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La Fiscalía se ha opuesto a que el Tribunal Supremo acepte la petición del juez Peinado, instructor del caso Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, de investigar a Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, por presuntos delitos de malversación y falso testimonio.
El Ministerio Público ha respondido a la exposición motivada que fue elevada por el magistrado del caso Begoña Gómez contra Bolaños, dejando clara su posición contraria a que se investigue al ministro del Gobierno de Sánchez. Así se expone en el informe elevado por parte del fiscal del Supremo, Fernando Prieto. Ahora la Sala de Admisión del Alto Tribunal debe decidir si sigue la línea marcada por la Fiscalía o, por contra, accede a la petición de Juan Carlos Peinado.
La Fiscalía, autoridad pública encargada de impulsar la acción de la justicia en defensa de la legalidad, reacciona a la exposición razonada del titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, quien dirigió una exposición razonada al Tribunal Supremo pidiendo la investigación a Félix Bolaños al considerar que incurrió en dichos delitos por la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez en La Moncloa.
Peinado basaba el delito de falso testimonio en las contradicciones que apreció entre las declaraciones como testigos de Bolaños y el responsable de personal de Moncloa, Raúl Díaz.
En referencia a la malversación, el instructor del caso Begoña Gómez razonó que el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes era el responsable de velar por los fondos públicos con los que se pagó a Cristina Álvarez para que asistiera a Gómez no solo en su faceta de mujer del presidente del Gobierno sino también en sus actividades privadas.
En la exposición razonada de 31 páginas firmada, el juez Peinado se dirigía a la Sala Segunda del Tribunal Supremo «al considerar que la competencia para continuar la instrucción de la causa para el total esclarecimiento de los hechos recogidos en esta pieza podría corresponder a ese Alto Tribunal».
La investigación de la pieza separada se centra en la contratación de Cristina Álvarez «como personal eventual para realizar funciones de directora de programas, el día 18 de junio del año 2018», según consta en el documento judicial.
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