Se pide una Revolución judicial a los jueces

El investigador Javier Marzal, autor de una serie de siete artículos sobre la corrupción internacional publicados en 2026 en una red académica, ha presentado dos quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los días 29 de octubre y 2 de noviembre, solicitando una transformación de la respuesta judicial frente a la corrupción.

La revolución judicial que se propone no requiere nuevas leyes, sino que los jueces cumplan las existentes, especialmente sus obligaciones de actuar ante los indicios de delitos de los que tengan conocimiento durante la tramitación de procedimientos judiciales.

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La primera cuestión afecta a las mayores organizaciones económicas de España: la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, que, además, deberían ser organismos autónomos.

Las memorias oficiales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) registran 76.780 sentencias en 2023, de las cuales 28.146 fueron favorables a los ciudadanos, y 85.094 en 2024, con 30.919 favorables a los interesados.

En solo dos años, por tanto, se contabilizaron 59.065 resoluciones favorables a los ciudadanos en litigios con el INSS. En la denuncia se dice que esta trama explota en 1983 y se aportan cifras también del último Gobierno del PP.

La queja sostiene que la magnitud, persistencia y extensión territorial de estas actuaciones justifican investigar si, además de infracciones administrativas y posibles delitos individuales, existen prácticas ilícitas organizadas dentro de ambas instituciones, y si los órganos judiciales han cumplido sus obligaciones de denunciar ante los indicios de delitos.

Según Marzal, estas tramas están utilizando el dinero del contribuyente para actuar masivamente contra ellos, mediante una legión de abogados corruptos que tampoco son denunciados por los jueces que intervienen en estos procedimientos.

Como antecedente, se incorpora una denuncia penal de 2019 de una Alianza de cuatro asociaciones y un movimiento social, investigada y redactada por Marzal, relativa a una trama organizada de falsificación de vidas laborales de más de 200.000 trabajadores del mar para retrasar su jubilación. La denuncia señalaba actuaciones de dos organismos de la Seguridad Social y responsabilidades de autoridades de sucesivos gobiernos de distinto signo político, incluyendo los dos últimos presidentes de Gobierno, varios ministros y secretarios de Estado de ambos.

El caso tuvo repercusión mediática, incluida RTVE, y llegó a los principales sindicatos y asociaciones de marinos.

La queja solicita al CGPJ que examine las resoluciones judiciales y los posibles incumplimientos de los deberes de los jueces ante actuaciones administrativas con indicios de relevancia penal. El objetivo es que no se investiguen únicamente los expedientes individuales, sino también los posibles mecanismos organizados que originan y reproducen las irregularidades.

Represalias judiciales contra denunciantes de corrupción

La segunda cuestión se refiere a las represalias contra abogados, periodistas, dirigentes de asociaciones y otros denunciantes de corrupción.

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El 6 de diciembre de 2019, la misma Alianza interpuso ante la Fiscalía General del Estado una denuncia penal, también investigada y redactada por Marzal, sobre represalias judiciales en cinco comunidades autónomas, en los tribunales nacionales y en el Tribunal Constitucional.

La Fiscalía comunicó el 29 de enero de 2020 un decreto de archivo fechado veinte días antes. Los denunciantes solicitaron el documento completo, al advertir una aparente discontinuidad entre sus páginas, y preguntaron por qué una denuncia penal había sido tramitada como queja disciplinaria. Según la documentación presentada, nunca recibieron respuesta.

La nueva queja ante el CGPJ incorpora aquella denuncia, dos procedimientos actualmente en curso -uno relacionado con las denuncias sobre pagos a asistentes de eurodiputados españoles en el caso Qatargate- y actuaciones del Tribunal Supremo en 2025 donde indiciariamente encubrió los delitos de varios miembros del Gobierno, de parlamentarios y del parte del Tribunal Constitucional que el denunciante considera relevantes para investigar posibles encubrimientos y represalias.

La cuestión tiene dimensión europea. Transparencia Internacional advirtió, en su informe del 16 de abril de 2026 sobre la eficacia de la protección de los denunciantes en la Unión Europea, de graves deficiencias en la protección efectiva frente a represalias.

Las asociaciones judiciales, llamadas a participar

Con el propósito de involucrar a la propia judicatura en esta iniciativa, se ha dado traslado de las dos quejas a las asociaciones de jueces.

La propuesta pretende que los órganos judiciales asuman un papel activo en la detección y comunicación de posibles delitos conocidos durante los procedimientos, especialmente cuando existan indicios de actuaciones organizadas y reiteradas dentro de las administraciones públicas.

No se pide al CGPJ que revise sentencias ni que interfiera en la independencia judicial, sino que examine si los jueces y tribunales han cumplido sus obligaciones legales y si existen deficiencias institucionales que favorecen la continuidad de las actuaciones denunciadas y que hacen que España sea un país donde se tolera la corrupción sistémica, con cifras que superan el 10% del PIB en línea con las estimaciones del 25% del gasto público mundial publicado por Naciones Unidas en 2023..

La revolución judicial propuesta consiste en hacer efectivo el imperio de la ley también frente a las propias instituciones del Estado, investigando no solo las actuaciones individuales, sino las posibles tramas organizadas que puedan estar detrás de ellas.

Estas denuncias también se han trasladado a los partidos políticos que nunca han gobernado.

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