Juan Manuel Álvarez, constructor y esposo de Isabel Pardo de Vera —expresidenta de Adif e imputada en el Tribunal Supremo por presunta corrupción—, está en el centro de una compleja operación inmobiliaria que ha generado millones de euros en beneficios a partir de terrenos públicos
Corrupción27 de junio de 2025
Impacto España Noticias
Juan Manuel Álvarez, constructor y esposo de Isabel Pardo de Vera —expresidenta de Adif e imputada en el Tribunal Supremo por presunta corrupción—, está en el centro de una compleja operación inmobiliaria que ha generado millones de euros en beneficios a partir de terrenos públicos.
La adquisición de dos parcelas en Santiago de Compostela, durante la etapa en que Pardo de Vera ocupaba un alto cargo en Adif, ha levantado serias sospechas de tráfico de influencias y uso indebido de información privilegiada.
La compra sospechosa de suelo público en Santiago de Compostela
En 2016, el Grupo Arial —empresa propiedad de Álvarez— adquirió dos parcelas ubicadas en la calle Manuel Beiras, en la capital gallega. Estos terrenos, de 1.697 metros cuadrados, pertenecían a la antigua estación ferroviaria de Cornes y eran propiedad de Adif, la empresa pública responsable de la infraestructura ferroviaria en España.
Adif había fijado un precio de salida de 2,05 millones de euros, pero sorprendentemente, la subasta pública convocada para su venta quedó desierta, a pesar del interés manifestado por varios promotores inmobiliarios. Según fuentes del sector, hubo advertencias explícitas de no presentarse al concurso, lo que ha levantado sospechas de manipulación en el proceso de adjudicación.
Poco después, el Grupo Arial adquirió el terreno por un valor inferior al del mercado. La rapidez con la que se concretó la operación, sumada a la posterior revalorización del suelo, hace que numerosos expertos señalen posibles irregularidades que ahora están siendo investigadas por el Tribunal Supremo.
Una promoción inmobiliaria millonaria con sello personal
Una vez formalizada la compra, Juan Manuel Álvarez constituyó una sociedad ad hoc para gestionar el proyecto: M5 Cornes Residencial SL, creada el 29 de diciembre de 2016 con un capital social inicial de 100.000 euros. Esta empresa fue la encargada de desarrollar y comercializar una exclusiva promoción de viviendas de alto standing en el terreno adjudicado.
El proyecto, diseñado por los reconocidos arquitectos Carbajo y Barrios, contempla la construcción de tres bloques de ocho alturas, con un total de 125 viviendas, además de plazas de garaje, trasteros y 3.000 metros cuadrados de zonas verdes. Las superficies oscilan entre los 124 y los 174 m², incluyendo dúplex, y los precios rondan los 280.000 euros por unidad. Tal fue la expectación generada que Grupo Arial llegó a exigir una fianza de 1.000 euros solo para entrar en la lista de espera de la primera fase de venta.
Según las cuentas oficiales, M5 Cornes Residencial SL facturó 16,3 millones de euros en 2020 y 5,6 millones en 2021, lo que supone una cifra total cercana a 22 millones de euros en ingresos por la venta de los inmuebles.
Un enclave privilegiado: ¿inversión estratégica o ventaja interna?
Uno de los aspectos que más llama la atención es la ubicación estratégica de los terrenos. A tan solo 500 metros de la céntrica Plaza Roja de Santiago, el barrio de Cornes se perfila como uno de los nuevos polos de expansión urbana de la ciudad. Pero el verdadero impulso al valor de la zona vino con la proyección de una estación intermodal justo al lado de la promoción inmobiliaria, una obra pública proyectada por Adif en los años siguientes a la venta del suelo.
El 3 de julio de 2018, pocos días después del nombramiento de Isabel Pardo de Vera como presidenta de Adif —cargo al que accedió por designación del entonces ministro José Luis Ábalos—, el Grupo Arial celebraba en sus redes sociales el inicio de las obras de la estación. La coincidencia temporal ha alimentado las sospechas de que la empresa contaba con información privilegiada sobre futuras infraestructuras que afectarían directamente al valor del terreno.
Un pasado polémico: la historia del suelo de Cornes
La historia de los terrenos de Cornes ya venía marcada por la controversia. Originalmente fueron expropiados por el Estado a finales del siglo XIX para permitir la construcción del acceso ferroviario a Santiago. Sin embargo, en los años 90, Adif logró que se recalificaran como suelo urbanizable, lo que implicó una importante revalorización del activo.
Años más tarde, algunos de los antiguos propietarios trataron de revertir la expropiación, alegando que el suelo ya no tenía el uso público original. Los tribunales fallaron a favor de Adif, que pudo conservar la titularidad y poner los terrenos a la venta.
En 2013, en plena crisis económica, ya se había intentado una primera subasta de los terrenos, sin éxito. Pero en 2016, en un contexto de recuperación del mercado inmobiliario, Adif volvió a ponerlos a la venta esperando obtener unos 5,2 millones por ambas parcelas. Pese al renovado interés de promotores, la subasta volvió a quedar sospechosamente desierta.
Investigación judicial y registros de la Guardia Civil
El caso ha escalado a los tribunales. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró este jueves las viviendas de Juan Manuel Álvarez e Isabel Pardo de Vera, dentro de una macrocausa de corrupción que investiga comisiones ilegales y tráfico de influencias que salpican a varios miembros del Gobierno.
El Tribunal Supremo ha imputado a Pardo de Vera, y el foco se centra ahora en cómo se gestionaron internamente los procesos de adjudicación de suelo público, así como en su posible conocimiento anticipado de los planes urbanísticos que favorecieron a su entorno familiar directo.
Un caso mas de presunta corrupción institucional
La operación inmobiliaria del Grupo Arial en Santiago de Compostela, favorecida presuntamente por el acceso a información privilegiada y la manipulación de procesos administrativos, se ha convertido en un emblema de los riesgos estructurales de corrupción en empresas públicas. Con decenas de millones de euros en juego y una infraestructura ferroviaria diseñada alrededor del beneficio privado, el caso Cornes pone de relieve la necesidad de revisar los mecanismos de control y transparencia en las adjudicaciones públicas.
El tiempo y los tribunales dirán si se trató de una hábil inversión o de un ejemplo más de cómo se pueden instrumentalizar cargos públicos para el enriquecimiento personal. De momento, las investigaciones continúan, pero el escándalo ya está servido.
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