Inquietud en el PSOE ante la declaración de Santos Cerdán este lunes en el Tribunal Supremo

Santos Cerdán declarará este lunes como imputado en el Tribunal Supremo a raíz del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le sitúa, junto al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor ministerial Koldo García, en el epicentro de una trama corrupta de cobro de comisiones a cambio de contratos de obra pública.

Fuentes de la defensa aseguran que Cerdán está dispuesto a declarar para poder dar las explicaciones oportunas ante los «consistentes indicios» de la comisión de delitos de organización criminal y cohecho que aprecia el instructor contra el ex dirigente socialista. En la sede de su partido, en Ferraz, crece la inquietud por lo que pueda decir.

 La vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, pidió este domingo al exnúmero tres del partido, Santos Cerdán, que colabore con la Justicia. En declaraciones a los medios desde el Palacio de Congreso de Sevilla (Fibes), remarcó que si hubo personas que no actuaron conforme a la ley tienen que «pagar las consecuencias».

Montero fue preguntada por este asunto, ante la inminente declaración de Cerdán, después de que el Alto Tribunal decidiese investigarle por el cobro de mordidas y las adjudicaciones irregulares de contratos de obras públicas junto al exministro José Luis Ábalos y el ex asesor ministerial, Koldo Garcia.

Pedro Sánchez autorizó inflar contratos con 50 millones que acabaron en sobornos de la trama socialista

Así, invitó a Cerdán a colaborar con la Justicia y ponerse a su disposición: «Y al final, si hay personas que se han apartado de una conducta conforme a ley, pues que paguen con sus consecuencias», subrayó. Considera que el exsecretario de Organización del PSOE tendrá que contestar a las preguntas del juez «y probablemente siga lo que le dicte su defensa» como hacen, apunta, la mayoría de personas que declaran ante la Justicia.

Cerdán se enfrentará al interrogatorio del instructor del caso Koldo, Leopoldo Puente, y del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. Es probable que las acusaciones populares soliciten que se decrete su ingreso en prisión provisional.

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