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El sindicato Manos Limpias ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra responsables consulares españoles en Argentina, México, Cuba y Venezuela por presuntas irregularidades en la aplicación de la conocida como Ley de Nietos. El escrito atribuye a los cónsules posibles delitos de prevaricación administrativa y de imprudencia grave con resultado de falsedad en documento público.
La iniciativa judicial, impulsada por el secretario general del sindicato, Miguel Bernad Remón, afecta a los consulados generales de Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba y Rosario, en Argentina; Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, en México; La Habana, en Cuba, y Caracas, en Venezuela.
Uno de los principales argumentos de la denuncia es que la tramitación masiva de solicitudes de nacionalidad habría provocado deficiencias en los controles exigibles. Manos Limpias sostiene que algunos expedientes se habrían aprobado utilizando únicamente fotocopias, sin las comprobaciones documentales que, a su juicio, exige la normativa.
El sindicato también cuestiona la aceptación de determinados expedientes correspondientes a personas con fechas de nacimiento anteriores al 18 de julio de 1936. Según la interpretación recogida en su escrito, estos casos no estarían contemplados en los supuestos previstos por la legislación, una circunstancia que reclama investigar para determinar si se produjeron actuaciones contrarias a derecho.
La denuncia recoge, además, testimonios de solicitantes y referencias a supuestas admisiones de diplomáticos sobre las dificultades para gestionar el elevado volumen de peticiones. No obstante, estas afirmaciones forman parte de los argumentos de la organización denunciante y deberán ser contrastadas por las autoridades competentes.
La ofensiva legal sostiene que la tramitación masiva de nacionalidades en estas legaciones diplomáticas se ha llevado a cabo bajo una instrucción que tachan de «prevaricadora» —apuntando directamente a la directriz impulsada por Sofía Puente— y carente por completo del rigor exigible a cualquier autoridad o funcionario público.
La ofensiva de Manos Limpias coincide con la controversia jurídica sobre las instrucciones utilizadas para aplicar la Ley de Memoria Democrática. El sindicato considera que la suspensión cautelar de determinados aspectos de esas instrucciones por parte del Tribunal Supremo refuerza la necesidad de investigar lo ocurrido en las oficinas consulares.
La organización sostiene que la presión administrativa y la acumulación de solicitudes no pueden justificar la omisión de controles legales. Por ello, solicita que la Fiscalía abra diligencias y remita el asunto a los juzgados de instrucción que correspondan.
Otro de los aspectos centrales del escrito es el posible efecto de las concesiones de nacionalidad sobre el censo de españoles residentes en el extranjero. Manos Limpias advierte de que una eventual aplicación irregular de la normativa podría tener consecuencias electorales, aunque la denuncia no demuestra por sí misma que se haya producido una alteración ilícita del censo ni que se hayan cometido delitos.
Como medida de investigación, el sindicato reclama que los consulados remitan la totalidad de los expedientes de nacionalidad tramitados al amparo de la Ley de Nietos y de las instrucciones cuestionadas.
La denuncia abre así un nuevo frente judicial en torno a una norma que ha permitido a numerosos descendientes de españoles solicitar la nacionalidad. Ahora corresponderá a la Fiscalía valorar los hechos denunciados, comprobar la documentación y determinar si existen indicios suficientes para continuar con las actuaciones.
Por el momento, la presentación de la denuncia no equivale a una declaración de culpabilidad de los responsables señalados. La investigación deberá establecer si las presuntas irregularidades denunciadas se produjeron y si tienen relevancia penal.
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