«Pedro Sánchez, hijo de puta», o «independencia judicial» han sido algunas de las proclamas escuchadas en la manifestación, aunque los magistrados y jueces han pedido respeto y «no insultar para defender el poder judicial.»
Nacional28 de junio de 2025
Impacto España Noticias
Este sábado jueces y fiscales han celebrado una manifestación frente al Tribunal Supremo contra la conocida como Ley Bolaños reclamando una justicia independiente. Esta ley, que quiere poner en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez, modificaría el acceso a ambas carreras y busca al mismo tiempo adaptar la Fiscalía al futuro cambio que dejará en manos de fiscales las investigaciones penales.
Los profesionales de la justicia ya habían anunciado una huelga para los días 1, 2 y 3 de julio si el Gobierno no da marcha atrás con esta ley.
«Pedro Sánchez, hijo de puta», o «independencia judicial» han sido algunas de las proclamas escuchadas en la manifestación, aunque los magistrados y jueces han pedido respeto y «no insultar para defender el poder judicial.»
A la convocatoria se han sumado la inmensa mayoría de las asociaciones judiciales, excepto las progresistas. Entre ellas estaba la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
En el manifiesto que han firmado las asociaciones han reclamado que «la independencia judicial es clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea», que hoy «está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas».
«Entre estas iniciativas se encuentra el proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal y el anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, iniciativas ambas contras las que estamos reaccionando», añade el escrito.
Respecto a modificar el acceso a ambas carreras, los jueces y fiscales han señalado que esto va a «rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las mismas, eliminando contenido esencial para nuestra formación, a la vez que introduce pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración. Así mismo, pretende meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces».
Además, recalcan que el Gobierno de Sánchez «pretende crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno, esto es, el poder ejecutivo interviniendo en la selección de los miembros del poder judicial, con el consiguiente riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales del país».
A la vez que todo esto, los profesionales advierten de que «se quiere aumentar el poder del Fiscal General del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo. También se pretenden eliminar las garantías de autonomía de los fiscales, reduciendo las posibilidades de oponerse a las órdenes de sus jefes», lamentan.
Las asociaciones han elegido el Supremo para manifestarse por tratarse de un «emplazamiento profundamente simbólico e institucional». «Es el lugar donde los opositores culminan su camino de acceso al servicio público, tras años de esfuerzo sustentado en los principios de mérito, capacidad e igualdad», subrayan.
Estas movilizaciones se suman al paro de diez minutos que ya celebraron a primeros del mes de junio junto con concentraciones a las puertas de los juzgados a las que se unieron de forma espontánea algunos ciudadanos con gritos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En dicha concentración se leyó un manifiesto en el que cuestionan que los cambios legislativos se planteen «en un ambiente de continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía».
Desde el ministerio de Justicia señalan que seguirán adelante con la tramitación parlamentaria de los proyectos y se cuestionan los motivos del paro.
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