Impacto España Noticias
Navarra se enfrenta a uno de los casos más delicados y complejos de su administración reciente. El Gobierno presidido por María Chivite (PSOE) adjudicó en diciembre de 2023 su mayor contrato de obra pública, valorado en 76 millones de euros, a una Unión Temporal de Empresas (UTE) en la que participaba Servinabar 2000 SL, una compañía que en ese momento ya figuraba en la lista negra del Registro Mercantil por graves incumplimientos contables.
Una adjudicación millonaria con advertencias previas
El contrato en cuestión, correspondiente a la duplicación de los túneles de Belate, fue adjudicado por la Mesa de Contratación del Departamento de Cohesión Territorial el 26 de diciembre de 2023 a una UTE integrada por Acciona, Excavaciones Ollés y la empresa navarra Servinabar 2000 SL. La decisión fue ratificada y anunciada públicamente por el consejero del ramo, Óscar Chivite —tío de la presidenta— el 15 de enero de 2024.
Lo insólito es que Servinabar ya se encontraba en una situación de incumplimiento legal evidente: no había presentado sus cuentas anuales del ejercicio 2022, lo que constituye una infracción grave según la Ley de Sociedades de Capital. Este hecho provocó el cierre de su hoja registral por parte del Registro Mercantil de Navarra el 1 de enero de 2024, es decir, dos semanas antes del anuncio oficial de la adjudicación.
Ese cierre implica que la empresa no podía inscribir ningún documento, salvo excepciones muy limitadas, como el cese de administradores o la disolución. A pesar de ello, la Administración foral siguió adelante con el contrato sin que se revisara ni la idoneidad técnica ni la legalidad mercantil de la adjudicataria.
La advertencia interna: votos en contra y sospechas de predeterminación
Este contrato no solo arrastra el lastre del incumplimiento registral. Según la documentación oficial, la adjudicación fue objeto de rechazo interno dentro de la propia Mesa de Contratación. Tanto el interventor como el secretario de la mesa votaron en contra y dejaron constancia de irregularidades en el proceso, advirtiendo que la oferta parecía predeterminada para favorecer a la UTE ganadora.
Lejos de provocar una revisión del procedimiento, la adjudicación se formalizó sin modificaciones, consolidando lo que fuentes jurídicas califican como un proceso viciado desde su origen.
Una empresa opaca y sin cuentas desde hace años
El historial mercantil de Servinabar 2000 SL muestra que su comportamiento irregular no es nuevo. Según consta en el Registro Mercantil, desde el 28 de enero de 2020 no ha habido inscripciones relevantes. Ese año, la empresa cambió su objeto social para convertirse en constructora tras una reunión entre el Ministerio de Transportes y el Gobierno navarro, en la que participó Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, y donde se garantizó el apoyo estatal a las obras de Belate.
Desde entonces, la empresa ha operado sin depositar sus cuentas anuales, una falta que conlleva consecuencias legales importantes. El cierre de hoja fue formalizado por el Registro tras el vencimiento del plazo legal en 2023, y su estado sigue sin regularizar hasta la fecha.
El vínculo oculto con el PSOE: Cerdán, Antxón Alonso y el documento de 2016
En el centro del escándalo aparece el nombre de Santos Cerdán, una de las figuras más influyentes del PSOE en la última década. Aunque oficialmente no figura como socio ni administrador de Servinabar, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha aportado a la justicia un documento privado de 2016 por el que Antxón Alonso, administrador único de la empresa, le habría vendido un 45% de las acciones.
El propio Cerdán ha reconocido la existencia del acuerdo ante el juez Leopoldo Puente, aunque matizó que se arrepintió pocos días después y pidió destruir el documento. Sin embargo, Antxón no habría accedido. Según la UCO, Cerdán mantiene el control efectivo de la sociedad, como prueban conversaciones grabadas con Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos.
El hecho de que Cerdán no figure formalmente como socio es legalmente posible en España, donde la legislación permite acuerdos privados no inscritos, una situación de opacidad que ha sido criticada por el Consejo de Estado y el Tribunal Supremo, y que debilita la transparencia societaria.
Segunda adjudicación pese al cierre registral
A pesar de estar inhabilitada para inscribir operaciones, Servinabar obtuvo el 10 de junio de 2025 otra adjudicación pública, esta vez para el suministro de cortinas exteriores en viviendas de protección oficial en Navarra. Esta nueva contratación reabre el debate sobre los mecanismos de control en la contratación pública y la responsabilidad de los altos cargos que avalan dichas adjudicaciones.
La conexión política con Bildu
Uno de los elementos más reveladores del caso es la declaración del líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, quien ha reconocido que fue Antxón Alonso, socio de Cerdán, quien lo puso en contacto con el PSOE años antes de la moción de censura de 2018 que llevó a Pedro Sánchez al poder. Este dato refuerza la tesis de que Servinabar ha sido una pieza política de engranaje, no sólo una empresa constructora.
¿Corrupción sistémica o anomalía puntual?
El caso Servinabar pone en cuestión la legalidad, la ética y la transparencia en las adjudicaciones públicas en Navarra. El Gobierno de María Chivite enfrenta serias dudas sobre su vigilancia administrativa y su voluntad de controlar el cumplimiento normativo en los contratos públicos.
Además, el caso abre un nuevo frente judicial para el PSOE, ya tocado por el caso Koldo y otras causas en marcha. A la espera de la declaración del administrador de Servinabar la próxima semana, y de la evolución de las diligencias en el Tribunal Supremo, lo cierto es que la sombra del clientelismo político vuelve a oscurecer la gestión de fondos públicos en uno de los contratos más importantes de Navarra en los últimos años.
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