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Pedro Sánchez atraviesa uno de los momentos más delicados de su mandato, pero lejos de marcar distancia con los elementos más radicales de su arco de apoyo parlamentario, redobla su apuesta por un modelo de gobierno basado en pactos con fuerzas que nunca han condenado el terrorismo de ETA.
El último movimiento del líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, confirma no solo que el precio del apoyo de su formación va en aumento, sino que las cesiones exigidas por los herederos políticos de Batasuna rozan ya lo que muchos consideran una claudicación del Estado de Derecho.
Otegi sube la apuesta: exige un "Estado plurinacional"
En un contexto marcado por la debilidad del PSOE y los escándalos de corrupción que sacuden al entorno del presidente, Otegi ha decidido subir el tono. Ya no le basta con mantener su papel de socio parlamentario clave: ahora exige una transformación estructural del Estado. Durante un acto reciente, el líder abertzale reclamó “un nuevo proyecto que aborde de verdad una reflexión sobre el modelo de Estado”, en clara alusión a una confederación plurinacional que diluya el concepto de soberanía nacional.
La exigencia no es solo política. Es profundamente ideológica: viene acompañada de una simbólica pero provocadora reivindicación de figuras históricas del terrorismo etarra. El mismo Otegi participó en un homenaje a María Soledad Iparragirre, alias Anboto, jefa de ETA y responsable de múltiples atentados con víctimas mortales. Sin un solo gesto de perdón, sin una sola palabra de arrepentimiento, Bildu le rinde honores mientras Pedro Sánchez continúa negociando con ellos como si se tratara de un partido democrático más.
El precio del poder: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Sánchez?
Con sus apoyos erosionándose y los escándalos acumulándose —desde el ‘caso Koldo’ hasta las revelaciones que rodean al entorno personal y familiar del presidente—, Pedro Sánchez necesita desesperadamente los votos de EH Bildu para sostenerse. Y Otegi lo sabe. Por eso, el líder independentista vasco no se limita a mantener un perfil bajo, como en legislaturas anteriores. Ahora exige y condiciona. Sabe que su apoyo es imprescindible, y ha decidido cobrarlo caro.
El problema no es solo moral —negociar con quienes no han pedido perdón por apoyar el terrorismo—, sino político e institucional. Las exigencias de Bildu, si son aceptadas, implican romper con el consenso constitucional de 1978 y embarcar al país en una deriva federalizante que pondría en peligro la unidad nacional. Y lo más grave: todo esto se haría sin pasar por las urnas. Se hace desde despachos oscuros, desde encuentros sin luz ni taquígrafos entre enviados socialistas como Santos Cerdán y líderes que aún justifican o minimizan décadas de asesinatos.
Negociaciones en la sombra: Antxon Alonso y el canal con el PSOE
Otegi ha confirmado públicamente que Antxon Alonso, otro veterano del entorno abertzale, fue quien le presentó a Santos Cerdán, hombre de confianza de Sánchez y actual secretario de Organización del PSOE. Esta revelación desmonta el discurso de quienes desde el Gobierno niegan contactos directos o minimizan el grado de connivencia con Bildu. No solo existen esos canales: están activos y en pleno funcionamiento.
No se trata ya de obtener votos para una investidura. Se trata de mantener la legislatura viva. A cambio, Bildu quiere más: una redefinición del Estado, amnistías simbólicas y reales, impunidad narrativa para los verdugos y poder institucional para quienes nunca han condenado sus crímenes.
Una deriva inadmisible: Bildu en las instituciones sin ruptura con el pasado
EH Bildu sigue sin condenar de forma expresa y rotunda la historia criminal de ETA. Sus homenajes a presos y líderes terroristas no son anecdóticos: forman parte de su identidad política. No hay ruptura con el pasado, solo una relectura manipulada del mismo. No hay autocrítica, solo revisionismo. Y mientras tanto, Sánchez necesita cada uno de sus votos.
La política de apaciguamiento con Bildu no es nueva, pero ha alcanzado cotas insólitas en los últimos meses. Conceder protagonismo institucional a quienes justifican la violencia no es solo una imprudencia: es una traición a la memoria de las víctimas, al pacto constitucional y al espíritu democrático de la Transición.
¿Quién frena esta deriva?
Las instituciones callan. El PSOE guarda silencio. Y buena parte de los medios generalistas, con honrosas excepciones, optan por la equidistancia o la justificación. Todo en nombre de la gobernabilidad. Pero ¿a qué precio? ¿Qué legitimidad puede conservar un gobierno que se apoya en quienes homenajean a asesinos sin arrepentimiento?
Pedro Sánchez se presenta como adalid de la democracia, pero su hoja de ruta incluye ceder ante partidos que niegan la legitimidad del Estado. No hay en Europa occidental un solo caso comparable de un gobierno central que se sostenga gracias al respaldo de una formación que aún ensalza a terroristas.
El final de una línea roja
Sánchez ha cruzado una línea que muchos consideraban inviolable: la que separa la política legítima de la indignidad moral. Al seguir negociando con quienes no han pedido perdón, con quienes aún homenajean a etarras, con quienes ahora exigen un Estado plurinacional —es decir, la disolución del modelo constitucional vigente—, el presidente ha abandonado no solo la moderación, sino también el respeto a las bases de la democracia española.
Ya no es solo una cuestión de pactos o de mayorías. Es una cuestión de principios. Y cuando los principios se sacrifican en el altar del poder, lo que se erosiona no es solo un gobierno: es el propio Estado.
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