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Según consta en un informe remitido al Tribunal Supremo, varias modificaciones de contratos, aprobadas por el Consejo de Ministros y firmadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, están siendo examinadas por posibles irregularidades
Noticias30 de junio de 2025La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto en marcha una investigación sobre una presunta trama de corrupción vinculada a contratos de obras públicas adjudicados durante los últimos años por el Ministerio de Transportes. Según consta en un informe remitido al Tribunal Supremo, varias modificaciones de contratos, aprobadas por el Consejo de Ministros y firmadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, están siendo examinadas por posibles irregularidades relacionadas con el incremento de los importes adjudicados.
La investigación se enmarca en un procedimiento penal que apunta al posible cobro de comisiones ilícitas a través de sobrecostes en contratos públicos gestionados por empresas que, según los indicios, habrían mantenido vínculos estrechos con antiguos cargos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Modificaciones de contratos bajo sospecha
La UCO centra su atención en tres proyectos de infraestructuras adjudicados por la Dirección General de Carreteras —órgano dependiente del Ministerio de Transportes— que, tras ser otorgados inicialmente, recibieron ampliaciones significativas aprobadas por el Consejo de Ministros. Estos incrementos superaron el umbral del 10% del presupuesto original, lo que, conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, requiere autorización expresa del Ejecutivo.
Los contratos en cuestión afectan a proyectos en La Rioja, Sevilla y el Camino de Santiago (La Rioja-Burgos), y suman en total más de 50 millones de euros adicionales respecto al importe inicial.
1. Autovía A-68, tramo Arrúbal–Navarrete (La Rioja)
El contrato original fue adjudicado el 11 de septiembre de 2019 por un importe de 111.824.540,49 euros a una UTE formada por Acciona Construcción SA y Aquaterra Servicios Infraestructuras SL. Posteriormente, en la reunión del Consejo de Ministros del 17 de mayo de 2022, se autorizó un incremento de 21.203.154,69 euros, decisión firmada por Pedro Sánchez.
Un segundo aumento se aprobó en la sesión del 5 de noviembre de 2024, por valor de 1.145.302,03 euros, lo que elevó el presupuesto total a 134.172.997,21 euros, representando un aumento del 20% respecto a la cifra inicial.
2. Puente del Centenario (Sevilla)
Este proyecto fue adjudicado en mayo de 2021 a la UTE integrada por Acciona Construcción SA, Tecade SA y Freyssinet SAU, con un presupuesto inicial de 86.399.620,81 euros. El 23 de mayo de 2023, el Consejo de Ministros aprobó una modificación que incrementó la obra en 16.430.252,47 euros, situando el importe final en 102.829.873,28 euros, un 19% más que el contrato original.
3. Autovía A-12, tramo Santo Domingo de la Calzada–Villamayor del Río
Adjudicada el 11 de diciembre de 2019 a una UTE compuesta por Torrescamara y Cía SA, Ortiz Construcciones y Proyectos SA y Levantina, Ingeniería y Construcción SL —esta última, vinculada al empresario valenciano José Ruz—. El contrato se cerró inicialmente por 72.447.574,63 euros.
En la reunión del Consejo de Ministros celebrada el 7 de febrero de 2023, se autorizó una ampliación de 11.840.201,18 euros, elevando el total a 84.287.775,81 euros, un 16% de incremento.
Autorizaciones firmadas por el presidente del Gobierno
Las ampliaciones de estos contratos no se llevaron a cabo de forma discrecional por parte del ministerio, sino que siguieron el procedimiento legal establecido, el cual exige la aprobación del Consejo de Ministros en casos de modificaciones sustanciales. Así lo estipula el artículo 324.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, que señala que cualquier modificación superior al 10% del precio inicial, si no está prevista en los pliegos, requiere la autorización del órgano de contratación correspondiente, en este caso el Consejo.
En todas las reuniones gubernamentales en las que se autorizaron estas ampliaciones —fechadas el 17 de mayo de 2022, 7 de febrero de 2023, 23 de mayo de 2023 y 5 de noviembre de 2024— figura la firma de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
Avance de las diligencias judiciales
El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha tomado cartas en el asunto y ordenado diligencias previas para esclarecer si dichas ampliaciones encubren prácticas corruptas. La pasada semana, agentes de la policía judicial acudieron a la sede de la Dirección General de Carreteras, donde solicitaron documentación vinculada a estos expedientes.
Además, la UCO registró el domicilio de Javier Herrero, ex director general de Carreteras, quien permaneció en el cargo hasta 2022. En una de las grabaciones obtenidas durante la investigación, se recoge cómo Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE e imputado por el Supremo, se habría opuesto a la destitución de Herrero en 2019 alegando que "podía contar lo que hay".
Contactos y relaciones empresariales bajo lupa
Las adjudicaciones originales de las obras fueron realizadas durante el mandato del entonces ministro José Luis Ábalos, y bajo la gestión de la Dirección General de Carreteras. Posteriormente, las ampliaciones fueron tramitadas durante las etapas de Raquel Sánchez (hoy presidenta de Paradores) y Óscar Puente, actual ministro del ramo.
El informe policial también menciona conexiones relevantes entre las empresas adjudicatarias y figuras clave del entramado. En concreto, se destaca la figura de Fernando Merino, ex directivo de Acciona y supuesto nexo con políticos del PSOE, entre ellos Cerdán y Koldo García, ex asesor de Ábalos.
Aunque las autorizaciones de ampliación de contratos cumplieron formalmente con lo establecido en la legislación vigente, la investigación en curso trata de esclarecer si estas modificaciones fueron utilizadas como instrumento para facilitar pagos indebidos o favores empresariales a cambio de contraprestaciones. De confirmarse, estaríamos ante un nuevo caso de corrupción institucional que podría tener graves consecuencias penales y políticas.
A fecha de hoy, el presidente del Gobierno no está imputado ni investigado, pero su nombre aparece en los acuerdos ministeriales que validaron estas modificaciones. Por tanto, los focos se dirigen a esclarecer si la responsabilidad política y técnica de estas decisiones puede derivarse a otros miembros de su equipo o al entorno empresarial implicado.
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