propia.
Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado que las aguas saharauis pertenecen a un territorio en litigio y que su explotación comercial es ilegal sin el consentimiento de la población saharaui.
El Gobierno español sostiene en público que los contactos de la comisión mixta hispano-marroquí para delimitar los espacios marítimos avanzan con normalidad. Sin embargo, los hechos desmienten a Moncloa. Mientras la delegación española acude a las citas con informes técnicos y apelaciones al diálogo, Rabat firma contratos vinculantes a largo plazo con las multinacionales.
Una hipoteca para el próximo Gobierno
El problema trasciende la legislatura actual. Según los informes que se analizan en el entorno del Palacio Real de Rabat, Marruecos ya prepara su respuesta ante el posible fin de la política de concesiones de Sánchez si un Gobierno de PP y Vox llega al poder tras las próximas elecciones generales.
Cuando un nuevo Ejecutivo intente revertir la situación, exigir el cumplimiento de la ley internacional o defender la Zona Económica Exclusiva de Canarias, se topará con una barrera de intereses empresariales.
España no solo tendrá que negociar con Rabat; deberá afrontar las reclamaciones legales y las indemnizaciones millonarias de las compañías de Italia, el Reino Unido, Catar e Israel, cuyos gobiernos protegerán la seguridad jurídica de las inversiones amparadas por las licencias marroquíes. El gabinete actual aplaza el conflicto y compra una calma temporal a costa de entregar la soberanía económica y los recursos de las próximas generaciones de canarios.
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