Al socaire de la tormenta de este verano

Este verano tenemos noticias frescas, aunque más bien parecen noticias de unos frescos, a tenor de lo que dicen algunas televisiones y muchos tuberistas (a los que los que ignoran la lengua española llaman youtubers), que usualmente son mucho más fiables que los medios habituales de información, comprados con la propaganda del régimen hasta que todo les ha explotado en las narices.

Según los indicios —pues líbreme el cielo de sentenciar— parece ser que tres de los políticos más encumbrados en el Partido del Gobierno (si bien uno de ellos era un mero asesor de ministro) han estado cobrando dinero a cambio de decisiones que afectaban a empresas, y todo se ha sabido porque alguna de estas ha dejado de pagar.

 Esto se ha solapado con el intento del gobierno de controlar las instrucciones de los jueces, derivándolas por decreto a los fiscales, que ya sabemos que dependen del General del Estado. En EEUU, por ejemplo, son los fiscales y no los jueces los que hacen las instrucciones de los casos, pero es que allí los fiscales son independientes del gobierno y entre sí. El Fiscal de la Nación, General Attorney, sí que es nombrado por el Presidente, en este caso don Dónald Trump, pero no tiene mando alguno sobre los demás fiscales del país, por muy general que sea. ¿Es eso lo que se contempla en el Decreto del Excelentísimo Señor Presidente del Gobierno de España?

Aún a riesgo de equivocarme, y sin haber leído el texto de semejante decreto, me atrevo a decir que no: El Fiscal General del Estado Español está investigado porque la instrucción la lleva un juez, no un fiscal, que estaría a sus órdenes. Si a ese juez se le quita la facultad de instruir casos, el fiscal sobre el que recayese el mismo lo retirará de modo inmediato. ¿Eso es justicia?

El gobierno y todo tipo de autoridad en España debería tener una conducta ejemplar, y al anuncio de que una causa contra él o ella se pueda dirimir, debería dimitir ipso facto para poder defenderse, y volver luego a su puesto si se demuestra su inocencia, pues es lo que entiendo que es justo. Pero en este país no dimite nadie. O casi nadie, porque brillan en dignidad dos personas:

 El Presidente don Adolfo Suárez González, que dimitió por falta de apoyo de su partido, UCD, y de los ciudadanos, y don Antonio Asunción Hernández, del PSOE, que dimitió porque siendo él Ministro del Interior se le escapó de España don Luis Roldán Ibáñez, condenado por fraude, cohecho y enriquecimiento ilícito mientras fue Director General de la Guardia Civil. Pero los demás, del Rey abajo —como diría don Francisco Rojas Zorrilla— ninguno dimite, ni renuncia al cargo quizá porque no tenga nada que hacer fuera de la política, como no sea cobrar el paro o de su participación en programas televisivos de cotilleo mientras le aguanten la vara.

España necesita un Bukele que venga y desmonte esta trama corrupta que se llama Democracia sin serlo. Digo que es corrupta porque nos han hurtado a los ciudadanos el poder controlar a los que se dicen nuestros representantes. No podemos ni ponerlos ni quitarlos. Lo del dinero, a mi juicio es mucho menos importante que lo de la soberanía.

A pesar de lo que dice la Constitución vigente, la soberanía de España no la ostenta el pueblo español, sino el Presidente del Gobierno, que por la propia mecánica descrita en dicho documento tiene en sus manos los poderes legislativo y ejecutivo, y ahora está a punto de conseguir también adueñarse del judicial, lo cual lo convertirá en Dictador. El último que tuvo esos tres poderes en sus manos en España se llamaba Francisco Franco Bahamonde, y no entiendo que los políticos de ahora lo vituperen y a la vez lo quieran imitar.

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Aún hay gente ingenua, desinformada o malvada, que afirma con rotundidad que hay que votar para que se tenga en cuenta mi opinión. Pero no es la opinión de nadie la que luego decide lo que se hace desde el Gobierno, sino la del Presidente mismo, sin que la condicione necesariamente el propio cuerpo de ministros.

Y si el Presidente cambia de opinión, sea porque encuentra que es mejor hacer lo contrario de lo que prometió, sea porque le hagan falta algunos votos —por ejemplo, 7— para algo, le volverá la espalda al bien del país, si así lo estima necesario, sin que haya mecanismo alguno para impedirlo, o siquiera para que tenga en cuenta su opinión. 

Lejos, muy lejos estamos de políticos de la talla del bueno de don Nicolás Salmerón Alonso, Presidente de la Primera República Española, que dimitió el 7 de septiembre de 1873 para no tener que firmar una condena a muerte a diversos implicados en la Rebelión Cantonal, debido a su compromiso con la vida y la justicia, según dijo entonces. Igualico, igualico que los políticos de ahora, ¿no?

Ahora tenemos políticos que pasan por lo que sea con tal de no soltar la poltrona, ese asiento que hay en el escaño de la cámara a la que les ha llevado la decisión personal del líder de su partido político.

Pero la culpa de todo esto, repito aún a riesgo de parecer pesado, no es de don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, ni de don Koldo García Izaguirre, ni de don Santos Cerdán León, ni tampoco ninguno de los que aparezcan en esta u otra trama ulterior que pueda surgir propiciada y amparada por el Régimen del 78, tramposo en su nacimiento y falseado y blanqueado hoy en día por propios y extraños, denunciado en su día por don Antonio García-Trevijano Forte —sobre el que el PSOE de Felipe González vertió calumnias indignas y que hoy en día sigue vertiendo más gente, como el supuesto adalid de la democracia, don César Vidal Manzanares desde su púlpito yanqui—, así como la exigua minoría que hoy en día en España sabe lo que dice cuando habla de política.

Y mientras, este régimen traidor a España y a los españoles seguirá progresando en beneficio propio, mientras lo sostengan sus tres columnas fundamentales: la de la desidia, la del sectarismo y la de la ignorancia de los españoles.

Aviados vamos.

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