Estas maniobras legales, amparadas por una legislación ideológica, ponen en riesgo la seguridad de las verdaderas mujeres en los módulos femeninos, donde pueden terminar siendo encerradas junto a delincuentes varones que ahora se amparan en un nuevo sexo registral ficticio
El Tonto del dia29 de junio de 2025
Impacto España Noticias
La ley trans permite el fraude en las cárceles
La Ley Trans supone un fraude legal y un riesgo en prisiones. Es ya una realidad alarmante en España. Desde su entrada en vigor en marzo de 2023, al menos 25 presos – se cree que son muchos más- han solicitado el cambio de sexo para acogerse a los beneficios de esta norma ideológica y sectaria que pone en jaque la justicia, la seguridad penitenciaria y la verdad biológica.
Esta ley no solo es aberrante en su esencia, sino que permite trampas jurídicas que afectan directamente a mujeres, víctimas reales, y desvirtúan por completo el orden penitenciario y judicial. La derogación de la ley trans es urgente e inaplazable.
La respuesta oficial: 25 presos cambiaron de sexo en un año
Según una respuesta de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias al Portal de Transparencia, desde marzo de 2023, 25 reclusos han solicitado el cambio de sexo amparándose en la ley trans. Un dato confirmado por escrito y firmado por Ángel Luis Ortiz, pero que no especifica si estos cambios conllevaron traslado de módulos ni si fueron acompañados de beneficios penitenciarios.
En ese mismo período, la población penitenciaria en España alcanzó los 56.698 internos, de acuerdo con el Anuario Estadístico del Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska.
Esto representa una proporción baja en cifras, pero de alto impacto institucional. El fraude legal que supone la Ley Trans no es un fenómeno aislado, sino parte de un diseño ideológico que pone en jaque la estructura misma del sistema penitenciario.
Las cifras del Registro Civil: más de 10.000 cambios en dos años
La manipulación y el fraude legal no se reduce al ámbito penitenciario. Durante el año 2024, se tramitaron 5.531 cambios registrales de sexo en toda España, lo que supone un aumento del 7,63 % respecto al 2023, cuando se realizaron 5.139 procedimientos.
En total, 10.670 personas han modificado su sexo legal en solo dos años, en un fenómeno que claramente ha sido impulsado por la laxitud legal que permite el auto reconocimiento sin evaluación médica, psicológica ni biológica.
Las comunidades autónomas que lideran este aumento son Madrid (1.422) y Cataluña (1.097), que concentran casi la mitad de los casos. Les siguen Andalucía (570), Galicia (388), Comunidad Valenciana (354), País Vasco (291) y Canarias (235).
La Ley Trans supone un fraude legal y no es más que la manifestación más grotesca de un fenómeno generalizado de distorsión jurídica, social y antropológica.
El fraude más reciente: cambiar de sexo para eludir la ley
No se trata solo de estadísticas. Hay víctimas directas de esta distorsión legal. Algunas de ellas denuncian que ciertos reclusos utilizaron el cambio de sexo como «una estrategia legal para evitar penas más severas». La gravedad es evidente: al modificar su sexo, estos agresores pasan a ser considerados legalmente mujeres, y por tanto, los delitos por violencia de género dejan de computarse como tal.
Estas maniobras legales, amparadas por una legislación ideológica, ponen en riesgo la seguridad de las verdaderas mujeres en los módulos femeninos, donde pueden terminar siendo encerradas junto a delincuentes varones que ahora se amparan en un nuevo sexo registral ficticio.
La ley trans: una amenaza a la justicia y la verdad
La Ley Trans supone un fraude legal y representa un punto de inflexión. No estamos ante casos individuales, sino ante un marco legal que habilita el fraude, el oportunismo y el relativismo jurídico. La ideología de género, impulsora de esta norma, ha demostrado ser incompatible con los principios más básicos de justicia, protección de las víctimas y orden público.
Desde su promulgación, los efectos nocivos de esta ley no han tardado en aparecer: vulneración de derechos de mujeres, caos administrativo, inseguridad jurídica y desprestigio institucional.
La Ley Trans supone un fraude legal y es la prueba irrefutable de que la ideología impuesta desde el poder ha llegado demasiado lejos. Cuando una ley permite a los delincuentes sortear condenas, desvirtuar registros oficiales y poner en peligro a mujeres reales, esa ley debe ser derogada inmediatamente.
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