Si bien la investigación intentó incluir a Zapatero se cerró sin consecuencias legales para el exmandatario socialista, después de que apareciera muerto el principal testigo, Juan Carlos Márquez, un exdirectivo de PDVSA, a dos días de anunciar que iba «contar todo lo que sabía»
Corrupción05 de julio de 2025
Impacto España Noticias
Poco a poco pero con contundencia, las evidencias de los negocios entre el gobierno socialista que lideró José Luis Rodríguez Zapatero en España con el régimen chavista de Venezuela llegan a manos de la justicia.
En una nueva etapa, el exviceministro de Energía de Miraflores, Javier Alvarado, entregó documentos que revelarían el entramado que junto a Nicolás Maduro, antes de su acenso al poder como presidente, orquestaron ambas administraciones para impulsar proyectos valorados en 1500 millones de euros.
Ante la Sección Primera de la Sala de lo Penal de Madrid arribó un expediente, donde el también exdirector de la Corporación Eléctrica de Caracas constata la asignación de un proyecto a la empresa española Duro Felguera, que contemplaría la construcción de una central de ciclo combinado —Termocentro— para combatir los apagones que en 2008 comenzaban a registrarse en la nación caribeña.
Según los documentos sobre los negocios de Zapatero, esta elección de la compañía se efectuó bajo la denominación de “urgencia de Estado, con luz verde desde arriba”, los reportes divulgados. En las firmas del contrato figuran el expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Rafael Ramírez, quien acordó la designación con Miguel Ángel Moratinos, exministro de Exteriores bajo el segundo mandato de Zapatero.
«No se trató de una licitación abierta y pública», recalca Alvarado en su escrito de acusación. «Fue una adjudicación directa. Los directivos acusados no tenían ni capacidad ni jerarquía para imponer tal decisión».
Triángulo a puerta cerrada
Detrás del proceso de los negocios de Zapatero hay pasos turbios, entre ellos, que se gestó lejos de la evaluación de parámetros técnicos y competitivos. De hecho, Javier Alvarado asegura que “no hubo licitación pública, ni oferta abierta a otras compañías, sin alternativa ni transparencia, decidida desde las más altas instancias políticas”.
Con esta maniobra, Zapatero apoyó el levantamiento de la termoeléctrica El Sitio, en el sector Santa Lucía del estado Miranda, cuyas operaciones hoy son mínimas.
De acuerdo con el testimonio de Alvarado, existió un trato previo entre Moratinos y Nicolás Maduro, quien para entonces fungía como canciller, con el fin de concretar la firma del proyecto el 24 de octubre de 2008.
El aterrizaje de Zapatero en Venezuela en 2005, así como del entonces presidente venezolano Hugo Chávez, en 2008 en Madrid, cimentó las bases para el desembolso de los fondos que se estipuló el 29 de mayo de 2009 por orden de Ramírez.
A puerta cerrada, en el Palacio de La Moncloa y en el Palacio de Miraflores el negocio se concretó. Fuentes alegan que «resulta poco creíble que Zapatero haya intermediado durante dos décadas simplemente por altruismo. Menos aún cuando hay exministros con patrimonios difícilmente justificables». Se refieren a José Bono, exministro de Defensa de Zapatero, cuya fortuna luego de su retiro de la política genera dudas.
Zapatero sigue quedando impune
La presentación de los documentos hecha por Alvarado reviven el caso Morodo, que involucra al exembajador de Zapatero en Caracas, Raúl Morodo, quien terminó condenado a diez meses de prisión por ocultar beneficios de origen opaco provenientes de PDVSA.
Si bien la investigación intentó incluir a Zapatero se cerró sin consecuencias legales para el exmandatario socialista, después de que apareciera muerto el principal testigo, Juan Carlos Márquez, un exdirectivo de PDVSA, a dos días de anunciar que iba «contar todo lo que sabía» sobre los sobornos de PDVSA y el exembajador de Zapatero, Raúl Morodo.
Ahora bien, el destino del exmandatario español podría cambiar con esa causa que juzgará a la empresa asturiana Duro Felguera, acusada de pagar sobornos millonarios en Venezuela a cambio de contratos. El mismo escenario ocurre con Javier Alvarado, quien forma parte de varios procedimientos judiciales por actos de corrupción por enriquecimiento ilícito en España, Estados Unidos y Andorra.
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